Un grupo de jueces y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidieron la renuncia de la magistrada Blanca Stalling, con el objetivo de recuperar la credibilidad en el sector que representan.

La jueza Patricia Gámez indicó que este es un llamado a la conciencia de Stalling para recobrar la confianza al sistema de justicia. “Queremos que renuncie para garantizar que no habrá injerencia el proceso” dijo al referirse al caso IGSS-PISA.

Los exmagistrados expresaron que el cargo que ejerce Stalling debe transparentar a la persona. Según la exmagistrada Claudia Escobar, la mala elección de magistrados se evidencia en la actualidad, ante actos de corrupción, “no basta con la renuncia de Roxana Baldetti, es necesario recuperar la credibilidad del sistema de justicia” señaló Escobar.

En su pronunciamiento los jueces y exmagistrados indicaron que le corresponde al Organismo Judicial asumir con responsabilidad la función de impartir justicia, pero sobre todo garantizar a la población la actuación de jueces independientes comprometidos únicamente con la Constitución y las leyes.

“Recientemente personas que enfrentan procesos judiciales, asociados a actos de corrupción estatal, han sido vinculados a grupos de interés señalados de haber influenciado en la selección y elección de autoridades judiciales. Al mismo tiempo una magistrada que integra la CSJ ha sido relacionada a uno de los casos de corrupción que se ventila en tribunales. Ello ha puesto en duda la actuación independiente de los jueces ya que se teme a través de resoluciones favorables les retribuyan el apoyo antes brindado” resalta el pronunciamiento.

Antes esta situación hacen un llamado para que “jueces, magistrados, fiscales, defensores y todos los vinculados a la administración de justicia actúen con absoluta integridad, rechazando cualquier intención de injerencia o indebida intromisión en sus funciones, declarando su intolerancia a la corrupción y el tráfico de influencias pues estamos convencidos que la reconocida honorabilidad es un elemento indispensable que legitima la función pública”, finalizó el pronunciamiento.