En estos días han surgido comentarios sobre los subsidios que se han otorgado a la energía eléctrica por un lado y al transporte público por el otro. Los subsidios se otorgaron en su momento porque beneficiar a al segmento más pobre de la población para que tuviera acceso a la energía eléctrica más barata y a otro segmento pobre de la población para que se pudiera usar un servicio público de transporte barato.
La intención es buena pero el análisis económico nos lleva a hacernos dos preguntas fundamentales para saber si al final el subsidio tendrá las consecuencias que se pretendían originalmente. Estas preguntas son: ¿Cuál es el efecto sobre el grupo privilegiado con el subsidio y cuál sobre el resto de la población? Y ¿Cuál es el efecto en el corto plazo y en largo plazo?
Responder a estas preguntas con honestidad nos llevará a la conclusión que el subsidio es una transferencia de todos hacia aun pequeño grupo privilegiado y que además dicho subsidio provoca distorsiones de precio incrementando la demanda de esos servicios que están subsidiados y más baratos que el precio que tendría en el mercado libre pero reduciendo la oferta del mismo.
Los que gozan del subsidio son poco en comparación con el reto de la población. Lo paga toda la población. Por ello, un campesino pobre de Huehuetenango o Quiché podría justamente reclamar que el subsidio al transporte urbano de los capitalinos le quita oportunidades de mejora de nivel de vida a ellos. Es una injusta transferencia de riqueza decretada por el gobierno.
Quienes reciben el subsidio no se percatan que lo están recibiendo. Desconocen e verdadero precio que deberían pagar y les parece normal y justo lo que pagan. Si se les quita el subsidio pegan el grito en el cielo y hasta hacen bochinches que pueden convertirse en actos vandálicos como ha ocurrido en el pasado al quemar llantas y los mismo autobuses que utilizan para transportarse. Suena irracional pero así ha sido la reacción en el pasado.
El subsidio al transporte urbano está además complicado porque en el mismo no hay libre competencia. Hay concesiones de rutas y de servicios que se han vuelto feudos y monopolios debido a este sistema que es obsoleto. No hay precios libres, el precio es controlado y no lo pueden aumentar, o sea hay un precio tope. Esto provoca al final de cuentas que a pesar del subsidio la cantidad de unidades de transporte urbano no sean las adecuadas para el exceso de demanda de usuarios que al final van como sardinas en lata. Al haber un precio más bajo la gente se va a vivir cada día más lejos de sus trabajos, congestiona más las carreteras y hace una sobreutilización del servicio subsidiado.
En el caso de la energía eléctrica, el precio del subsidio a los de menor consumo lo paran pagando los de mayores consumos. Es de nuevo, una injusta transferencia de riqueza. Esa energía eléctrica más cara de los de mayor consumo termina usándose entre otras cosas en la fabricación de productos que los más pobres, a los que se pretende beneficiar, terminan pagando pues está implícito en el costo del producto.
La solución económica es eliminar los subsidios y que cada quien pague lo que en un mercado con libre competencia sería el precio que usuarios y consumidores determinarían de acuerdo a la oferta de los servicios prestados. Para ello hay que liberar la competencia y la concesión de rutas en el transporte urbano permitiendo que cualquier que quiera competir lo pueda hacer libre y voluntariamente al precio que considere que le conviene según la ruta y el horario. En el caso de la energía eléctrica, en este momento de precios bajos de combustibles y con más capacidad de generación de energía eléctrica hidráulica y por otros medios sería adecuado aprovechar a eliminar los subsidios de una vez (aunque se haga gradualmente) para que el mercado se vuelva competitivo en este sentido. Aún quedaría eliminar alguna condición que tienen quienes proveen energía eléctrica para que los precios se determinen por la competencia entre ellos y no a partir de los costos como es parcialmente en la actualidad.
El gobierno está apretado. Tiene demasiados gastos superfluos y no prioritarios. De aquí puede trasladar fondos para complementar los ingresos del sistema de Justicia del país. Recordemos que esta es la función principal del gobierno. Sin un buen sistema de justicia no hay crecimiento económico que genere oportunidades de mejora de nivel de vida. En último caso, si no se quiere trasladar al sistema de justicia entonces que quede en mano de los tributarios que ellos sabrán hacerlo producir creando riqueza para todos en forma más eficiente que el mismo gobierno.
En estos días han surgido comentarios sobre los subsidios que se han otorgado a la energía eléctrica por un lado y al transporte público por el otro. Los subsidios se otorgaron en su momento porque beneficiar a al segmento más pobre de la población para que tuviera acceso a la energía eléctrica más barata y a otro segmento pobre de la población para que se pudiera usar un servicio público de transporte barato.
La intención es buena pero el análisis económico nos lleva a hacernos dos preguntas fundamentales para saber si al final el subsidio tendrá las consecuencias que se pretendían originalmente. Estas preguntas son: ¿Cuál es el efecto sobre el grupo privilegiado con el subsidio y cuál sobre el resto de la población? Y ¿Cuál es el efecto en el corto plazo y en largo plazo?
Responder a estas preguntas con honestidad nos llevará a la conclusión que el subsidio es una transferencia de todos hacia aun pequeño grupo privilegiado y que además dicho subsidio provoca distorsiones de precio incrementando la demanda de esos servicios que están subsidiados y más baratos que el precio que tendría en el mercado libre pero reduciendo la oferta del mismo.
Los que gozan del subsidio son poco en comparación con el reto de la población. Lo paga toda la población. Por ello, un campesino pobre de Huehuetenango o Quiché podría justamente reclamar que el subsidio al transporte urbano de los capitalinos le quita oportunidades de mejora de nivel de vida a ellos. Es una injusta transferencia de riqueza decretada por el gobierno.
Quienes reciben el subsidio no se percatan que lo están recibiendo. Desconocen e verdadero precio que deberían pagar y les parece normal y justo lo que pagan. Si se les quita el subsidio pegan el grito en el cielo y hasta hacen bochinches que pueden convertirse en actos vandálicos como ha ocurrido en el pasado al quemar llantas y los mismo autobuses que utilizan para transportarse. Suena irracional pero así ha sido la reacción en el pasado.
El subsidio al transporte urbano está además complicado porque en el mismo no hay libre competencia. Hay concesiones de rutas y de servicios que se han vuelto feudos y monopolios debido a este sistema que es obsoleto. No hay precios libres, el precio es controlado y no lo pueden aumentar, o sea hay un precio tope. Esto provoca al final de cuentas que a pesar del subsidio la cantidad de unidades de transporte urbano no sean las adecuadas para el exceso de demanda de usuarios que al final van como sardinas en lata. Al haber un precio más bajo la gente se va a vivir cada día más lejos de sus trabajos, congestiona más las carreteras y hace una sobreutilización del servicio subsidiado.
En el caso de la energía eléctrica, el precio del subsidio a los de menor consumo lo paran pagando los de mayores consumos. Es de nuevo, una injusta transferencia de riqueza. Esa energía eléctrica más cara de los de mayor consumo termina usándose entre otras cosas en la fabricación de productos que los más pobres, a los que se pretende beneficiar, terminan pagando pues está implícito en el costo del producto.
La solución económica es eliminar los subsidios y que cada quien pague lo que en un mercado con libre competencia sería el precio que usuarios y consumidores determinarían de acuerdo a la oferta de los servicios prestados. Para ello hay que liberar la competencia y la concesión de rutas en el transporte urbano permitiendo que cualquier que quiera competir lo pueda hacer libre y voluntariamente al precio que considere que le conviene según la ruta y el horario. En el caso de la energía eléctrica, en este momento de precios bajos de combustibles y con más capacidad de generación de energía eléctrica hidráulica y por otros medios sería adecuado aprovechar a eliminar los subsidios de una vez (aunque se haga gradualmente) para que el mercado se vuelva competitivo en este sentido. Aún quedaría eliminar alguna condición que tienen quienes proveen energía eléctrica para que los precios se determinen por la competencia entre ellos y no a partir de los costos como es parcialmente en la actualidad.
El gobierno está apretado. Tiene demasiados gastos superfluos y no prioritarios. De aquí puede trasladar fondos para complementar los ingresos del sistema de Justicia del país. Recordemos que esta es la función principal del gobierno. Sin un buen sistema de justicia no hay crecimiento económico que genere oportunidades de mejora de nivel de vida. En último caso, si no se quiere trasladar al sistema de justicia entonces que quede en mano de los tributarios que ellos sabrán hacerlo producir creando riqueza para todos en forma más eficiente que el mismo gobierno.