Mucho antes de la firma de la Paz en Guatemala, las organizaciones terroristas comprendieron que habían perdido la guerra militarmente, no lograron el respaldo popular, los intereses económicos y de protagonismo de sus dirigentes estaban desgastando aún más su “lucha”, anticiparon que la derrota era inminente. Fue entonces que concibieron la estrategia de pasar a un plano político/mediático/jurídico como mecanismo para lograr sus objetivos de tomar el poder e implantar un modelo fundamentado en el marxismo, mezclado con indigenismo, ecologismo radical y seguir alimentando el odio de clase, pero ahora con un factor racial más fuerte.

El primer paso fue manipular la historia, defenestrar al Ejército de Guatemala y adjudicarle responsabilidad casi total de los excesos de 36 años de guerra, escondiendo sus atrocidades para mostrarse al mundo como jóvenes “idealistas”, incluso como “víctimas”. El mecanismo era obvio: Crear una “Comisión de Esclarecimiento Histórico” –sesgada y copada por personajes vinculados a estas mismas organizaciones-, redactar un documento que validara su versión y presentarlo como “escrito en piedra”, incuestionable, para utilizarlo no sólo como factor de propaganda internacional y así obtener financiamiento, sino también como base de la venganza judicial contra sus enemigos que ya venían gestando.

Los guatemaltecos habíamos dado la vuelta a esta página y anhelábamos paz, seguridad y reconciliación. Esto cambió radicalmente con las primeras acusaciones y sentencias contra militares que defendieron nuestra Libertad y Soberanía.

Todo esto cambió con la llegada del magistrado César Barrientos Pellecer y la Fiscal General Claudia Paz y Paz, pero sin duda la imposición de CICIG es lo que en la opinión pública les proporciona el respaldo y “legitimidad” internacional que los fortalece. A partir de ese momento la persecución fue mucho más marcada y evidente, la farsa del genocidio era el ataque que tanto habían deseado. Según ellos sería el golpe final que lograría algo que les representaba prestigio -entre sus ad láteres, por supuesto-, posiciones de poder tanto en Guatemala como en el exterior, mucho dinero como intermediarios en demandas contra el Estado y lo más importante para la siguiente etapa: MARCARNOS A LOS GUATEMALTECOS COMO “genocidas”, UN ESTADO RACISTA.

Actualmente vemos a grupos radicales como el CUC, FRENA, CODECA, Fundación Guillermo Toriello, entre otros, impulsando el concepto de “territorios indígenas y propiedad ancestral de la tierra”. Esto no es una acción que se enfoque en reivindicar supuestos derechos u obtener “reconocimiento” hacia la población indígena, sino que busca implementar en nuestro país un modelo de AUTONOMÍAS INDÍGENAS SUBSIDIADAS POR EL ESTADO, con sus propias leyes, autoridades y territorio. La división de nuestra Patria por cuestiones raciales es el experimento que marxistas extranjeros pretenden desarrollar, Guatemala es su objetivo y no debemos bajar la guardia nunca más.

Guatemala podrá ser relativamente pequeña en población y territorio, pero nos sobra a los guatemaltecos que la amamos dignidad, valor y orgullo. Para la izquierda radical internacional es un objetivo clave, la economía más poderosa de Centroamérica, es la pieza de dominó que nunca pudieron hacer caer para generar la reacción en cadena en la región. HOY LO INTENTAN NUEVAMENTE.

Es necesario comprender que estamos bajo asedio, somos sus conejillos de indias, ratas de laboratorio desechables para quienes cuentan con recursos ilimitados, objetivos perversos y un aparato de lobby internacional poderoso con muchas influencias incluso en la ONU.

La “misión” de la Comisión Intrusa Contra la Institucionalidad de Guatemala (CICIG) es provocar un Golpe de Estado, suspender indefinidamente las elecciones, imponernos como presidente a Helen Mack, Pablo Monsanto o Rigoberta Menchú, derogar nuestra Constitución y redactar luego una nueva, pero de inspiración MARXISTA “revolucionaria”.

¿Tan difícil es comprenderlo?