La juez Silvia de León, con base a los indicios presentados por el Ministerio Público, resolvió auto de procesamiento a Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Rodolfo García Granados, Arturo Adolfo Castellanos Poou, Edgar René de la Peña por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
Asimismo, ligó a proceso penal a Otto Molina Stalling por los delitos de asociación ilícita y cobros ilegales de comisiones. Molina Stalling es hijo de la presidente de la cámara penal de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. La jueza, en su caso, determinó falta de mérito por el delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con la juzgadora, la Junta Licitadora es la responsable de adjudicar un evento del cual ha conocido. Sin embargo, reconoció que trabajadoras del IGSS integrantes de la junta licitadora fueron elegidas al azar. Además, refirió que la licitación era un evento de servicios, y conocieron que el único ofertante no tenía capacidad de brindar el mismo.
Por lo tanto, resolvió que integrantes de la Junta Licitadora incurrieron en el delito de fraude, por lo que quedaron ligados a proceso. Las sindicadas son: Doris González, Mayra Gómez, Alba Maldonado, Delia Castañón y Carmen Gil.
Además, De León indicó que no es cierto que Junta Directiva únicamente da un visto bueno, o solo firma los documentos que otros le pasan y que fueron irresponsables por el hecho de no revisar la documentación y haber confiado en la recomendación de gerencia.
Así, dictó que fueran ligados los seis integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social por fraude. Estos son: Juan de Dios Rodriguez, presidente del IGSS; Julio Suárez, representante del Banco de Guatemala; Max Quirín, representante del sector privado; el gerente Álvaro Dubón y Erwin Castañeda
Los 17 implicados son acusados de fraude al IGSS, y el MP los señala de haber efectuado acciones ilegales para que se adjuntaran un contrato a la droguería PISA para proporcionar tratamiento de diálisis peritoneal a enfermos renales del Seguro Social.
Según la investigación, para favorecer a la empresa esta pagó un comisión de 16% del total del contrato y su servicio ineficiente causó la muerte de 17 pacientes y resultaron infectados 100.
La juez Silvia de León, con base a los indicios presentados por el Ministerio Público, resolvió auto de procesamiento a Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Rodolfo García Granados, Arturo Adolfo Castellanos Poou, Edgar René de la Peña por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
Asimismo, ligó a proceso penal a Otto Molina Stalling por los delitos de asociación ilícita y cobros ilegales de comisiones. Molina Stalling es hijo de la presidente de la cámara penal de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. La jueza, en su caso, determinó falta de mérito por el delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con la juzgadora, la Junta Licitadora es la responsable de adjudicar un evento del cual ha conocido. Sin embargo, reconoció que trabajadoras del IGSS integrantes de la junta licitadora fueron elegidas al azar. Además, refirió que la licitación era un evento de servicios, y conocieron que el único ofertante no tenía capacidad de brindar el mismo.
Por lo tanto, resolvió que integrantes de la Junta Licitadora incurrieron en el delito de fraude, por lo que quedaron ligados a proceso. Las sindicadas son: Doris González, Mayra Gómez, Alba Maldonado, Delia Castañón y Carmen Gil.
Además, De León indicó que no es cierto que Junta Directiva únicamente da un visto bueno, o solo firma los documentos que otros le pasan y que fueron irresponsables por el hecho de no revisar la documentación y haber confiado en la recomendación de gerencia.
Así, dictó que fueran ligados los seis integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social por fraude. Estos son: Juan de Dios Rodriguez, presidente del IGSS; Julio Suárez, representante del Banco de Guatemala; Max Quirín, representante del sector privado; el gerente Álvaro Dubón y Erwin Castañeda
Los 17 implicados son acusados de fraude al IGSS, y el MP los señala de haber efectuado acciones ilegales para que se adjuntaran un contrato a la droguería PISA para proporcionar tratamiento de diálisis peritoneal a enfermos renales del Seguro Social.
Según la investigación, para favorecer a la empresa esta pagó un comisión de 16% del total del contrato y su servicio ineficiente causó la muerte de 17 pacientes y resultaron infectados 100.