Usualmente, el partido político que más invierte durante la campaña electoral (y anticipada) es el que llega al poder. Logra mantenerse de una forma u otra en el imaginario del guatemalteco. Además, indentificándose con parte de la población (mientras busca su voto) u ofrediéndole regalos, logra llegar al poder.

Pero la alta inversión en campaña también requiere retribuciones a quienes la financiaron. Analistas coinciden que mientras más gastan los partidos en promocionarse, más compromisos adquieren con sus financistas y esto (muchas veces) se convierte en corrupción.

El techo presupuestario para este año es de Q58.2 millones por partido político, sin embargo, las agrupaciones partidistas que han llegado a segunda vuelta, según datos de Acción Ciudadana, han gastado más de Q100 millones; esto tomando en cuenta que este año ha sido mayor el número de empadronados.

Durante la campaña antepasada (2007), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que llevó a la Presidencia a Álvaro Colom gastó Q124.1 millones y el segundo lugar, el Partido Patriota (PP) invirtió Q 117.2 millones. Por otro lado, en el pasado proceso (2011), el PP utilizó en campaña Q215 millones y Libertad Democrática Renovada (Lider) Q 141.4 millones.

De acuerdo con el politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) “hay una relación directa entre el financiamiento privado”, el cual condiciona a los políticos. “Al momento de ejercer, estos esperan que los beneficien con diferentes medidas”, explica Sanabria.

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Con esto coincide Marvin Flores, de Acción Ciudadana, pues considera que al llegar al poder, quien fue electo, debe responder “a los intereses de sus financistas, antes que a quienes votaron por ellos y por la agenda de trabajo que pudieron haber propuesto”.

Y este problema no es algo fácil de evitar. Aunque existen diferentes formas para que los partidos políticos puedan financiarse, ya sea a través de fondos públicos o donaciones hechas por sus mismos afiliados, pero esto no es algo común en Guatemala. Y la transparencia tampoco parece estar dentro de los intereses de estas agrupaciones.

Al respecto, Sanabria dice que es necesario un modelo de financiamiento que “debería, en primera instancia, generar un sistema que permita mayor fsicalización, no solo de origen y del monto”. Con esto, expresa, se fortalecería el proceso electoral.

El mayor problema que existe en este caso, es que la corrupción llega a darse, muchas veces, porque los partidos políticos deben saldar sus deudas de múltiples formas. Entre beneficios con contratos o pagos con puesto dentro del Gobierno.

Se requieren cambios, para que exista transparencia

Para Marvin Flores es necesario que existan cambios para que el financiamiento político no desemboque en corrupción o en otorgar privilegios a quienes están detrás de este. “Hay varias formas de hacerlo: primero sería limitar el periodo de campaña, reduciéndolo de cuatro meses a dos, como sucede en otros países. También se podría limitar y controlar de mejor manera el financiamiento privado, reduciendo los montos del mismo y privilegiando el público. Y una tercera opción sería que el TSE sea quien contrate y distribuya los tiempos en radio, prensa y televisión y otros medios (digitales y vallas), para que los partidos puedan competir en mejor igualdad de condiciones”.

POLITICA/TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

La soluciones planteadas por Flores, no obstante, pueden verse limitadas por el desinterés que existe por parte de las agrupaciones políticas. Aunque el Tribunal aún no ha lanzado el dato oficial de cuántas denuncias recibió por campaña anticipada, por ejemplo, durante la Semana Santa estas fueron más de 3 mil.

Por otro lado, Sanabria expresa que no son únicamente los partido grandes quienes venden su Gobierno a los financistas.

Aunque la corrupción no se encuentra únicamente en la devolución de favores de los financistas. Flores expresa: “La corrupción en los políticos cuando ejercen el poder también se debe a la apatía ciudadana ante esta, que se quebró ahora, cuando menos en las áreas urbanas”.

Mientras los partidos políticos no tengan la intención de presentar quiénes son sus financistas, será más fácil que estos sean luego beneficiados de diferentes formas. Además, las instituciones que deberían regular esto, tanto la Contraloría General de Cuentas como el Ministerio Público se encuentran completamente debilitadas ante esta situación. “Esyo ya sea porque están capturadas o porque son incapaces”, finaliza Flores.