La Dirección General de Inteligencia Civil es una entidad técnica, cuyo propósito fundamental es realizar investigaciones para prevenir, dar seguimiento y recabar evidencia sobre actos que podrían poner en riesgo la seguridad del Estado. El director de esta entidad debe poseer no sólo los conocimientos y capacidad académica que este puesto demanda, sino también la experiencia sobre el tema y cualidades de integridad, liderazgo y carácter para analizar la información obtenida anteponiendo las políticas de seguridad establecidas, no los intereses particulares de grupúsculos de resentidos aún con sueños fracasados de convertirnos en un “paraíso” como el cubano o venezolano.

El presidente Alejandro Maldonado Aguirre dio muestras de debilidad y cedió ante el chantaje de esos mantenidos que, sin ninguna legitimidad ni mucho menos representatividad, se autoproclaman “sociedad civil”. Específicamente, Maldonado accedió ante los lloriqueos y berrinches de personajes nefastos en la historia de Guatemala como Helen Mack o Iduvina Stalinova Hernández (seudónimo “Cleopatra”, militante de la organización terrorista ORPA), para que diera marcha atrás en la designación de un experto, en una entidad altamente especializada. Esta última activista con intereses de ser nombrada para el mismo puesto, por lo tanto con un interés más personal que de seguridad nacional sobre el nombramiento para el cual fue rechazada.

El capitán retirado y Lic. Oscar Platero Trabanino había sido seleccionado como director de la DIGICI, luego de un proceso en el que se evaluaron sus conocimientos, experiencia, capacidades y trayectoria. Tal como declaró la ministra de gobernación Eunice Mendizábal, es el mejor calificado de entre los aspirantes que se tenían como alternativas. Pero ante la presión de diplomáticos y miembros de la abstracta y ficticia “sociedad civil”, el presidente optó por el camino del cobarde, el políticamente correcto. Revocó el nombramiento del capitán y licenciado Oscar Platero Trabanino.

La razón por la que les dio pánico a los exguerrilleros -que hoy se ponen la máscara de oenegeros y se autonombran “sociedad civil”-, que alguien no alineado a sus intereses dirija un ente de investigación estratégica es una sola: sería difícil seguir operando clandestinamente en la conflictividad como hasta ahora. Por mencionar algunos ejemplos, ya no podrían emboscar un convoy militar para robar una tonelada de explosivos impunemente como en San Rafael las Flores, ni tampoco asesinar por la espalda a soldados desarmados como Víctor Soria, mucho menos organizar otra masacre como la de Los Pajoques o asaltar un cuartel militar como el de Santa Cruz Barillas para robar armamento. Guatemala es firmante del convenio internacional de lucha contra el terrorismo, y sus fuentes de financiamiento también se verían comprometidas.

Cuando estos mismos activistas que lucran del discurso falso de la “defensa de Derechos Humanos” impusieron por la fuerza a Claudia Paz y Paz como Fiscal General, no había conflicto de intereses ni faltas a la ética como argumentaron con el Lic. Platero. Que el terrorista Gustavo Meoño Brenner, alias “comandante Manolo” del EGP dirija el supuesto archivo de la PN, y aporte pruebas en juicios arreglados contra el Estado para obtener millonarios resarcimientos secretos en dólares, tampoco es problema. Yassmín Barrios pude seguir juzgando a militares, a pesar de su evidente parcialidad y nula honorabilidad. Así es la “justicia revolucionaria” en este bizarro mundo oenegero.

Doble moral a todo color, y Guatemala pierde institucionalmente al ceder ante este vil chantaje… Otra vez.