Falta de transparencia y rendición de cuentas, contrataciones sobrevaloradas y dudas en las adjudicaciones, son algunas de las características de estos ocho contratos suscritos durante la administación de las presentes autoridades del Ejecutivo, que no recibieron el aval de la actual administración de la Contraloría General de Cuentas.
Dos contratos del IGSS
Para iniciar, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tenían prevista la construcción de la Ciudad de la Salud con inversión prevista es de Q3,500 millones para construir un complejo con cuatro hospitales: pediatría, gineco-obstetricia; médico-quirúrgico y uno de oncología y trasplante en las cercanías del Centro Universitario Metropolitano.
El proyecto fue avalado por las anteriores autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), dirigida por Nora Segura, pero el 6 de marzo de este año se revirtió la opinión favorable vertida hacia ese proyecto. Resulta que buscaban implementar la modalidad “llave en mano” (una empresa diseña, planifica, construya, supervise y equipa) en la construcción de dicho centro hospitalario, pero esto no está incluido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Carlos Mencos, contralor general, también informó que desde el 4 de mayo, mandaron un oficio al Gerente del IGSS, para decirle que se debía rescindir el contrato suscrito por esa entidad con la Droguería Pisa Guatemala, para aplicar diálisis a pacientes renales.
“Se envió un oficio al IGSS pidiendo que se suspendiera el proyecto. Se debió abortar de inmediato, pero las autoridades de ese instituto ya habían emitido opinión favorable”, describió el contralor quien ahora anunció que pretenden constituirse como querellantes adhesivos en la investigación que se sigue por la muerte de 17 personas, entre estas el periodista Armando Pirir, tras contraer una infección que no se pudo revertir.
Dos contratos de Aeronáutica Civil
Otros hallazgos se reportan desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), intervenida por el presidente Otto Pérez Molina y bajo el control total la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En ese caso se suscribió un contrato para el arrendamiento de parqueos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que fue lesivo para el Estado de Guatmelaa, según la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas.
Al respecto, Mencos detalló que ya enviaron la opinión respectiva a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que proceda a declarar la lesividad correspondiente.
El presidente Otto Pérez Molina informó que “hay varios contratos que están siendo revisados y esos contratos incluyen contrato que fue dado a una empresa en el estacionamiento del Aeropuerto. La PGN tomó cartas en el asunto”. Agregó que la empresa apeló esa decisión pero el Ministerio de Comunicaciones rechazó dicha impugnación.
“Esperaría que la DGAC tome control del estacionamiento”, refirió Pérez en declaraciones vertidas este martes y por el momento se espera que la Secretaría General de la Presidencia emita el acuerdo gubernativo respectivo en consejo de ministros para declarar la respectiva lesividad.
La DGAC también está bajo el ojo del huracán, tras aprobar el proyecto “Construcción y operación de terminal de combustible de aviación adyacente al aeropuerto internacional la Aurora”, pero la CGC el 8 de mayo de 2015, entregó una nota de Auditoría en donde se indicó que debía inmediatamente, declarar nulidad de ese contrato administrativo.
Asimismo, hubo reparos y se solicitó que se prescindiera del evento respecto a la “Supervisión del proyecto construcción de edificio sala 13 Baktun en el Aeropuerto y la CGC informó el 12 de mayo de este año al Fondo Social de Solidaridad, de los hallazgos.
La fórmula del Lago
Uno de los casos que más desgastó a las autoridades, especialmente a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fue el contrato para el servicio de rehabilitación y manejo de la calidad de agua de la cuenta del lago de Amatitlán.
La CGC recomendó rescindir de ese contrato que tenía un costo de Q115 millones y este se dio por terminado ante la presión de medios de comunicación, sociedad civil, académicos y opositores. Asimismo, se detectaron hechos constitutivos de delito en la compra de 23 mil litros de producto orgánico no microbiológico para aplicar en el lago, lo cual motivó denuncias penales contra las autoridades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.
La Contraloría solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación para que se implemente una reparación digna “en virtud del daño emergente por la posible comisión del hecho delictivo. En este proyecto hubo una erogación de Q22.8 millones”, indica un boletín de esa entidad.
Otros casos, en Gobernación, Renap y la Federación de Tenis
En el Ministerio de Gobernación también hubo reparos. En uno de los casos, vinculado a la Dirección General de Migración relacionado al servicio técnico especializado para modernizar el registro y documentación del control migratorio, la CGC recomentó suspender definitivamente todas las actuaciones de dicho evento y anunciaron que de no obtener respuesta, iniciarán un proceso para declarar lesivo ese contrato.
En el Registro Nacional de las Personas (RENAP), se detectaron compras por Q1 millón en toner para impresoras y se recibieron cartuchos no originales y sobrevalorados, razón por la que procederán a presentar una denuncia penal, mientras que en la Federación Nacional de Tenis de Mesa, hubo compras por Q500 mil a empresas de los directivos de esa federación, por este caso también se anunciaron acciones judiciales.
.Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financiera (Cacif), manifestó durante una conferencia de prensa emitida el martes último, que se debía revisar los contratos para el servicio de modernización del registro y documentación del control migratorio, así como la adjudicación para la construcción y operación de la nueva terminal de combustibles en el Aeropuerto La Aurora.
El CACIF también pide dar seguimiento a los cuestionamientos respecto a la adquisición de líquidos para limpieza del lago de Amatitlán; las subastas de dos frecuencias radioeléctricas del Estado por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT); y las compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud Pública, entre otros.
Falta de transparencia y rendición de cuentas, contrataciones sobrevaloradas y dudas en las adjudicaciones, son algunas de las características de estos ocho contratos suscritos durante la administación de las presentes autoridades del Ejecutivo, que no recibieron el aval de la actual administración de la Contraloría General de Cuentas.
Dos contratos del IGSS
Para iniciar, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tenían prevista la construcción de la Ciudad de la Salud con inversión prevista es de Q3,500 millones para construir un complejo con cuatro hospitales: pediatría, gineco-obstetricia; médico-quirúrgico y uno de oncología y trasplante en las cercanías del Centro Universitario Metropolitano.
El proyecto fue avalado por las anteriores autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), dirigida por Nora Segura, pero el 6 de marzo de este año se revirtió la opinión favorable vertida hacia ese proyecto. Resulta que buscaban implementar la modalidad “llave en mano” (una empresa diseña, planifica, construya, supervise y equipa) en la construcción de dicho centro hospitalario, pero esto no está incluido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Carlos Mencos, contralor general, también informó que desde el 4 de mayo, mandaron un oficio al Gerente del IGSS, para decirle que se debía rescindir el contrato suscrito por esa entidad con la Droguería Pisa Guatemala, para aplicar diálisis a pacientes renales.
“Se envió un oficio al IGSS pidiendo que se suspendiera el proyecto. Se debió abortar de inmediato, pero las autoridades de ese instituto ya habían emitido opinión favorable”, describió el contralor quien ahora anunció que pretenden constituirse como querellantes adhesivos en la investigación que se sigue por la muerte de 17 personas, entre estas el periodista Armando Pirir, tras contraer una infección que no se pudo revertir.
Dos contratos de Aeronáutica Civil
Otros hallazgos se reportan desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), intervenida por el presidente Otto Pérez Molina y bajo el control total la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En ese caso se suscribió un contrato para el arrendamiento de parqueos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que fue lesivo para el Estado de Guatmelaa, según la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas.
Al respecto, Mencos detalló que ya enviaron la opinión respectiva a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que proceda a declarar la lesividad correspondiente.
El presidente Otto Pérez Molina informó que “hay varios contratos que están siendo revisados y esos contratos incluyen contrato que fue dado a una empresa en el estacionamiento del Aeropuerto. La PGN tomó cartas en el asunto”. Agregó que la empresa apeló esa decisión pero el Ministerio de Comunicaciones rechazó dicha impugnación.
“Esperaría que la DGAC tome control del estacionamiento”, refirió Pérez en declaraciones vertidas este martes y por el momento se espera que la Secretaría General de la Presidencia emita el acuerdo gubernativo respectivo en consejo de ministros para declarar la respectiva lesividad.
La DGAC también está bajo el ojo del huracán, tras aprobar el proyecto “Construcción y operación de terminal de combustible de aviación adyacente al aeropuerto internacional la Aurora”, pero la CGC el 8 de mayo de 2015, entregó una nota de Auditoría en donde se indicó que debía inmediatamente, declarar nulidad de ese contrato administrativo.
Asimismo, hubo reparos y se solicitó que se prescindiera del evento respecto a la “Supervisión del proyecto construcción de edificio sala 13 Baktun en el Aeropuerto y la CGC informó el 12 de mayo de este año al Fondo Social de Solidaridad, de los hallazgos.
La fórmula del Lago
Uno de los casos que más desgastó a las autoridades, especialmente a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fue el contrato para el servicio de rehabilitación y manejo de la calidad de agua de la cuenta del lago de Amatitlán.
La CGC recomendó rescindir de ese contrato que tenía un costo de Q115 millones y este se dio por terminado ante la presión de medios de comunicación, sociedad civil, académicos y opositores. Asimismo, se detectaron hechos constitutivos de delito en la compra de 23 mil litros de producto orgánico no microbiológico para aplicar en el lago, lo cual motivó denuncias penales contra las autoridades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.
La Contraloría solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación para que se implemente una reparación digna “en virtud del daño emergente por la posible comisión del hecho delictivo. En este proyecto hubo una erogación de Q22.8 millones”, indica un boletín de esa entidad.
Otros casos, en Gobernación, Renap y la Federación de Tenis
En el Ministerio de Gobernación también hubo reparos. En uno de los casos, vinculado a la Dirección General de Migración relacionado al servicio técnico especializado para modernizar el registro y documentación del control migratorio, la CGC recomentó suspender definitivamente todas las actuaciones de dicho evento y anunciaron que de no obtener respuesta, iniciarán un proceso para declarar lesivo ese contrato.
En el Registro Nacional de las Personas (RENAP), se detectaron compras por Q1 millón en toner para impresoras y se recibieron cartuchos no originales y sobrevalorados, razón por la que procederán a presentar una denuncia penal, mientras que en la Federación Nacional de Tenis de Mesa, hubo compras por Q500 mil a empresas de los directivos de esa federación, por este caso también se anunciaron acciones judiciales.
.Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financiera (Cacif), manifestó durante una conferencia de prensa emitida el martes último, que se debía revisar los contratos para el servicio de modernización del registro y documentación del control migratorio, así como la adjudicación para la construcción y operación de la nueva terminal de combustibles en el Aeropuerto La Aurora.
El CACIF también pide dar seguimiento a los cuestionamientos respecto a la adquisición de líquidos para limpieza del lago de Amatitlán; las subastas de dos frecuencias radioeléctricas del Estado por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT); y las compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud Pública, entre otros.