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Que debe ser primero: ¿El pago de impuestos o la depuracion del estado?

Alfonso Muralles
01 de diciembre, 2015

El Comisionado Iván Velázquez no se debe haber imaginado la discusión que se desato a partir de su sugerencia de establecer un impuesto específico para financiar el fortalecimiento del sector justicia. Desde entonces se han generado propuestas para la creación de otros impuestos con las mismas buenas intenciones que llevo la propuesta del Comisionado.

Sin lugar a dudas, contar con un fortalecido sector de seguridad y justicia es clave para el desarrollo de un país, especialmente para uno en que, como Guatemala, la debilidad del sector ha permitido el control del estado por parte de mafias de diverso cuño. No podemos tampoco dudar de que la inversión en educación, que podría ser el destino de otro impuesto específico recientemente propuesto, es también clave para el desarrollo de un país que no ha podido proporcionar oportunidades educativas a la mayoría de la población permitiéndole a pocos el acceso al empleo formal y sus ventajas.

Y ante el colapso del sistema nacional de salud, es comprensible que salga algún otro con la propuesta de un impuesto de emergencia igualmente específico para atender la crisis.

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Todo lo anterior tiene en común resolver financieramente algunos de los problemas que genera un estado desfinanciado y corrupto. Y trae consigo también la discusión sobre la validez que pueden tener soluciones que pasan por entregar fondos a un estado ineficiente, incapaz y corrupto.

Aprendamos de la experiencia de otros. ¿Cómo le hacen gobiernos que administran sus recursos honrada y eficientemente? ¿Cómo le hacen grandes corporaciones multinacionales con ventas superiores al PIB de Guatemala para responderle con utilidades a sus accionistas?

Pues estos tienen en común contar con un aparato de control interno, se llame contraloría, auditoria interna y/o externas.  Para todos las empresas y organizaciones sin fines de lucro medianas y grandes de Guatemala, el presentar estados financieros auditados con fines de trámites bancarios o para informar a los socios o miembros sobre los resultados de la operación o gestión durante un periodo dado, es algo normal.   Es una práctica que genera confianza y certeza en el buen manejo de recursos que le son encomendados a los administradores por inversionistas y cooperantes para que las instituciones cumplan con sus objetivos.

Sin embargo, en nuestro país, toda la corrupción estatal que se ha destapado este año, así como la que está pendiente de destapar, le ha pasado enfrente a la Contraloría General de Cuentas de Guatemala sin que, aparentemente, lo percibiera, mucho menos, hiciera algo por detener y procesar.

Fortalezcamos a la CGC para que se convierta en la institución que garantice la buena administración de los recursos del estado cuya fuente principal son los impuestos que pagan empresas e individuos. Esta es la mejor contribución que puede hacer en estos momentos el sector privado guatemalteco para que cuenten con los recursos necesarios los sectores de seguridad, justicia, educación, salud y todo el aparato estatal para cumplir con sus funciones.

Ya se hacen contribuciones voluntarias por la vía de las donaciones en medicamentos. Se estimula a los maestros que hacen su mejor esfuerzo. Y todo eso está bien, pero nunca será suficiente.

Aceptará el Contralor una contribución en especie para que cumpla mejor con su cometido? Estará el sector privado dispuesto a ofrecer este aporte?

Ojalá, pues entonces no habrá entonces excusa para no pagar impuestos. Es más, debería entonces haber temor por no hacerlo.

Que debe ser primero: ¿El pago de impuestos o la depuracion del estado?

Alfonso Muralles
01 de diciembre, 2015

El Comisionado Iván Velázquez no se debe haber imaginado la discusión que se desato a partir de su sugerencia de establecer un impuesto específico para financiar el fortalecimiento del sector justicia. Desde entonces se han generado propuestas para la creación de otros impuestos con las mismas buenas intenciones que llevo la propuesta del Comisionado.

Sin lugar a dudas, contar con un fortalecido sector de seguridad y justicia es clave para el desarrollo de un país, especialmente para uno en que, como Guatemala, la debilidad del sector ha permitido el control del estado por parte de mafias de diverso cuño. No podemos tampoco dudar de que la inversión en educación, que podría ser el destino de otro impuesto específico recientemente propuesto, es también clave para el desarrollo de un país que no ha podido proporcionar oportunidades educativas a la mayoría de la población permitiéndole a pocos el acceso al empleo formal y sus ventajas.

Y ante el colapso del sistema nacional de salud, es comprensible que salga algún otro con la propuesta de un impuesto de emergencia igualmente específico para atender la crisis.

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Todo lo anterior tiene en común resolver financieramente algunos de los problemas que genera un estado desfinanciado y corrupto. Y trae consigo también la discusión sobre la validez que pueden tener soluciones que pasan por entregar fondos a un estado ineficiente, incapaz y corrupto.

Aprendamos de la experiencia de otros. ¿Cómo le hacen gobiernos que administran sus recursos honrada y eficientemente? ¿Cómo le hacen grandes corporaciones multinacionales con ventas superiores al PIB de Guatemala para responderle con utilidades a sus accionistas?

Pues estos tienen en común contar con un aparato de control interno, se llame contraloría, auditoria interna y/o externas.  Para todos las empresas y organizaciones sin fines de lucro medianas y grandes de Guatemala, el presentar estados financieros auditados con fines de trámites bancarios o para informar a los socios o miembros sobre los resultados de la operación o gestión durante un periodo dado, es algo normal.   Es una práctica que genera confianza y certeza en el buen manejo de recursos que le son encomendados a los administradores por inversionistas y cooperantes para que las instituciones cumplan con sus objetivos.

Sin embargo, en nuestro país, toda la corrupción estatal que se ha destapado este año, así como la que está pendiente de destapar, le ha pasado enfrente a la Contraloría General de Cuentas de Guatemala sin que, aparentemente, lo percibiera, mucho menos, hiciera algo por detener y procesar.

Fortalezcamos a la CGC para que se convierta en la institución que garantice la buena administración de los recursos del estado cuya fuente principal son los impuestos que pagan empresas e individuos. Esta es la mejor contribución que puede hacer en estos momentos el sector privado guatemalteco para que cuenten con los recursos necesarios los sectores de seguridad, justicia, educación, salud y todo el aparato estatal para cumplir con sus funciones.

Ya se hacen contribuciones voluntarias por la vía de las donaciones en medicamentos. Se estimula a los maestros que hacen su mejor esfuerzo. Y todo eso está bien, pero nunca será suficiente.

Aceptará el Contralor una contribución en especie para que cumpla mejor con su cometido? Estará el sector privado dispuesto a ofrecer este aporte?

Ojalá, pues entonces no habrá entonces excusa para no pagar impuestos. Es más, debería entonces haber temor por no hacerlo.