La autonombrada “sociedad civil” y la CICIG tienen la mira puesta en la CC, ya mueven sus piezas y accionan sus lobistas internacionales para imponer por la fuerza otra vez a Claudia Paz y Paz en el Sistema de Justicia, esta vez como magistrada de la CC. Pero también se menciona el nombre de Yassmín Barrios, una de las jueces más denunciadas por abusos y violaciones a la ley para obtener condenas “cueste lo que cueste”, en contra de blancos políticos a quienes ni siquiera les es dado el derecho de defenderse en el tribunal que ella preside.
Recientemente, el comisionado Iván Velásquez anunció sus intenciones de constituirse como “juez y parte” en el proceso de selección de magistrados de la CC que se realizará este año. Digo como parte doblemente interesada, porque quiere jugar a fiscal y juez al mismo tiempo, viola la autonomía e independencia de poderes al armar un equipo inquisitorio a su servicio, con fiscales, testigos, jueces, peritos, magistrados de la CSJ y -sólo esto nos faltaba- también magistrados de la Corte de Constitucionalidad serviles a sus caprichos e intereses.
Para algunas personas esto podría pasar desapercibido o incluso otros hasta lo aplaudirían, pero si evaluamos los precedentes de intromisión de la CICIG en estos procesos, sólo genera más desconfianza. Para citar algunos ejemplos, recordemos la forma cómo la misma activista de CALDH Claudia Paz y Paz -quien hoy sale a patadas de México por mentirosa y por cometer prevaricato en una investigación- fue impuesta en el Ministerio Público mediante difamación, chantaje y presión extranjera. No sólo fue una gestión que se enfocó en el “ajusticiamiento” de enemigos de las organizaciones terroristas de las que casi la totalidad de su familia formó parte, sino que también en garantizarle protección a los mismos activistas abusivos que se adjudican representación ciudadana bajo la máscara colectiva esa de “sociedad civil”, como Mario Polanco por intentar estafar al Estado con víctimas falsas para cobrar resarcimientos, Sandra Torres por múltiples denuncias de corrupción durante su régimen DE FACTO, al dirigente del CUC-EGP Daniel Pascual por haber contratado a un sicario -como éste mismo confesó- para asesinar a la exfiscal Gilda Aguilar, Rigoberta Menchú por plantar supuesta evidencia para llevar a la cárcel a 9 soldados, que defendieron su vida legítimamente en la emboscada contra un camión del Ejército en la Cumbre de Alaska. Estos son sólo algunos casos en los que no se hizo absolutamente nada desde el MP dirigido por Paz y Paz para enjuiciar a los verdaderos responsables, incurrió en una serie de delitos por los que aún debe responder.
Ahora bien, si vemos los resultados de la CICIG en su gestión, la tal “lucha contra la impunidad” que tanto cacaraquea es sólo un bonito discurso apoyado por presentaciones Power Point, pero nada más, porque si nos enfocamos específicamente en el período de Iván Velázquez -al que algunos califican ingenuamente de héroe-, surgen varias preguntas: ¿Qué logro puede adjudicárasele a esta Comisión en las estructuras de “La Línea” y el IGSS, si le dio más de un mes a la ex vicepresidente Roxana Baldetti luego de su renuncia para enjuiciarla, permitiéndole esconder propiedades y transferir dinero sucio a nombre de testaferros? ¿Acaso debemos aplaudir la mediocridad de los operativos de captura de los sindicados en los casos anteriores, coordinados por el mismo Velázquez, si se fugaron Juan Carlos Monzón y Gustavo Alejos, máximos cabecillas de dichas organizaciones criminales? ¿Se recuperó ya el dinero saqueado a los guatemaltecos, o tan siquiera se cuenta con evidencia sólida para obtener condenas en estos procesos por corrupción? ¿Qué pasó al fin con toda esa alharaca de Edgar Barquín, su familia y el llamado “Chico Dólar”?
El experimento extranjero que yo llamo “Comisión Intrusa Contra la Institucionalidad de Guatemala” (CICIG), es inconstitucional por ser un organismo paralelo enquistado en el sistema judicial, sin normativa legal ni respaldo oficial de la ONU. Además cuenta con superpoderes e impunidad total para imponer o quitar funcionarios en cualquiera de los organismos del Estado, una aberración que atenta contra la esencia misma del sistema de gobierno republicano y la independencia de poderes.
La Corte De Constitucionalidad es el último bastión para el resguardo de la institucionalidad, del incipiente Estado de Derecho y del modelo de pesos y contrapesos que los de la izquierda retrógrada tanto odian. Debe integrarse con profesionales del derecho de reconocida honorabilidad, expertos en materia constitucional, con trayectoria intachable, seleccionados de acuerdo a parámetros técnicos y objetivos, no basados en cuestiones ideológicas o de intereses económicos particulares de grupúsculos como esos que sin ninguna representatividad se autonombran “sociedad civil”.
Somos los guatemaltecos los que debemos auditar el proceso de selección de magistrados de la CC, y verificar que se nombre a jueces imparciales, con la capacidad, conocimientos y el carácter para dirigir la máxima corte del país.
La autonombrada “sociedad civil” y la CICIG tienen la mira puesta en la CC, ya mueven sus piezas y accionan sus lobistas internacionales para imponer por la fuerza otra vez a Claudia Paz y Paz en el Sistema de Justicia, esta vez como magistrada de la CC. Pero también se menciona el nombre de Yassmín Barrios, una de las jueces más denunciadas por abusos y violaciones a la ley para obtener condenas “cueste lo que cueste”, en contra de blancos políticos a quienes ni siquiera les es dado el derecho de defenderse en el tribunal que ella preside.
Recientemente, el comisionado Iván Velásquez anunció sus intenciones de constituirse como “juez y parte” en el proceso de selección de magistrados de la CC que se realizará este año. Digo como parte doblemente interesada, porque quiere jugar a fiscal y juez al mismo tiempo, viola la autonomía e independencia de poderes al armar un equipo inquisitorio a su servicio, con fiscales, testigos, jueces, peritos, magistrados de la CSJ y -sólo esto nos faltaba- también magistrados de la Corte de Constitucionalidad serviles a sus caprichos e intereses.
Para algunas personas esto podría pasar desapercibido o incluso otros hasta lo aplaudirían, pero si evaluamos los precedentes de intromisión de la CICIG en estos procesos, sólo genera más desconfianza. Para citar algunos ejemplos, recordemos la forma cómo la misma activista de CALDH Claudia Paz y Paz -quien hoy sale a patadas de México por mentirosa y por cometer prevaricato en una investigación- fue impuesta en el Ministerio Público mediante difamación, chantaje y presión extranjera. No sólo fue una gestión que se enfocó en el “ajusticiamiento” de enemigos de las organizaciones terroristas de las que casi la totalidad de su familia formó parte, sino que también en garantizarle protección a los mismos activistas abusivos que se adjudican representación ciudadana bajo la máscara colectiva esa de “sociedad civil”, como Mario Polanco por intentar estafar al Estado con víctimas falsas para cobrar resarcimientos, Sandra Torres por múltiples denuncias de corrupción durante su régimen DE FACTO, al dirigente del CUC-EGP Daniel Pascual por haber contratado a un sicario -como éste mismo confesó- para asesinar a la exfiscal Gilda Aguilar, Rigoberta Menchú por plantar supuesta evidencia para llevar a la cárcel a 9 soldados, que defendieron su vida legítimamente en la emboscada contra un camión del Ejército en la Cumbre de Alaska. Estos son sólo algunos casos en los que no se hizo absolutamente nada desde el MP dirigido por Paz y Paz para enjuiciar a los verdaderos responsables, incurrió en una serie de delitos por los que aún debe responder.
Ahora bien, si vemos los resultados de la CICIG en su gestión, la tal “lucha contra la impunidad” que tanto cacaraquea es sólo un bonito discurso apoyado por presentaciones Power Point, pero nada más, porque si nos enfocamos específicamente en el período de Iván Velázquez -al que algunos califican ingenuamente de héroe-, surgen varias preguntas: ¿Qué logro puede adjudicárasele a esta Comisión en las estructuras de “La Línea” y el IGSS, si le dio más de un mes a la ex vicepresidente Roxana Baldetti luego de su renuncia para enjuiciarla, permitiéndole esconder propiedades y transferir dinero sucio a nombre de testaferros? ¿Acaso debemos aplaudir la mediocridad de los operativos de captura de los sindicados en los casos anteriores, coordinados por el mismo Velázquez, si se fugaron Juan Carlos Monzón y Gustavo Alejos, máximos cabecillas de dichas organizaciones criminales? ¿Se recuperó ya el dinero saqueado a los guatemaltecos, o tan siquiera se cuenta con evidencia sólida para obtener condenas en estos procesos por corrupción? ¿Qué pasó al fin con toda esa alharaca de Edgar Barquín, su familia y el llamado “Chico Dólar”?
El experimento extranjero que yo llamo “Comisión Intrusa Contra la Institucionalidad de Guatemala” (CICIG), es inconstitucional por ser un organismo paralelo enquistado en el sistema judicial, sin normativa legal ni respaldo oficial de la ONU. Además cuenta con superpoderes e impunidad total para imponer o quitar funcionarios en cualquiera de los organismos del Estado, una aberración que atenta contra la esencia misma del sistema de gobierno republicano y la independencia de poderes.
La Corte De Constitucionalidad es el último bastión para el resguardo de la institucionalidad, del incipiente Estado de Derecho y del modelo de pesos y contrapesos que los de la izquierda retrógrada tanto odian. Debe integrarse con profesionales del derecho de reconocida honorabilidad, expertos en materia constitucional, con trayectoria intachable, seleccionados de acuerdo a parámetros técnicos y objetivos, no basados en cuestiones ideológicas o de intereses económicos particulares de grupúsculos como esos que sin ninguna representatividad se autonombran “sociedad civil”.
Somos los guatemaltecos los que debemos auditar el proceso de selección de magistrados de la CC, y verificar que se nombre a jueces imparciales, con la capacidad, conocimientos y el carácter para dirigir la máxima corte del país.