A la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías se le congelaron siete cuentas con un monto de Q6.6 millones tras una orden judicial emitida por el juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villada. Asimismo, se le embargaron cuentas a Carlos Muñoz, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Juan Carlos Monzón exsecretario privado de la Vicepresidencia; Antonio Izquierdo, quien fungió como encargado de Aduana Central y Osama Ezzat Aziz, empresario. Todos ellos poseen algún vínculo con la banda denominada “La Línea”.

En esta primera acción alrededor de Q20 millones fueron congelados en cinco personas, irónicamente al prófugo Monzón que se le sindica de ser uno de los cabecillas del grupo defraudador al Estado, solamente se le embargó una cuenta de Q209 mil.

Pese a que se realizaron los embargos, analistas consideran hubo un retraso por parte de las autoridades para actuar en contra de las cuentas de los implicados en la “La Línea”. Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, indica que se está pasando por una crisis de credibilidad del sistema y de las autoridades, de tal manera que si el exsecretario privado de la exvicepresidenta logró escapar, habría motivo razonable de dudar que hubo alguna complacencia en este caso.

Orellana indica que las autoridades deberían haber actuado con más celeridad. “No se puede hablar de una sorpresa, porque lo que había acontecido con Monzón indudablemente era para tener sobre aviso a las autoridades que tenían a su cargo esa investigación”.

Por su parte, el analista Renzo Rosal dice que aún cuando las autoridades tienen un retraso en la investigación o el procedimiento, es importante que se haya realizado. Hace ver que es un caso histórico porque es la primera vez que a varios exfuncionarios, incluyendo a la exvicepresidenta, se les pueda investigar sus cuentas.

Rosal indica que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) tiene la responsabilidad de realizar una investigación de las cuentas que estas personas tiene fuera del país, porque es claro que en las cuentas nacionales le pudo haber servido para sacar el dinero y trasladarlo al extranjero. Sin embargo, dice es importante que se continúe con la investigación y se embarguen también las cuentas a los demás implicados tanto en el caso “La Línea” como IGSS-PISA, sobre todo a los cabecillas que han sido identificados y se encuentra en prisión.

Carlos González Arévalo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indica que el retraso del embargo de las cuentas es más una cuestión jurídica que financiera porque hay procedimientos que se realizan antes de que un banco realice la congelación de las cuentas.

Según González Arévalo, las disposiciones de la IVE son reportar los movimientos anómalos que existen de las cuentas de alguna persona, ya que cuando se apertura una cuenta bancaria se llena una serie de formularios en donde se especifican los movimientos que tendrá dicha cuenta en un rango especifico.

Explica que cuando la cuenta cambia del rango especificado, el banco informa a la IVE sobre esas transacciones sospechosas para que ésta evalúe si procede una investigación y trasladarla al Ministerio Público.