El Congreso conoció la terna de donde saldrá el próximo director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), pero no procedió a la votación, lo cual evidenció de nuevo la falta de acuerdos entre la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación.
Hasta la fecha, se redujo el tiempo para el ejercicio del cargo de quien resulte electo, ya que debe cumplir con el cese de la fecha estipulada en ley con un atraso de un año, tres meses, según una candidata a ocupar el cargo.
Nidia Arévalo Flores, fundadora de la institución y una de las candidatas, manifestó que la implicación de no proceder a la elección es “alta y grande” e incide, por ejemplo, en la toma de decisiones serias para las personas privadas de libertad que cumplieron condenas.
Describió que en la unidad de impugnaciones de la dependencia, cada abogado tiene hasta 150 privados de libertad a cargo y es necesario nombrar más personal y políticas específicas para robustecer las unidades ejecutoras de trabajos porque “el usuario es el más perjudicado”.
Sigue el interino
Orlando Blanco, diputado de la UNE, citó que con esta situación, el más beneficiado es Remberto Ruiz, actual director interino, quien ocupa ese cargo desde noviembre 2014 en sustitución de Blanca Stalling, quien optó por el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Silvia Alaya, vocera del IDPP, informó acerca de la postura de Ruiz y citó que el mensaje del director general en funciones es: “somos un órgano independiente y no nos podemos entrometer en la institución del Congreso y las funciones del IDPP trabajan normal”.
Agregó que no sorprende porque el Legislativo trabaja según consensos y mientras no los alcance, la situación se mantendrá en esta forma. Se intentó conocer la versión del tercer candidato, Hugo Jáuregui, pero no fue posible localizarlo.
El Congreso conoció la terna de donde saldrá el próximo director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), pero no procedió a la votación, lo cual evidenció de nuevo la falta de acuerdos entre la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación.
Hasta la fecha, se redujo el tiempo para el ejercicio del cargo de quien resulte electo, ya que debe cumplir con el cese de la fecha estipulada en ley con un atraso de un año, tres meses, según una candidata a ocupar el cargo.
Nidia Arévalo Flores, fundadora de la institución y una de las candidatas, manifestó que la implicación de no proceder a la elección es “alta y grande” e incide, por ejemplo, en la toma de decisiones serias para las personas privadas de libertad que cumplieron condenas.
Describió que en la unidad de impugnaciones de la dependencia, cada abogado tiene hasta 150 privados de libertad a cargo y es necesario nombrar más personal y políticas específicas para robustecer las unidades ejecutoras de trabajos porque “el usuario es el más perjudicado”.
Sigue el interino
Orlando Blanco, diputado de la UNE, citó que con esta situación, el más beneficiado es Remberto Ruiz, actual director interino, quien ocupa ese cargo desde noviembre 2014 en sustitución de Blanca Stalling, quien optó por el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Silvia Alaya, vocera del IDPP, informó acerca de la postura de Ruiz y citó que el mensaje del director general en funciones es: “somos un órgano independiente y no nos podemos entrometer en la institución del Congreso y las funciones del IDPP trabajan normal”.
Agregó que no sorprende porque el Legislativo trabaja según consensos y mientras no los alcance, la situación se mantendrá en esta forma. Se intentó conocer la versión del tercer candidato, Hugo Jáuregui, pero no fue posible localizarlo.