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El Plan Económico que Guatemala necesita, ¿lo tiene su partido?

Redacción República
21 de mayo, 2015

Todos los partidos políticos que aspiran a gobernar este país deben presentar un plan de gobierno para ser considerado por los votantes. Sin embargo, a pesar de que ya empezó oficialmente la campaña electoral, la coyuntura nacional no ha permitido que la opinión pública se enfoque en estos temas.

Según Marvin Flores, de Acción Ciudadana, por el momento se sigue cayendo en la propaganda de cancioncitas y fotografías por doquier. “Cuando se estabilice la situación del país, es muy importante que los votantes empiecen a conocer las propuestas concretas de los partidos para así tomar una mejor decisión de voto”, opina.

Los ciudadanos deben esforzarse por conocer los planes de gobierno participando en foros y debates, deben preguntar todo lo que no les quede claro. “Ante los ofrecimientos evidentemente proselitistas (como impuesto único, pena de muerte, nuevos ministerios o entidades) debe preguntarse cómo van a llevarlos a cabo, con qué consecuencias y de dónde saldrán los fondos”, señala Flores.

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Una parte fundamental de los planes

Parte de las propuestas de los partidos, es lo que tienen previsto hacer en el campo económico. El economista Rodrigo Ponce señala que su importancia radica en que el Estado es el ente rector de la política económica del país. “Quien llegue al poder echará a andar sus planes económicos por medio de los ministerios de Economía, Finanzas y Agricultura, así como por medio del Banco de Guatemala. Debemos conocer con cuáles doctrinas lo hará”, opina.

Por otra parte, los partidos deben regirse en lo que dice la Constitución Política de Guatemala, en su capítulo 118. “Allí se habla de los Principios del Régimen Económico y Social que en nuestro país se basan en principios de justicia social”, explica Ponce.

Por mandato constitucional es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados.

Un plan de gobierno debe hacer cumplir con lo anterior y en su plan de gobierno debe especificar cómo lo va a lograr, en qué plazos y con qué recursos.

Todavía no hay planes finales

Tomando en cuenta la importancia de estas propuestas, Ricardo Barrientos informa que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) implementará una estrategia de acción e incidencia ciudadana para evaluar y calificar la oferta electoral.

“Como una de las primeras acciones se envió a los secretarios generales de los partidos políticos una carta para pedirles sus planes de gobierno”, informa Barrientos. Detalla que de los 28 agrupaciones políticas que están en la contienda, 5 de ellas ni siquiera tienen un domicilio a dónde escribirles, a pesar de que todas ellas ya tienen actividad proselitista, algunos aún desde antes de que fuera permitido.

El objetivo es iniciar el trabajo de estudio y análisis de las propuestas, y con ello medir los requerimientos e impactos fiscales del cumplimiento de la oferta electoral. “Hemos tenido solo respuesta de 3 agrupaciones, pero sin que envíen la información requerida”, señala.

Icefi estimará el costo fiscal del cumplimiento de las propuestas de los planes de gobierno. Además, harán un estudio comparativo de las diferentes propuestas de los partidos, para identificar las propuestas prioritarias, destacando las similitudes y las diferencias.

Conocer las propuestas a profundidad, y analizarlas, a criterio de Icefi es esencial para avanzar hacia un sistema electoral y de partidos políticos funcional y más transparente. Sin embargo, falta ver que los partidos políticos entreguen sus propuestas con tiempo y bien planteadas.

Incluso entidades como Icefi y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) ofrecen a los equipos técnicos de los partidos insumos, herramientas y asesoría para trabajar los planes de trabajo.

¿Cómo le fue al PP?

Una cosa son las propuestas y otras las acciones. Dentro del plan de gobierno del Partido Patriota (PP) presentado en 2011, que se echó a andar cuando tomaron posesión, se incluía un eje programático de desarrollo económico. Según decía el documento, su objetivo era promover un crecimiento con equidad y calidad de la economía guatemalteca. Un crecimiento sostenido y dinámico para ofrecer mayores oportunidades de empleo para la población desempleada y subempleada y para los jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo en los próximos años.

Luego de tres años de gobierno, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, indicó que en 2014 se crearon 174 mil plazas de empleo formal y la Inversión Extranjera Directa creció y llegó a US$1338.9 millones.

También en 2014, De la Torre dijo que la inflación fue la más baja en 20 años pues fue de 2.95%. Por otro lado, las exportaciones crecieron un 8% llegando casi a US$11 mil millones, las importaciones también subieron un 3.3%. En el tema de la infraestructura productiva, el ministro dijo que el mayor avance ha sido en la energía eléctrica que bajará los costos hasta en 15% en mayo de este año.

En cuanto al crecimiento del PIB, De la Torre dice que Guatemala se salió del ciclo mundial y tiene su propio patrón y en 2014 llegó a 4.2% en 2014.

Como se puede ver, los números de la macroeconomía no son malos, pero esto no resuelve las problemáticas del país. Según Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), hay muchos otros indicadores que no permiten avanzar. “Esto se ve reflejado en los rankings internacionales que califican también otros aspectos como los servicios básicos que debe ofrecer el Estado, así como la infraestructura. La competitividad de un país se mide por medio de muchos otros indicadores”, explica.

Un ejemplo de lo anterior es que recientemente en el Índice de Calidad Institucional 2015 Guatemala subió su puntuación ligeramente, por lo que escaló dos puestos en el ranking en comparación  con el año anterior. Esto se debe a que si bien mejoró en las instituciones económicas no lo hizo en las políticas.

En los planes de trabajo de los partidos, deben tomarse en cuenta además temas como la corrupción y el desorden en las Finanzas Públicas. “La reforma de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es un buen inicio para mejorar la recaudación y tener presupuestos financiados, pero ese apenas es un punto de partida”, señala Zapata.

Los principales ejes

Según explica Carlos Barreda, exviceministro de Finanzas y encargado del plan económico de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hacer estos planes lleva un proceso largo. “En nuestro caso, luego de hacer un borrador debe ser aprobado por varias instancias dentro del partido y finalmente por la candidata”, explica.

Para socializarlo, se hacen acercamientos con diferentes sectores (empresariales, académicos, sindicales, sociedad civil). “Además de darlo a conocer, hay intercambio de ideas”, señala Barreda.

El político y economista explica que se trabaja a partir de ejes y temas económicos más importantes, además se deben incluir metas y resultados. “Es un documento más bien de ‘grandes orientaciones’, no muy técnico ni muy largo”, señala.

Por ejemplo, en el caso del PP en 2011 los los ejes y acciones principales eran seguridad ciudadana; certeza jurídica; impulso a exportaciones no tradicionales; manejo del TLC-RD-CAUSA, estrategia nacional de turismo; infraestructura; financiamiento para la adquisición de vivienda; y capacitación para incrementar la productividad.

En el caso de la UNE, en las elecciones pasadas cuatro de los seis ejes del plan incluían temas económicos. Estos eran: más transparencia fiscal para regular los ejercicios de rendición de cuentas; más presencia global que buscaba dinamizar los de tratados de libre comercio con Estados Unidos y México; más desarrollo que incluía ofertas de trabajo para jóvenes, mayores de 40 años y madres solteras; y más solidaridad que buscaba institucionalizar los programas sociales y la creación de microcréditos.

El partido Lider en 2011 presentó un plan de gobierno con “cinco pilares para el cambio”, uno de ellos era el de desarrollo económico-social. Estaba compuesto por cinco componentes que eran política que propicie la estabilidad macroeconómica; incorporación de las áreas rurales al proceso de crecimiento económico; crecimiento económico nacional; fomento y apoyo a las exportaciones; y atracción de inversiones.

En opinión de Zapata, se debe verificar que los planes económicos también contemplen la continuidad de programas y planes que ya están iniciados y que son de beneficio para el país.

De igual manera, De la Torre señaló que espera que se siga con la misma agenda. “Hay cuatro grandes posicionamientos transversales a perseguir: ser un centro logístico mesoamericano, también un destino turístico internacional, un centro energético mesoamericano y una plataforma exportadora de bienes y servicios”, detalló.

Temas que se traslapan

Pero hay temas que no son precisamente económicos, algunos son sociales, o de seguridad o de legislación. Por ejemplo, el ministro De la Torre dijo que para darle continuidad a los proyectos y programas ya arrancados, se debe trabajar en impulsar numerosas iniciativas de ley. Mencionó que las leyes que están en redacción son las reformas al código de comercio; ley de insolvencias; de titularización;  y la ley de competencia. Con dictamen favorable están la ley de inversión; reformas al código de trabajo; y ley garantías mobiliarias.

Otras pendientes de dictamen son la del arrendamiento financiero; la de microfinanzas; de inclusión laboral o trabajo por hora; de estabilidad jurídica; certeza en los contratos con el estado; factoraje; y  garantías recíprocas. Las que están pendientes de ingresar al Congreso son  ley mercado de valores, código procesal jurídico mercantil para mejorar las resoluciones.

Un tema relacionado que provocará debates es el de la conocida como Ley de inversión y empleo. Algunos lo rechazan, como la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), y otros la apoyan como la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

Es de apuntar que la iniciativa 4948, presentada este año por la bancada del partido Lider como Ley de condiciones económicas para fomentar el empleo con fines electorales, se ofrece como la solución novedosa a una problemática a la que se le ha buscado solución desde hace años.

En opinión de Jorge Briz, presidente del CACIF, esta propuesta es igual a la iniciativa 4644, Ley de promoción de inversiones y empleo, y a la 4894 Ley de fomento de empleo. Denunció que solo la copiaron y le pusieron otro nombre, también muy parecido. Las dos iniciativas anteriores han tenido muchos cambios y enmiendas porque no han sido pocos los que las han objetado.

Aunque se cree que una ley como esa es necesaria, según el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, se debe lograr un acuerdo y aprobar una que sea la mejor para el país. “No consideramos correcto que el tema se politice, debe discutirse con seriedad pensando en el beneficio del país”, señala. “Tampoco estamos a favor de que luego de tantos años de discusión y esfuerzos vengan personas a querer apropiarse de una propuesta ya trabajada para usarlo como tema electoral”, concluye.

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21 de mayo, 2015

Todos los partidos políticos que aspiran a gobernar este país deben presentar un plan de gobierno para ser considerado por los votantes. Sin embargo, a pesar de que ya empezó oficialmente la campaña electoral, la coyuntura nacional no ha permitido que la opinión pública se enfoque en estos temas.

Según Marvin Flores, de Acción Ciudadana, por el momento se sigue cayendo en la propaganda de cancioncitas y fotografías por doquier. “Cuando se estabilice la situación del país, es muy importante que los votantes empiecen a conocer las propuestas concretas de los partidos para así tomar una mejor decisión de voto”, opina.

Los ciudadanos deben esforzarse por conocer los planes de gobierno participando en foros y debates, deben preguntar todo lo que no les quede claro. “Ante los ofrecimientos evidentemente proselitistas (como impuesto único, pena de muerte, nuevos ministerios o entidades) debe preguntarse cómo van a llevarlos a cabo, con qué consecuencias y de dónde saldrán los fondos”, señala Flores.

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Una parte fundamental de los planes

Parte de las propuestas de los partidos, es lo que tienen previsto hacer en el campo económico. El economista Rodrigo Ponce señala que su importancia radica en que el Estado es el ente rector de la política económica del país. “Quien llegue al poder echará a andar sus planes económicos por medio de los ministerios de Economía, Finanzas y Agricultura, así como por medio del Banco de Guatemala. Debemos conocer con cuáles doctrinas lo hará”, opina.

Por otra parte, los partidos deben regirse en lo que dice la Constitución Política de Guatemala, en su capítulo 118. “Allí se habla de los Principios del Régimen Económico y Social que en nuestro país se basan en principios de justicia social”, explica Ponce.

Por mandato constitucional es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados.

Un plan de gobierno debe hacer cumplir con lo anterior y en su plan de gobierno debe especificar cómo lo va a lograr, en qué plazos y con qué recursos.

Todavía no hay planes finales

Tomando en cuenta la importancia de estas propuestas, Ricardo Barrientos informa que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) implementará una estrategia de acción e incidencia ciudadana para evaluar y calificar la oferta electoral.

“Como una de las primeras acciones se envió a los secretarios generales de los partidos políticos una carta para pedirles sus planes de gobierno”, informa Barrientos. Detalla que de los 28 agrupaciones políticas que están en la contienda, 5 de ellas ni siquiera tienen un domicilio a dónde escribirles, a pesar de que todas ellas ya tienen actividad proselitista, algunos aún desde antes de que fuera permitido.

El objetivo es iniciar el trabajo de estudio y análisis de las propuestas, y con ello medir los requerimientos e impactos fiscales del cumplimiento de la oferta electoral. “Hemos tenido solo respuesta de 3 agrupaciones, pero sin que envíen la información requerida”, señala.

Icefi estimará el costo fiscal del cumplimiento de las propuestas de los planes de gobierno. Además, harán un estudio comparativo de las diferentes propuestas de los partidos, para identificar las propuestas prioritarias, destacando las similitudes y las diferencias.

Conocer las propuestas a profundidad, y analizarlas, a criterio de Icefi es esencial para avanzar hacia un sistema electoral y de partidos políticos funcional y más transparente. Sin embargo, falta ver que los partidos políticos entreguen sus propuestas con tiempo y bien planteadas.

Incluso entidades como Icefi y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) ofrecen a los equipos técnicos de los partidos insumos, herramientas y asesoría para trabajar los planes de trabajo.

¿Cómo le fue al PP?

Una cosa son las propuestas y otras las acciones. Dentro del plan de gobierno del Partido Patriota (PP) presentado en 2011, que se echó a andar cuando tomaron posesión, se incluía un eje programático de desarrollo económico. Según decía el documento, su objetivo era promover un crecimiento con equidad y calidad de la economía guatemalteca. Un crecimiento sostenido y dinámico para ofrecer mayores oportunidades de empleo para la población desempleada y subempleada y para los jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo en los próximos años.

Luego de tres años de gobierno, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, indicó que en 2014 se crearon 174 mil plazas de empleo formal y la Inversión Extranjera Directa creció y llegó a US$1338.9 millones.

También en 2014, De la Torre dijo que la inflación fue la más baja en 20 años pues fue de 2.95%. Por otro lado, las exportaciones crecieron un 8% llegando casi a US$11 mil millones, las importaciones también subieron un 3.3%. En el tema de la infraestructura productiva, el ministro dijo que el mayor avance ha sido en la energía eléctrica que bajará los costos hasta en 15% en mayo de este año.

En cuanto al crecimiento del PIB, De la Torre dice que Guatemala se salió del ciclo mundial y tiene su propio patrón y en 2014 llegó a 4.2% en 2014.

Como se puede ver, los números de la macroeconomía no son malos, pero esto no resuelve las problemáticas del país. Según Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), hay muchos otros indicadores que no permiten avanzar. “Esto se ve reflejado en los rankings internacionales que califican también otros aspectos como los servicios básicos que debe ofrecer el Estado, así como la infraestructura. La competitividad de un país se mide por medio de muchos otros indicadores”, explica.

Un ejemplo de lo anterior es que recientemente en el Índice de Calidad Institucional 2015 Guatemala subió su puntuación ligeramente, por lo que escaló dos puestos en el ranking en comparación  con el año anterior. Esto se debe a que si bien mejoró en las instituciones económicas no lo hizo en las políticas.

En los planes de trabajo de los partidos, deben tomarse en cuenta además temas como la corrupción y el desorden en las Finanzas Públicas. “La reforma de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es un buen inicio para mejorar la recaudación y tener presupuestos financiados, pero ese apenas es un punto de partida”, señala Zapata.

Los principales ejes

Según explica Carlos Barreda, exviceministro de Finanzas y encargado del plan económico de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hacer estos planes lleva un proceso largo. “En nuestro caso, luego de hacer un borrador debe ser aprobado por varias instancias dentro del partido y finalmente por la candidata”, explica.

Para socializarlo, se hacen acercamientos con diferentes sectores (empresariales, académicos, sindicales, sociedad civil). “Además de darlo a conocer, hay intercambio de ideas”, señala Barreda.

El político y economista explica que se trabaja a partir de ejes y temas económicos más importantes, además se deben incluir metas y resultados. “Es un documento más bien de ‘grandes orientaciones’, no muy técnico ni muy largo”, señala.

Por ejemplo, en el caso del PP en 2011 los los ejes y acciones principales eran seguridad ciudadana; certeza jurídica; impulso a exportaciones no tradicionales; manejo del TLC-RD-CAUSA, estrategia nacional de turismo; infraestructura; financiamiento para la adquisición de vivienda; y capacitación para incrementar la productividad.

En el caso de la UNE, en las elecciones pasadas cuatro de los seis ejes del plan incluían temas económicos. Estos eran: más transparencia fiscal para regular los ejercicios de rendición de cuentas; más presencia global que buscaba dinamizar los de tratados de libre comercio con Estados Unidos y México; más desarrollo que incluía ofertas de trabajo para jóvenes, mayores de 40 años y madres solteras; y más solidaridad que buscaba institucionalizar los programas sociales y la creación de microcréditos.

El partido Lider en 2011 presentó un plan de gobierno con “cinco pilares para el cambio”, uno de ellos era el de desarrollo económico-social. Estaba compuesto por cinco componentes que eran política que propicie la estabilidad macroeconómica; incorporación de las áreas rurales al proceso de crecimiento económico; crecimiento económico nacional; fomento y apoyo a las exportaciones; y atracción de inversiones.

En opinión de Zapata, se debe verificar que los planes económicos también contemplen la continuidad de programas y planes que ya están iniciados y que son de beneficio para el país.

De igual manera, De la Torre señaló que espera que se siga con la misma agenda. “Hay cuatro grandes posicionamientos transversales a perseguir: ser un centro logístico mesoamericano, también un destino turístico internacional, un centro energético mesoamericano y una plataforma exportadora de bienes y servicios”, detalló.

Temas que se traslapan

Pero hay temas que no son precisamente económicos, algunos son sociales, o de seguridad o de legislación. Por ejemplo, el ministro De la Torre dijo que para darle continuidad a los proyectos y programas ya arrancados, se debe trabajar en impulsar numerosas iniciativas de ley. Mencionó que las leyes que están en redacción son las reformas al código de comercio; ley de insolvencias; de titularización;  y la ley de competencia. Con dictamen favorable están la ley de inversión; reformas al código de trabajo; y ley garantías mobiliarias.

Otras pendientes de dictamen son la del arrendamiento financiero; la de microfinanzas; de inclusión laboral o trabajo por hora; de estabilidad jurídica; certeza en los contratos con el estado; factoraje; y  garantías recíprocas. Las que están pendientes de ingresar al Congreso son  ley mercado de valores, código procesal jurídico mercantil para mejorar las resoluciones.

Un tema relacionado que provocará debates es el de la conocida como Ley de inversión y empleo. Algunos lo rechazan, como la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), y otros la apoyan como la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

Es de apuntar que la iniciativa 4948, presentada este año por la bancada del partido Lider como Ley de condiciones económicas para fomentar el empleo con fines electorales, se ofrece como la solución novedosa a una problemática a la que se le ha buscado solución desde hace años.

En opinión de Jorge Briz, presidente del CACIF, esta propuesta es igual a la iniciativa 4644, Ley de promoción de inversiones y empleo, y a la 4894 Ley de fomento de empleo. Denunció que solo la copiaron y le pusieron otro nombre, también muy parecido. Las dos iniciativas anteriores han tenido muchos cambios y enmiendas porque no han sido pocos los que las han objetado.

Aunque se cree que una ley como esa es necesaria, según el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, se debe lograr un acuerdo y aprobar una que sea la mejor para el país. “No consideramos correcto que el tema se politice, debe discutirse con seriedad pensando en el beneficio del país”, señala. “Tampoco estamos a favor de que luego de tantos años de discusión y esfuerzos vengan personas a querer apropiarse de una propuesta ya trabajada para usarlo como tema electoral”, concluye.