“Las alegres elecciones” ya no lo son tanto. Los escándalos de corrupción en las autoridades salientes, una oferta electoral que no convence a algunos sectores de la población y la intencionalidad de implementar el voto nulo, crea un ambiente no tan festivo como en años anteriores. Y sigue en marcha un deslucido proceso electoral.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, indica que la atención de la opinión pública en las últimas semanas ha estado más que todo enfocada en la crisis del actual gobierno y en los escándalos de corrupción que se investigan. De esa cuenta, también se han creado movimientos ciudadanos que critican a los políticos tradicionales.

De tal manera que está por finalizar el primer mes desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones generales y de momento, pocos candidatos han hecho oficiales sus planes de Gobierno o han logrado inscribirse en la papeleta presidencial.

El politólogo Mario Martínez explica que este proceso electoral es “atípico” porque se presentan diferentes variantes tanto internas como externas. “En las primeras últimas podemos identificar los escándalos de corrupción en el sector público, la deslegitimación de los partidos políticos por parte de los ciudadanos y esto es debido a que no cumplen con la característica esencial o sui géneris que es la intermediación entre las demandas de la sociedad y el Estado”, expuso.

Otro aspecto a incluir es que la campaña electoral ha estado enmarcada más en aspectos cosméticos como el marketing político y no en la promoción de un plan programático articulado que plantee las rutas para sanear el sistema a corto, mediano y largo plazo, según el analista.

Respecto al TSE, Martínez reconoce que ha emitido sanciones pero expone que ha sido “timorato” al momento de ejercer el papel de rector del proceso electoral, lo que envía una señal fuerte a la población de debilidad y falta de autoridad en la materia. “Lo que se necesita efectivamente es el fortalecimiento del sistema político en general a través de partidos con una consistencia ideológica definida, oxigenar los liderazgos políticos, democratizar las estructuras internas y sobre todo cumplir con las medidas del control social y la auditoria en los casos del financiamiento privado”, expuso.

José Ernesto Duarte, analista político, señaló que “la gente está cansada de la política y los políticos y quiere cambios”. Adelantó que las autoridades al resultar electas demuestran “su incapacidad para gobernar” y está descontenta con la oferta electoral. Ante esta problemática, el experto dijo que la sociedad civil debe seguir en pie de lucha y consensuar una agenda común de trabajo a impulsar en los próximos meses.

Para el investigador de política internacional centroamericana, José Davila, “la clase política ha dejado mucho qué desear. Veo que este movimiento ciudadano tiene toda la razón de ir a las calles porque realmente los partidos, el Congreso y el Gobierno llegaron a una situación de deslegitimación tremenda”.

Agregó: “Los ciudadanos merecen respeto y piden cambios en la ley, pero no veo una buena reacción de los partidos políticos, ni del Congreso y eso es lamentable.

Exigen reforma electoral

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells indicó que “estamos pagando el no haber hecho la tarea a tiempo” y recordó que hay una reforma electoral cuya propuesta data de los Acuerdos de Paz y que no se ha promovido en el Congreso.

Adelantó que en el país se debe cambiar aspectos con el financiamiento y regulación de los medios de comunicación. “Debemos ponernos a pensar qué es lo que hay que reformar de la Ley Electoral” y refirió que los cambios impulsados a esa normativa en El Salvador y Honduras fueron más sustantivas.

Martínez dijo que el sistema electoral también debe fortalecerse a través de la aprobación de reformas a su contenido, las cuales están engavetadas en el Congreso. “Con la certeza jurídica del cumplimiento de la ley, específicamente en los casos de violaciones a las prohibiciones electorales y en la aplicación de las sanciones”, detalló.

Un comunicado del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) indica que la Carta Magna establece vías por las cuales se pueden satisfacer la mayoría de demandas de la población mediante reformas específicas al ordenamiento jurídico, sin quebrantar el orden constitucional.

Los representantes del Cedecón insisten en que lo anterior puede llevarse a cabo “sin perjuicio de que el Estado Democrático Constitucional supone la estricta aplicación de la ley a todos los responsables de los actos de corrupción e impunidad que se han generado con esta crisis”.

Lo que pide el TSE

Incluso el mismo TSE se pronunció al respecto e indicó por medio de un comunicado del pleno de magistrados que “es indudable que el sistema de partidos políticos de Guatemala, presenta una situación que lejos de fortalecer a los partidos políticos como interlocutores y mediadores entre el Estado y la población, sufre de serias deficiencias y ha derivado en actuaciones y ejecutorias que lo debilitan aun más, exigiendo la ciudadanía guatemalteca, que se definan nuevas reglas en el mismo,  mediante reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Los magistrados  piden una reforma que sea una herramienta eficiente que dote al organismo en mención de los mecanismos que le posibiliten ser un arbitro eficáz de la contienda política, ejecutorias partidarias y un efectivo impulsor de la evolución democratica del país.

El TSE propone los siguientes puntos ante la crisis: promover la equidad en el sistema de partidos políticos y en los eventos electorales, democracia interna de los partidos políticos (designación de candidatos, nombramiento de autoridades y otras), fiscalización del  financiamiento partidario y descentralización del mismo.

También exigen cambios para lograr la transparencia de todos los actos de los partidos políticos y de sus finanzas y mecanismos democráticos la vida partidaria, la designación de candidaturas y el desempeño de los mandatos.

“Proponemos que lograda la reforma inmediata, se conforme un espacio de discusión que tenga como finalidad poner sobre la mesa propuestas concretas de reformas, que se presenten ante la Legislatura que tome posesión a partir de enero de 2016 y lleven a la aprobación de un nuevo pliego de reformas durante el primer semestre de ese año”, finaliza el comunicado.