La muerte de 17 pacientes supuestamente a causa de la contratación de un servicio deficiente para atender a enfermos renales del IGSS y que ha provocado indignación en la población, parce ser normal para Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Seguro Social. Este fue uno de los argumentos que Rodríguez utilizó para su defensa en la audiencia de primera declaración del caso IGSS-PISA.

Según el presidente del Seguro Social, “es normal que las personas mueran por insuficiencia renal” e incluso aseguró que al mensualmente mueren entre 10 y 16 pacientes renales en la institución. “Con los enfermos renales no se puede hacer más que alargarles la vida”, dice.

De acuerdo con la declaración de Rodríguez, el adjuntar el contrato de licitación no era su responsabilidad, ya que en la Junta Directiva “no tenemos responsabilidad administrativa”. Además, refiere que “La Junta Directiva no hace negociaciones con nadie”, por lo que arremetió contra del Ministerio Público y afirmó que el ente investigador “no sabe cómo funciona el sistema del IGSS”.

El exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina indicó que “la Junta Directiva está conformada por personas probas y no ha derogado ningún pago a empresa PISA”. Estas declaraciones son contrarias a lo dicho por el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien indicó que en las escuchas telefónicas se evidencia que del total de los Q116 millones, “presuntamente se cobró a PISA entre el 15 y 16 por ciento de comisión por el otorgamiento del contrato”.

Velásquez también dijo a los medios que “se encontró prueba documental de que los miembros de la Junta Directiva del IGSS pudieron incurrir en el delito de fraude, pues de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2014, por unanimidad avaló lo actuado por la Junta de Licitación, que adjudicó el contrato 3381625 a la droguería PISA”.

Rodríguez enfatizo en su declaración: “La función del presidente del IGSS es la dirección y no administración de esa entidad”, por lo que se declaró “inocente”.