Tras correr más de quince horas de audiencia, la jueza Silvia de León resolvió enviar a prisión preventiva a los 17 sindicados de avalar un contrato irregular entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería PISA.
La defensa de los acusados solicitó que estos fueran trasladados al cuartel de Mariscal Zavala y no al preventivo de la zona 18, petición que fue recibida por De León y de tal cuenta, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social, y otros nueve sindicados de sexo masculino, fueron trasladados a esa base militar, a excepción de Arnulfo Oliva, representante de la Junta Directiva del IGSS quien habría sido trasladado al Hospital Roosevelt.
En el caso de las seis mujeres, la jueza determinó que la cárcel de Santa Teresa será el lugar en donde guarden prisión preventiva.
Al concluir la audiencia, la jueza informó que el Ministerio Público tiene un mes y quince días para investigar y programó para el próximo 27 de julio la presentación de pruebas, esto pese a que la fiscalía solicitó tres meses para proseguir con las pesquisas, aspecto que provocó el rechazo de familiares y abogados de los sindicados.
Tras correr más de quince horas de audiencia, la jueza Silvia de León resolvió enviar a prisión preventiva a los 17 sindicados de avalar un contrato irregular entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería PISA.
La defensa de los acusados solicitó que estos fueran trasladados al cuartel de Mariscal Zavala y no al preventivo de la zona 18, petición que fue recibida por De León y de tal cuenta, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social, y otros nueve sindicados de sexo masculino, fueron trasladados a esa base militar, a excepción de Arnulfo Oliva, representante de la Junta Directiva del IGSS quien habría sido trasladado al Hospital Roosevelt.
En el caso de las seis mujeres, la jueza determinó que la cárcel de Santa Teresa será el lugar en donde guarden prisión preventiva.
Al concluir la audiencia, la jueza informó que el Ministerio Público tiene un mes y quince días para investigar y programó para el próximo 27 de julio la presentación de pruebas, esto pese a que la fiscalía solicitó tres meses para proseguir con las pesquisas, aspecto que provocó el rechazo de familiares y abogados de los sindicados.