Parte de las demandas de la sociedad ante la corrupción que se ha descubierto en el Gobierno es que lo que se defraudó sea devuelto a los fondos públicos.

En ese sentido, este jueves el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en conferencia señaló que el presidente Otto Pérez Molina antes de que deje el cargo tiene la responsabilidad de asegurar la restitución efectiva de los recursos públicos que en el Organismo Ejecutivo no ingresaron o hayan sido y siguen siendo sustraídos de los fondos del Estado.

También le pidieron al Ministerio Público (MP) haga uso inmediato de la figura legal de enriquecimiento ilícito y de extinción de dominio sobre cualquier funcionario, sin importar su jerarquía, así como cualquier particular que como consecuencia de las investigaciones no expliquen la procedencia legal de sus capitales y propiedades.

Al respecto, el abogado y analista Carlos Manuel Bezares señala que efectivamente la vía para que se restituya lo defraudado al fisco es la extinción de dominio. Explica que se tendría que hacer por medio de un proceso diferente al juicio que se lleva a cabo. Se debe hacer por medio de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que demuestre que los bienes fueron adquiridos por fondos de origen ilícito.

“Sería un proceso parecido al que se ha hecho con los narcotraficantes extraditados. Se debe determinar que sus bienes no son compatibles con sus ingresos”, señala.

En ese marco, este jueves el Juez Miguel Ángel Gálvez titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, autorizó realizar 14 allanamientos a inmuebles relacionados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti a solicitud del Ministerio Público. Los operativos realizados son parte de la investigación con la estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación denominada “La Línea”.

Según el Ministerio Público  los fiscales han incautado computadoras y documentos entre otros objetos en las propiedades de Baldetti.

Este día también se conoció de la salida del país del hijo mayor de la vicepresidenta, Luis Pedro Paz Bldetti, rumbo a México.

El caso de Baldetti

Aunque no tiene orden de captura, la opinión pública ha señalado que debe investigarse el origen de los bienes de Roxana Baldetti porque no coinciden con sus ingresos reales.

Medios de comunicación  han documentado que Baldetti posee una casa de descanso en Marina del Sur, en Puerto de San José, Escuintla; y dos haciendas en Tecpán, Chimaltenango, varias casas en sectores exclusivos de la capital así como también apartamentos de lujo en edificios residenciales.  Entre sus bienes también se cuentan dos helicópteros, un yate y otros inmuebles adquiridos mediante testaferros.

Por su parte el prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia, tiene una fortuna que podría ascender a Q20 millones.

Cuando todavía era vicepresidenta, Bezares y otros abogados la denunciaron y presentaron solicitud de antejuicio. “Cuando renunció, el Congreso de la República debía remitir al MP la denuncia. Sin embargo pareciera que allí se quedó”, señala. Por eso la importancia que tiene que la sociedad exija que se siga con el debido proceso, enfatiza.

Por otro lado, al convertirse Baldetti en ciudadana común y habiendo más de 200 denuncias en su contra, el MP debió haber pedido una primera declaración ante juez contralor en la investigación más avanzada, como por ejemplo el del Lago de Amatitlán. “Sin embargo, es como si el sistema de justicia se hubiera olvidado de ella”, opina Bezares.

Acerca de su estado patrimonial, el abogado explica que ahora que ya no es funcionaria en el Ministerio de Finanzas se puede conocer su estado patrimonial. “El problema radica en que habría que ver de cuántas sociedades anónimas era parte y cuantas de sus propiedades las compró a través de ellas”, señala. Esto podría llevar mucho tiempo debido a los diversos mecanismos para registrar las propiedades.