La Corte de Constitucionalidad tiende a ser una institución que genera titulares gracias a sus fallos en diversos temas. Ya sea la candidatura de un personaje, la repetición de un juicio de alto impacto, o un caso de derechos laborales; la CC juega un papel fundamental en la vida democrática del país. Sin embargo, durante las últimas semanas esta institución ha aparecido en las noticias por otras razones.

Por ejemplo, hace un mes más o menos, se comentaba el famoso Bono Revolucionario, el cual tuvo que ser reintegrado por los magistrados luego del rechazo que generó en la opinión pública. Ciertamente, los trabajadores públicos tienen derecho a una remuneración digna, pero en ese momento se criticaba que el bono llegase en un momento de crisis para todo el Estado.

Más recientemente, la CC volvió a generar titulares luego que tres magistrados decidieran dar con lugar un amparo que frenaba el proceso de elección del magistrado nombrado por el Congreso. Recordemos que el Legislativo había propuesto a Manuel Duarte, pero este fue cesado del cargo bajo el argumento que no había renunciado a su posición anterior en el Congreso.

El conflicto que aún permanece entre la CC y el Congreso es un factor de desgaste para la institución. Algunos diputados han argumentado que la CC podría estar violando la independencia de poderes. Por otro lado, otros argumentan que dadas las condiciones políticas, el Congreso podría tener el incentivo de cooptar la Corte para favorecerle en decisiones puntuales, sobre todo en lo relacionado con la depuración de diputados electos.

Por último, el posible involucramiento del magistrado suplente Héctor Trujillo en el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), es otro duro golpe para una institución que se había mantenido alejada de los titulares por razones diferentes a las que le competen según la Ley.

Lo sucedido con la CC en los últimos días tiene elementos tanto positivos como negativos. Se observa cada vez más involucramiento de la ciudadanía en la evaluación de los funcionarios públicos. La corrupción se está convirtiendo en menos tolerable, y eso es un gran paso para un país como Guatemala en el que la ciudadanía parecía ser indiferente.

Por otro lado, la institución sufre de los errores que puedan cometer sus representantes. En este caso, el error político de entregar un bono en momentos de crisis financiera, o el posible involucramiento en actividades ilícitas, dejan mal parada a una organización que hasta ahora ha jugado un papel fundamental, sobre todo como árbitro de la política nacional.

Esperemos que lo sucedido sea solamente un mal momento para la institución como tal, y que las personas que sean electas el próximo año cumplan con los requisitos de honorabilidad, capacidad e idoneidad que demandan la Ley y los ciudadanos. No cabe duda que el proceso de elección de magistrados será fuertemente fiscalizado por los guatemaltecos pues instituciones como la Corte de Constitucionalidad han sido clave en momentos históricos de nuestra democracia. Es tarea de todos contribuir a su fortalecimiento.