La orden judicial emitida este lunes busca inmovilizar los fondos monetarios de los implicados en el caso IGSS-PISA, esto luego de haber sido ligados a proceso por fraude al haber adjudicado un contrato a la droguería PISA para prestar servicio de hemodiálisis peritonial a pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Silvia de León jueza sexta de Primeta Instancia Penal, solicitó un informe financiero de los acusados y la inmovilización de las cuentas de todos excepto de las enfermeras que participaron en la Junta Licitadora. Esta medida incluye al presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez.
Rodrigues fue enviado a prisión preventiva y ligado a proceso por avalar el contrato con PISA, pese a que la farmacéutica no reunia los requisitos legales, físicos y médicos para atender a los pacientes con insuficiencia renal.
Al menos 15 pacientes que recibían tratamiento con dicha farmacéutica murieron y mas de 100 resultaron infectados por malos procedimientos.
Por este caso están siendo procesados 17 personas entre funcionarios y empleados del IGSS, representante del Banco de Guatemala, Cacif, Universidad de San Carlos de Guatemala y la droguería, así como Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling.
La orden judicial emitida este lunes busca inmovilizar los fondos monetarios de los implicados en el caso IGSS-PISA, esto luego de haber sido ligados a proceso por fraude al haber adjudicado un contrato a la droguería PISA para prestar servicio de hemodiálisis peritonial a pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Silvia de León jueza sexta de Primeta Instancia Penal, solicitó un informe financiero de los acusados y la inmovilización de las cuentas de todos excepto de las enfermeras que participaron en la Junta Licitadora. Esta medida incluye al presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez.
Rodrigues fue enviado a prisión preventiva y ligado a proceso por avalar el contrato con PISA, pese a que la farmacéutica no reunia los requisitos legales, físicos y médicos para atender a los pacientes con insuficiencia renal.
Al menos 15 pacientes que recibían tratamiento con dicha farmacéutica murieron y mas de 100 resultaron infectados por malos procedimientos.
Por este caso están siendo procesados 17 personas entre funcionarios y empleados del IGSS, representante del Banco de Guatemala, Cacif, Universidad de San Carlos de Guatemala y la droguería, así como Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling.