El fenómeno del transfuguismo político en Guatemala es un tema del cual se ha escrito y analizado en repetidas ocasiones y entra en boga principalmente tanto en víspera como en la resaca electoral, cuando los intereses personales por la busca de poder y los ofrecimientos mercantilistas están a flor de piel y generan un reacomodo de fuerzas basado en el ventajismo tanto en el legislativo como a nivel municipal. Este resabio se cataloga como un síntoma más de una ya obsoleta Ley Electoral y de Partidos Políticos que debe ser reformada de manera urgente pero pedir a los diputados que hagan esto es pedirle peras al olmo.

Más que un problema de leyes (que también lo es) el transfuguismo político es tal vez la práctica más representativa y descarada de cómo los actores políticos utilizan el sistema para avanzar objetivos personales y se sirven de él con intenciones espurias, desbaratando así cualquier vestigio de representatividad y honorabilidad. Es un problema que refleja cómo una sociedad ve a la política como una fuente de negocio y tráfico de influencias, sirviéndose de ella para perpetrarse en el poder.

¿Por qué el transfuguismo político se da de manera tan rampante en nuestro país? Son muchas las causas, sobre todo estructurales y de fondo que van desde una falta de partidos políticos fuertes que transciendan caciquismos o liderazgos personalistas hasta los métodos de elección a cargos públicos que no cuentan con mecanismos de rendición de cuentas, entre muchos otros. Sin embargo, realizando un análisis puntual a nivel micro (diputado o alcalde individual), podemos establecer que dado que los costos de transacción son mínimos, si no es que nulos, el transfuguismo conlleva un análisis de costo-beneficio relativamente sencillo, aunque no justificable.

Veamos. Actualmente, no existe ley o reglamento que contemple algún tipo de penalidad o prohibición más que la estipulación del proceso administrativo para cambiarse de partido político. El costo, no tangible, es el escarnio de la opinión pública que pueda conllevar dicha decisión (comparados con democracias más avanzadas, como en Estados Unidos que el cambiar de partido puede representar el final de una carrera pública). Sin embargo, el sistema de listas diluye la responsabilidad y la visibilidad de estos actos en el caso de diputados mientras que a nivel municipal los caciquismos locales están bastante arraigados con votos duros hacia la persona, no al color del partido (pedir ideología es mucho).

Por otro lado, los beneficios esperados por el diputado y el alcalde (o aspirante al mismo) son substancialmente mayores. Visto desde un punto de vista frío, es una decisión bastante racional y pragmática: me voy al partido que me brinde mejores prebendas (legales o no) y mejores oportunidades de reelegirme. Claro, en este proceso se pasan por el arco de triunfo el mandato de sus votantes, la ética, cualquier consideración ideológica y cualquier lealtad al partido.

Más allá de prohibir el transfuguismo del todo, ya pueden existir casos excepcionales donde sea justificable, se necesitan incrementar los costos de transacción que sobrepasen los

beneficios esperados para que dicho análisis costo-beneficio cambie radicalmente (desde restricciones en la conformación de comisiones y juntas directivas hasta, la más extrema, que el partido conserve el número de escaños mientras que el tránsfuga deba deja su curul). El trasfuguismo político representa un fraude electoral de facto al transgredir de manera directa el espíritu de representatividad propio del poder legislativo emanado del voto de los electores, quienes, bajo el sistema actual, votan por partidos (y su supuesto plan como bancada) y no por individuos. El transfuguismo político es un síntoma más de un sistema podrido que urge reformar.

Jorge V. Ávila Prera

@JorgeAvilaPrera