En un país en el que el casi el 60% de la población vive en pobreza y un tercio de ese grupo en pobreza extrema, la fijación de salarios mínimos es una importantísima herramienta para combatir ese problema y que no ha sido utilizada como tal.
La mayoría de los 9 millones y pico de guatemaltecos pobres viven en el área rural cobrando salarios muy por debajo del mínimo como única opción de sobrevivencia. Cuando la comunidad no tiene dinero, el negocio informal es una opción aún más desgraciada. Se fraguan entonces sueños de migración a la capital, en donde las oportunidades de encontrar empleo son un poco mayores y la informalidad tiene más consumidores potenciales.
Ante ese cuadro, incrementar el salario mínimo ayuda a combatir la pobreza? A qué porcentaje de la población beneficia y a qué costo?
Anualmente presenciamos el mismo debate. El regateo salarial. El sector sindical demanda 100%. El sector privado ofrece 0%. Al tercero de la mesa, el Gobierno le toca decidir. Decisión que generalmente ha estado matizada por compromisos con los unos y los otros.
Recientemente y durante algunos años se utilizó una fórmula creada por la Organización Internacional del Trabajo – OIT que toma en cuenta los datos nacionales sobre costo de vida y perspectivas económicas desarrollada para ayudar a los estados con esta engorrosa tarea. Esta es una salida más técnica que politica, pero que no deja de estar contaminada por las inciertas estadísticas oficiales y que no toma en cuenta la diferenciación de éstas según el lugar del país en que se miden, si son resultado de estimaciones o censos, si son rurales o urbanas, o un promedio. Que el 60% de los guatemaltecos no ganen ni el mínimo, no es un dato que le compete a la OIT. La lucha contra la pobreza no es una de sus funciones.
Un gobierno de transición surgido como resultado de la expresión ciudadana contra la corrupción tiene ahora en sus manos hacer un aporte para la reducción de la pobreza al decidir la fijación del salario mínimo para el próximo año. Obviamente deberá escuchar los argumentos de las otras 2 partes sentadas en la mesa, pero tomando en cuenta que ambaa llegan, tradicional y lamentablemente, a regatear. Deberá escuchar también la opinión técnica de la OIT, pero que no les otorgue tampoco la absoluta propiedad de la verdad. Lo que le sirve a un país no necesariamente le sirve a otro.
Y que, por sobre todo, considere a quienes beneficiará con su decisión. El beneficio de la mayoría necesitada de empleo, que no gana ni el mínimo actual, debiera de ser su norte. No tiene porqué quedar bien con nadie más.
En un país en el que el casi el 60% de la población vive en pobreza y un tercio de ese grupo en pobreza extrema, la fijación de salarios mínimos es una importantísima herramienta para combatir ese problema y que no ha sido utilizada como tal.
La mayoría de los 9 millones y pico de guatemaltecos pobres viven en el área rural cobrando salarios muy por debajo del mínimo como única opción de sobrevivencia. Cuando la comunidad no tiene dinero, el negocio informal es una opción aún más desgraciada. Se fraguan entonces sueños de migración a la capital, en donde las oportunidades de encontrar empleo son un poco mayores y la informalidad tiene más consumidores potenciales.
Ante ese cuadro, incrementar el salario mínimo ayuda a combatir la pobreza? A qué porcentaje de la población beneficia y a qué costo?
Anualmente presenciamos el mismo debate. El regateo salarial. El sector sindical demanda 100%. El sector privado ofrece 0%. Al tercero de la mesa, el Gobierno le toca decidir. Decisión que generalmente ha estado matizada por compromisos con los unos y los otros.
Recientemente y durante algunos años se utilizó una fórmula creada por la Organización Internacional del Trabajo – OIT que toma en cuenta los datos nacionales sobre costo de vida y perspectivas económicas desarrollada para ayudar a los estados con esta engorrosa tarea. Esta es una salida más técnica que politica, pero que no deja de estar contaminada por las inciertas estadísticas oficiales y que no toma en cuenta la diferenciación de éstas según el lugar del país en que se miden, si son resultado de estimaciones o censos, si son rurales o urbanas, o un promedio. Que el 60% de los guatemaltecos no ganen ni el mínimo, no es un dato que le compete a la OIT. La lucha contra la pobreza no es una de sus funciones.
Un gobierno de transición surgido como resultado de la expresión ciudadana contra la corrupción tiene ahora en sus manos hacer un aporte para la reducción de la pobreza al decidir la fijación del salario mínimo para el próximo año. Obviamente deberá escuchar los argumentos de las otras 2 partes sentadas en la mesa, pero tomando en cuenta que ambaa llegan, tradicional y lamentablemente, a regatear. Deberá escuchar también la opinión técnica de la OIT, pero que no les otorgue tampoco la absoluta propiedad de la verdad. Lo que le sirve a un país no necesariamente le sirve a otro.
Y que, por sobre todo, considere a quienes beneficiará con su decisión. El beneficio de la mayoría necesitada de empleo, que no gana ni el mínimo actual, debiera de ser su norte. No tiene porqué quedar bien con nadie más.