El sindicalismo -según la teoría- es un derecho de los trabajadores en relación de dependencia, para defender prestaciones laborales adquiridas y obtener concesiones que los favorezcan. Podría considerarse asimismo como simple ejercicio de la Libertad de Asociación, con pleno respaldo en la legislación vigente en Guatemala, por lo tanto legal y con cierta legitimidad. Aunque considero que variantes como el Solidarismo o el Mutualismo –los conceptos genuinos, no el discursito “progre”- son mucho más constructivas que el caduco modelo beligerante al que me referí al inicio, empiezo este artículo con este planteamiento para que no se confunda mi postura, porque si bien estas organizaciones tienen protección y un marco legal que garantiza su existencia, se ha tergiversado totalmente su misión y, en algunos casos, incluso se han convertido en un escudo de impunidad para hordas de bochincheros que destruyen monumentos y edificios históricos para conseguir, mediante la fuerza y el chantaje, privilegios vitalicios para sus dirigentes. El enriquecimiento inmediato y las cuotas de poder, como era de esperarse, es lo que motiva a estos reyezuelos que gobiernan con mano de hierro dentro de estas entidades, recibiendo remuneraciones inmerecidas de decenas de miles de quetzales mensuales en concepto de salarios, viáticos, gastos de comida, celular, gasolina para los vehículos que les asigna el gobierno para uso personal, así como los agentes de la PNC que los custodian las 24 hrs., en detrimento de la seguridad de los ciudadanos.
Joviel Acevedo es el ejemplo más claro del abuso en el que incurren estos “líderes sindicales” para perpetuarse en el poder, y gozar de todos estos beneficios mientras venden sus servicios de boicot y sabotaje al mejor postor, incluyendo al gobierno de turno que los utiliza para simular apoyo de organizaciones sociales. Es necesario recordar que actuando según las necesidades del gobierno de facto de Sandra Torres logró la aprobación de pactos colectivos leoninos y lesivos para las finanzas del Estado. Aunque los mismos maestros lo desprecian y no lo reconocen como su representante, mediante firmas falsas y engaños logró revalidar en Asamblea General su permanencia como máximo cabecilla en el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala –STEG-. Desde hace décadas sigue siendo un lastre este nefasto dirigente para la educación de nuestro país, entorpeciendo cualquier intento de cambio que no le signifique a él mayores privilegios. ¿Ya se les olvidó aquella imagen en la que se toma de la mano con Álvaro Colom en alto, parados sobre el techo de un vehículo celebrando una “victoria” juntos en la Plaza de la Constitución, luego de firmar uno más de esos pactos colectivos leoninos? ¿Es que acaso ya no lo recuerdan respaldando al gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti?
Ya no puede permitirse que estas personas acumulen tanto poder e impunidad en las dirigencias de los sindicatos de gobierno. Eso genera “negocios” y “ganancias” no sólo para estos caudillos, sino también para funcionarios corruptos.
Si queremos resultados distintos, se debe cambiar el sistema que permite estos abusos y saqueo de nuestros recursos. Hay ya una iniciativa legislativa para acabar con este foco de corrupción, presentada por una nueva alternativa política con filosofía, principios y objetivos definidos. El Partido Liberal de Guatemala, a través de su Secretario Nacional, Andrés Ayau, pide reformar el artículo 223 del Código de Trabajo que estipula la prerrogativa de inamovilidad en el trabajo de los miembros del Comité Ejecutivo de los Sindicatos -¡¿A cuenta de qué la tienen, quisiera saber!?-, pues viola el derecho de igualdad y otorga privilegios a unos trabajadores sobre otros.
Esta propuesta del Partido Liberal de Guatemala es digna de mención y reconocimiento, porque tiene como objetivo terminar de una vez por todas con estas dictaduras sindicales y desmantelar las mafias que se han enquistado dentro del gobierno y en torno a él. Ejerzamos presión y démosle el respaldo ciudadanos para que sea conocida por el Congreso de la República y aprobada como Ley.
El sindicalismo -según la teoría- es un derecho de los trabajadores en relación de dependencia, para defender prestaciones laborales adquiridas y obtener concesiones que los favorezcan. Podría considerarse asimismo como simple ejercicio de la Libertad de Asociación, con pleno respaldo en la legislación vigente en Guatemala, por lo tanto legal y con cierta legitimidad. Aunque considero que variantes como el Solidarismo o el Mutualismo –los conceptos genuinos, no el discursito “progre”- son mucho más constructivas que el caduco modelo beligerante al que me referí al inicio, empiezo este artículo con este planteamiento para que no se confunda mi postura, porque si bien estas organizaciones tienen protección y un marco legal que garantiza su existencia, se ha tergiversado totalmente su misión y, en algunos casos, incluso se han convertido en un escudo de impunidad para hordas de bochincheros que destruyen monumentos y edificios históricos para conseguir, mediante la fuerza y el chantaje, privilegios vitalicios para sus dirigentes. El enriquecimiento inmediato y las cuotas de poder, como era de esperarse, es lo que motiva a estos reyezuelos que gobiernan con mano de hierro dentro de estas entidades, recibiendo remuneraciones inmerecidas de decenas de miles de quetzales mensuales en concepto de salarios, viáticos, gastos de comida, celular, gasolina para los vehículos que les asigna el gobierno para uso personal, así como los agentes de la PNC que los custodian las 24 hrs., en detrimento de la seguridad de los ciudadanos.
Joviel Acevedo es el ejemplo más claro del abuso en el que incurren estos “líderes sindicales” para perpetuarse en el poder, y gozar de todos estos beneficios mientras venden sus servicios de boicot y sabotaje al mejor postor, incluyendo al gobierno de turno que los utiliza para simular apoyo de organizaciones sociales. Es necesario recordar que actuando según las necesidades del gobierno de facto de Sandra Torres logró la aprobación de pactos colectivos leoninos y lesivos para las finanzas del Estado. Aunque los mismos maestros lo desprecian y no lo reconocen como su representante, mediante firmas falsas y engaños logró revalidar en Asamblea General su permanencia como máximo cabecilla en el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala –STEG-. Desde hace décadas sigue siendo un lastre este nefasto dirigente para la educación de nuestro país, entorpeciendo cualquier intento de cambio que no le signifique a él mayores privilegios. ¿Ya se les olvidó aquella imagen en la que se toma de la mano con Álvaro Colom en alto, parados sobre el techo de un vehículo celebrando una “victoria” juntos en la Plaza de la Constitución, luego de firmar uno más de esos pactos colectivos leoninos? ¿Es que acaso ya no lo recuerdan respaldando al gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti?
Ya no puede permitirse que estas personas acumulen tanto poder e impunidad en las dirigencias de los sindicatos de gobierno. Eso genera “negocios” y “ganancias” no sólo para estos caudillos, sino también para funcionarios corruptos.
Si queremos resultados distintos, se debe cambiar el sistema que permite estos abusos y saqueo de nuestros recursos. Hay ya una iniciativa legislativa para acabar con este foco de corrupción, presentada por una nueva alternativa política con filosofía, principios y objetivos definidos. El Partido Liberal de Guatemala, a través de su Secretario Nacional, Andrés Ayau, pide reformar el artículo 223 del Código de Trabajo que estipula la prerrogativa de inamovilidad en el trabajo de los miembros del Comité Ejecutivo de los Sindicatos -¡¿A cuenta de qué la tienen, quisiera saber!?-, pues viola el derecho de igualdad y otorga privilegios a unos trabajadores sobre otros.
Esta propuesta del Partido Liberal de Guatemala es digna de mención y reconocimiento, porque tiene como objetivo terminar de una vez por todas con estas dictaduras sindicales y desmantelar las mafias que se han enquistado dentro del gobierno y en torno a él. Ejerzamos presión y démosle el respaldo ciudadanos para que sea conocida por el Congreso de la República y aprobada como Ley.