Por: Cesar Cigüenza

En el marco de la indignación por los casos de corrupción, las peticiones de los distintos sectores de la sociedad y la presión internacional materializada en las denuncias promovidas por CICIG, pareciera que se hace sumamente oportuno plantear cambios al sistema político actual.

 

De hecho, tanto los grupos de ciudadanos, los asociaciones y entidades de la sociedad civil, la academia, los tanques de pensamiento, los sindicatos, los empresario, la iglesia etc. están encaminando sus propuestas y demandas a solicitar cambio profundos en una serie de leyes que permitan realizar una reforma institucional.

 

Una de las más mencionadas, tanto en las manifestaciones como en los comunicados, es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En este sentido es preciso que todos los sectores interesados, tengan la debida diligencia y la suficiente capacidad de estar alerta, para que no se realicen cambios que a la larga sean insuficientes, o en último caso contraproducentes.

 

Si bien el malestar por el estado actual del sistema democrático es compartido, debemos reconocer que el camino y ruta a seguir todavía no está consensuada dentro de la sociedad guatemalteca.

 

Además, se debe tener mucho cuidado en estar consiente de los procesos y formas que deben guardarse para una eventual reforma.

 

No se trata de ser conservador o tener miedo al cambio, se trata de que aquellos que solo esperan momentos de crisis para sacar mayor beneficios de parte del Estado, no tengan el control y que se logren cambios de verdadera utilidad.

 

Vale la pena recordar que durante la presente legislatura se promovió una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta propuesta, que ya está avanzada dentro del proceso legislativo, aunque tiene algunos aspectos positivo, no soluciona y aborda los problemas de fondo del sistema electoral.

 

Es decir, no debemos aceptar una propuesta que de fondo no tenga beneficios para los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que aunque el camino sea largo, se deben agotar los pasos necesarios para lograr una propuesta beneficiosa, pues lo importante son los objetivos de fondo, que pasan en gran medida, en el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por dar poder al elector y no separarlo de sus representante, como lo son los funcionarios.

 

 

En este río revuelto en el que se convertido el clima político nacional, no debemos dejar que nuevamente se haga maquillaje al mismo sistema y se venda como la solución de los problemas. Hay que luchar porque los cambios estructurales estén enfocados en beneficio común y no de algún sector determinado.

 

Claro está que llegar a consensos y acuerdos comunes es difícil, y que en el camino probablemente existirán circunstancias complejas de solucionar. Sin embargo, vale la pena que los guatemaltecos de bien, que no necesariamente pensamos igual en todos los aspectos, realicen un ejercicio serio y maduro que tienda a ordenar la situación actual y que permita el progreso del país.

 

No dejemos que, en río revuelto, exista una ganancia para algunos, que represente una perdida para Guatemala.