Este lunes el Ejecutivo dijo a los medios que la suspensión del impuesto a la telefonía en Guatemala generó pérdidas que equivalen a Q600 millones en el primer cuatrimestre del 2015. Sin mencionar el escándalo de corrupción por la defraudación aduanera cometida por La Línea, el presidente Otto Pérez Molina justificó nuevamente que en los primeros 4 meses de este año no se ha llegado a la meta fiscal por no poder cobrar ese impuesto suspendido por la Corte de Constitucionalidad.

El impuesto referido consistía en el cobro de Q5 quetzales por cada línea de teléfono asignada de telefonía fija o móvil. En el caso de centrales o líneas concentradoras de llamadas, el sujeto pasivo de este impuesto sería de Q100 quetzales.

Lo proyectado para recaudar en concepto de este impuesto es de Q1,344 según el Presupuesto de la Nación 2015. Pero al ser suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) esa cantidad no se recaudará se suma al agujero fiscal que para este año ya suma Q1,248 millones.

El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo en conferencia de prensa que este problema en la recaudación es el resultado de dicha resolución de la CC del pasado 29 de diciembre.

Con relación a la meta de recaudación de los primeros cuatro meses del presente año, el jefe del Ejecutivo señaló que se tuvo una baja de Q500 millones de quetzales. Anteriormente, la cartera de Finanzas ya había informado que la recaudación de enero a abril sumó Q17,443.2 millones, pero la meta que se había establecido era de Q18,691.6 millones.

Por esa razón se solicitó al ministro de Finanzas, Dorval Carías, que se impulsen mecanismos para lograr la meta del 2015. Este año el mandatario guatemalteco solicitó impulsar nuevos mecanismos para mejorar la recaudación, entre los que figuran nuevos controles para la fiscalización y las medidas para desestimular y combatir la evasión.

La meta de recaudación para el 2015 se proyecta en Q54 mil millones de quetzales para financiar gran parte del presupuesto.

Pérez no menciono en ningún momento a la corrupción como la causante de la falta de recursos del Estado. Esto a pesar de que las investigaciones del caso de defraudación aduanera sacado a luz por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan que lo defraudado podría ascender cientos de millones de quetzales.