Nuevamente en Guatemala sale a la luz otro caso de corrupción, ya conocido por muchos y denunciado en los medios de comunicación en varias ocasiones. Me refiero al caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- por la adjudicación “anómala” de un contrato por Q116 millones a la Droguería PISA para realizar el tratamiento de diálisis peritoneal en pacientes renales de este instituto.

 

Según las investigaciones, el asesor del IGSS Otto Fernando Molina Stalling –hijo de la magistrada Blanca Stalling, actual presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia- “negoció” la adjudicación del contrato con representantes de la droguería a cambio de una “comisión” entre el quince y dieciséis por ciento del monto del contrato.

 

Las investigaciones han revelado que los integrantes de la Junta Directiva del IGSS –JD IGSS- conformaron una Junta de Licitación y Adjudicación deficiente, sin aptitudes para la evaluación de dicha licitación y que además aprobaron por unanimidad la adjudicación a la Droguería Pisa. A pesar que ésta no tenía la capacidad en infraestructura ni en personal para cumplir con el contrato, por lo que había subcontratado los servicios de otra empresa médica.

 

Las detenciones de los presuntos implicados en este caso se dan en medio de denuncias por parte de los pacientes y familiares de quienes fallecieron después del cambio del proveedor del servicio. Cabe resaltar que cuando estas denuncias se intensificaron -a principios de año- ya habían muerto cuatro pacientes y que a la fecha ya suman más de quince fallecidos como consecuencia probable del mal servicio recibido en sus tratamientos.

 

Este caso nos indignó a muchos ya que nos puso en la cara -de la manera más cruda-, las consecuencias de la corrupción, de cómo se juega con la salud y hasta con la vida de los afiliados si hay “oportunidad” de robarse algo. Pudimos observar cómo el mismo presidente de la JD IGSS, Juan de Dios Rodríguez, se fue a refugiar a un hospital privado y no en uno del IGSS para tratar de evadir el ser apresado junto a sus compañeros.

 

Algunas personas hablaron del “afán de lucro” de Molina Stalling y Rodríguez, dijeron que era tanta el deseo de “quedarse” con el dinero que no les importaba poner en peligro la vida de los asegurados al IGSS. Otros hablaron que era momento de rescatar a la institución y salvarla de estos piratas disfrazados de funcionarios o asesores.

 

Primero quiero aclarar que a quienes son acusados de corrupción –no sólo en este caso sino en todos- los mueve el afán de expoliación legal y no el afán de lucro. El afán de lucro es buscar ganancias a través de intercambios voluntarios, es decir entregar valor y recibir valor a cambio. Es lo que hace usted todos los días cuando realiza sus compras en el súper o en el mercado, cuando contrata al plomero, al jardinero o a quien le corta el pelo, cuando ofrece sus servicios y obtiene un empleo o cuando vende sus productos o servicios a sus clientes.

 

Mientras que el afán de expoliación busca quitarle algo que es suyo de manera violenta e injusta. Es lo que hacen los vulgares ladrones que no pretenden su consentimiento y no aparentan hacerle ningún favor. Mientras que a los corruptos los mueve el afán de expoliación legal ya que buscan quitarle lo que es suyo a través de leyes que legalicen el robo y por consiguiente no sufran las consecuencias de esa injusticia, es más lo justifican por el “bien común”.

 

El afán de expoliación legal lo podemos identificar en todos aquellos “grupos” que promueven leyes pervertidas –como las llamó Bastiat- que buscan otorgar el poder a un grupo para violar la propiedad de los no agrupados. Como la Ley de Vivienda que pretende que usted financie viviendas a los grupos allegados al poder.

 

El afán de expoliación legal tiene como aliado perfecto al sistema benefactor-mercantilista que le facilita el robo legalizado. Tal es el caso del IGSS o el sistema de salud público que mediante la fuerza se agencia de recursos, los cuales son despilfarrados en compras sobrevaloradas, plazas fantasmas, privilegios a sindicatos y demás.

 

Lo que me lleva al segundo tema: si en verdad se quiere rescatar al IGSS, lo que se debe hacer es ponerlo a competir por brindar el servicio, dejar al trabajador en libertad de elegir, tratarlo como adulto y no como niño al que hay que cuidar o pastorear.

 

Podemos empezar por el sistema de pensiones, ¿Es inmoral que cada trabajador tenga su cuenta individual para el retiro? ¿Por qué? ¿Qué hay de inmoral en que cada trabajador decida qué es lo mejor para su futuro? Si logramos quitarle a los corruptos los fondos de pensiones habremos avanzado en la lucha contra la corrupción.

 

Que no lo confundan, a los corruptos los mueve el afán de expoliación legal que promueve el sistema benefactor-mercantilista.

 

@Md30

Facebook.com/mda30