Ante la crisis política que han ocasionado los actos de corrupción en las instituciones del Estado, los entes que se encuentran en la cadena de justicia enfrentan retos importantes para consolidar su credibilidad, sobre todo por el clamor popular que pide se juzgue a los responsables de robar el erario nacional.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), enfrentarán grandes desafíos tras destapar las redes de corrupción incrustadas en el Estado. En las últimas semanas, las investigaciones realizadas por el MP y CICIG han desarticulado a una banda criminal dedicada a la defraudación aduanera denominada “La Línea” y a una estructura de corrupción y tráfico de influencias incrustadas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Esto ha provocado una verdadera indignación ciudadana, y pone a prueba a la cadena de justicia. Entre los desafíos se encuentra la independencia que deberá mostrar el MP y el OJ en cuanto a las sentencias vertidas por el sistema de justicia, estas fundamentadas – principalmente – en las pruebas de investigación de los casos de corrupción.

Pruebas sólidas

Marielos Fuentes de Guatemala Visible indica que el reto principal es mantener la independencia del MP y OJ, algo que es indispensable para poder continuar las investigaciones. Un factor importante de vital importancia y es fundamentar con las pruebas necesarias todos los casos que se presentaron, dice la analista.

“Estamos en un momento en donde los ciudadanos tienen un nivel enorme de indignación por los niveles de corrupción, pero si no existe un caso bien presentado por las autoridades y no hay prueba suficiente para que un jurado pueda declarar culpable a las personas que se están acusando, no iríamos a nada y el precedente sería nefasto”, enfatiza Fuentes.

Además refiere que si no hay un caso sustentado, el precedente sería nefasto porque quienes están involucrados en temas de corrupción se van a sentir muy tranquilos de que aquí nunca pasa nada y que son nada más sustos; mientras que la estructura de corrupción que existe continuará fortaleciéndose.

En declaraciones vertidas por el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, aseguró que en este caso, como en los otros donde dicha institución ha trabajado, se tienen pruebas sólidas que sustentan sus señalamientos. “Si presentamos a una persona como presunta responsable de un delito es porque hay material probatorio que respalda esa afirmación”, sentencia.

Según Fuentes, las tres instituciones (MP, CICIG y OJ) tienen el mismo nivel de responsabilidad para poder llegar a las conclusiones y últimas consecuencias para que los guatemaltecos vean finalmente que todo el dinero que se defraudó se devuelva a las arcas del Estado y llegue a los más necesitados. También ver una consecuencia, como la cárcel, para aquellos que han hecho del Estado un negocio particular.

“Sea quien sea la persona debe pagar las consecuencias por los actos que ha hecho en contra de los guatemaltecos” señala la activista. Además indica que en estos momentos el sistema de justicia no puede arriesgar los procesos por la presión que se está haciendo de parte de la ciudadanía, deberán de tomar una decisión para el bien común y no para el bien particular.

Depuración del sistema judicial

Por su parte, Juan Carlos Carrera de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que los principales desafíos están relacionados con la desarticulación por un lado y de depuración urgente dentro del OJ. Mientras que el principal reto para los entes investigadores es proporcionar y confirmar las acusaciones que ya presentaron, porque la etapa en que se encuentran los casos es la de investigación que durará entre tres y seis meses para presentar las pruebas necesarias en el debate y fortalecer la acusación.

El miércoles un grupo de jueces y exmagistrados indicaron que le corresponde al OJ asumir con responsabilidad la función de impartir justicia, pero sobre todo garantizar a la población la actuación de jueces independientes comprometidos únicamente con la Constitución y las leyes.

“Recientemente personas que enfrentan procesos judiciales, asociados a actos de corrupción estatal han sido vinculados a grupos de interés señalados de haber influenciado en la selección y elección de autoridades judiciales. Al mismo tiempo, una magistrada que integra la CSJ ha sido relacionada a uno de los casos de corrupción que se ventila en tribunales. Ello ha puesto en duda la actuación independiente de los jueces ya que se teme a través de resoluciones favorables les retribuyan el apoyo antes brindado”, resaltó el pronunciamiento de los jueces y exmagistrados.

Ante esta situación realizaron un llamado para que “jueces, magistrados, fiscales, defensores y todos los vinculados a la administración de justicia actúen con absoluta integridad, rechazando cualquier intención de injerencia o indebida intromisión en sus funciones, declarando su intolerancia a la corrupción y el tráfico de influencias, pues estamos convencidos que la reconocida honorabilidad es un elemento indispensable que legitima la función pública”.

Carrera coincide con Fuentes y el pronunciamiento de los exmagistrados al indicar que el OJ deberá demostrar su independencia, porque ha sido cuestionado desde el año pasado la elección de los magistrados de las Cortes Suprema y de Apelaciones, los hechos han revelado que la intromisión de los Organismo Legislativo y Ejecutivo como de grupos externos al nombrar a jueces y magistrados.

En ese sentido es necesaria la depuración dentro de la Corte Suprema de Justicia, para tener una independencia judicial y penal. De acuerdo con el analista hay una presión social que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, los juzgadores no deberán resolver por esa presión social, sino por las pruebas que presente el ente investigador siendo este el principal desafío. Según Fuentes la mayor responsabilidad en estos momentos la tiene el OJ.

Profesionalización de jueces

Luis Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), indica que las instancias de justicia tienen que producir condenas en contra de los implicados en actos de corrupción, porque la impunidad es un problema del país. Pero ha habido casos en los que se les acusa y los dejan en libertad impunemente, asegura.

Por esto el MP deberá de sustentar sus investigaciones para que las personas involucradas no queden en libertad por falta de merito, dice el experto. Mack reconoce que en el caso de la CICIG ha recobrado el prestigio, por lo que debe ser capaz de fortalecer el sistema de justicia guatemalteco y generar capacidad y transferencias institucionales, porque el ente internacional tarde o temprano saldrá de Guatemala. Hace ver que entonces debe cuidar de no generar dependencia, porque si no las instituciones regresaran a actuar como anteriormente lo hacían, puntualiza.

Asimismo, el OJ deberá profesionalizar a sus jueces para garantizar sentencias ejemplares que estén basadas en derecho, pero el problema está en que hay operadores de justicia cuestionados. Por esto se debe realizar una evaluación de los malos elementos de las instancias de justicia para que de alguna manera sean expeditos para las resoluciones de las sentencias.

Mack que en estos momentos del proceso es el MP y la CICIG, quienes tienen mayor responsabilidad para mostrar los mecanismos probatorios para una sentencia condenatoria, en una segunda instancia serán los jueces y magistrados.