La mañana de este miécoles se realizan varios operativos coordinados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para continuar con la investigación de un contrato que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) realizó con la droguería Pisa, firmado para atender a enfermos renales, pero no se realizó de forma correcta y provocó la muerte de 15 pacientes.

imageLas autoridades reportan la detención de 15 personas y destacan la de Otto Molina Stalling, hijo de la actual presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien en 2014 fungía como subgerente financiero del Seguro Social. Según la información, a Stalling se le sindican los delitos de asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.

Las otras personas detenidas son Herbert Rodolfo García-
Granados Reyes; Edgar René de la Peña Archila; Ramiro Armando Lorenzana; Arturo Adolfo Castellanos; Doris Eluvia González Salazar; Mayra Lisbeth Gómez; Alba Maritza Maldonado; Delia Castañón Guerra; Carmen Yadira Gil;  Julia Amparo Lotan; Max Erwin Quirin; Erwin Raúl Castañeda; Julio Roberto Suárez y Jesús Arnulfo Oliva. Los delitos que se les sindica son asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y fraude.

Las autoridades también informaron que se mantiene vigente una orden de captura contra el actual presidente de Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien al principio se mencionó se había dado a la fuga. No obstante, según el MP se logró su captura en un hospital de la zona 13 capitalina. A Rodríguez se le sindica de fraude y sobre el caso ampliarán la información en una conferencia de prensa programada para medio día.

Contrato Pisa, 95 pacientes infectados y 11 fallecidos

Fue hasta que familiares de los enfermos renales empezaron las denuncias y llegaron al MP que se puso atención a estos pacientes. De tal manera que, debido a que la empresa no cumplió con educar de forma adecuada a los pacientes renales, la Junta Directiva del IGSS decidió cancelar el contrato con la droguería Pisa el pasado 15 de mayo.

Los pacientes que requieren el servicio de diálisis peritoneal fueron referidos de nuevo a la empresa Baxter, que durante seis años prestó el servicio al Seguro Social.

Sin embargo, desde que la droguería Pisa empezó a dar el tratamiento se contabilizaron 95 pacientes infectados y 11 fallecidos. La Procuraduría de los Derechos Humanos emitió una resolución en la que señala al IGSS de violar los derechos humanos a la vida y salud de los afiliados por considerar que la empresa Pisa no tiene la capacidad de brindar un servicio adecuado.

Un grupo de pacientes renales afiliados al IGSS que estaban siendo afectados en su salud, de forma conjunta, plantearon una denuncia al Ministerio Público en contra del IGSS y la Droguería Pisa y se les ligó los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.