En los últimos días ha resurgido el debate sobre la pena de muerte en Guatemala dado los lamentables actos de terrorismo en estos últimos días, en donde bombas fueron activadas en un bus extraurbano y una venta de comida en San José Pinula y la Zona 6 capitalina, respectivamente. Estos actos trascienden los límites de delincuencia común y se tipifican como actos terroristas al ser una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Aún no se tiene evidencia que estos casos estén relacionados, quienes hayan sido los responsables intelectuales o con qué fines los hayan realizado (algunos incluso hablan de cortinas de humo…)
Independientemente de su tipificación, estos lamentables sucesos, así como la exposición de la fundación Hoy por Guatemala en el Congreso a mediados de febrero, han reactivado el debate sobre la re-aplicación de la pena de muerte. En Guatemala, siendo uno de los países que posee una de las mayores tasas de homicidio en el mundo (33.84 muertes por cada 100 mil habitantes en 2015, según el INACIF), el tema de la pena de muerte siempre estará a flor de piel y tocará vulnerabilidades de muchos ya que es considerada, al menos por un amplio sector de la población, como el justo castigo hacia criminales que han cercenado la tranquilidad y la paz de millones de guatemaltecos.
Por lo anterior, entiendo a quienes abogan por la pena capital y que esta medida cuente con amplio apoyo en nuestro país: constituye el último castigo ya que supone la aplicación máxima de justicia hacia quienes han arrebatado la vida de forma deliberada y malignamente a otro miembro de la sociedad. Este argumento es especialmente utilizado por aquellas personas quienes desafortunadamente han sufrido la pérdida de un ser querido o amigo cercano bajo estas condiciones.
Desde una perspectiva liberal, el individuo posee el derecho inalienable a la vida, la libertad y la propiedad. Al vivir en sociedad, cada individuo otorga al gobierno la función de proteger estos derechos (los únicos válidos dentro de esta visión) por medio de garantizar seguridad y justicia. ¿Lo anterior faculta al gobierno la aplicación de la pena de muerte para cumplir con su función de garantizar la seguridad y justicia? A mi parecer, si bien la pregunta parece responderse sola, primero necesitamos realizar cambios profundos a nuestro sistema para siquiera planteárnosla.
Personalmente siempre he abogado por la constante vigilancia y sospecha al gobierno en todos sus actos por tres razones principales: que está compuesto por seres humanos (ni más ni menos falibles que usted y yo), el poder que puede llegar a acaparar (y sus peligrosas consecuencias para la libertad individual) y su tendencia natural a corromper a quienes lo conforman. Este criterio, si lo empleamos en todas las esferas, ¿por qué no emplearlo en la aplicación de la justicia? Para poder evitar la discrecionalidad, la potencial condena de algún inocente, y el uso de esta medida para efectos políticos, necesitamos aplicar medidas en pos del fortalecimiento del sistema de justicia y penitenciario, por medio de una mayor asignación de recursos. Lo anterior, debe estar aunado al desarrollo de la institucionalidad de dichos organismos para lograr un mayor estado de derecho. Esto debe generar mejores condiciones donde la certeza sea el castigo y no la impunidad.
Aplicar la pena de muerte bajo las actuales condiciones no constituye un disuasivo para el criminal ya que lo ve como algo lejano y altamente improbable. Más allá del Pacto de San José y las lagunas legales actuales concernientes a la pena de muerte en Guatemala, la aplicación de esta medida, sin los controles legales y procesales necesarios, puede prestarse a abusos por parte del gobierno. Entiendo y comparto el dolor de una sociedad harta de asesinatos, terrorismo y otros muchos actos criminales, pero que este dolor no sea el motor de nuestras acciones ya que puede generar consecuencias mucho peores más adelante. Fortalezcamos nuestro sistema de justicia/penitenciario y el estado de derecho, reduciendo la impunidad y aumentado la certeza de castigo para que estos se conviertan en el mayor disuasivo para los criminales.
Jorge V. Ávila Prera
@jorgeavilaprera
En los últimos días ha resurgido el debate sobre la pena de muerte en Guatemala dado los lamentables actos de terrorismo en estos últimos días, en donde bombas fueron activadas en un bus extraurbano y una venta de comida en San José Pinula y la Zona 6 capitalina, respectivamente. Estos actos trascienden los límites de delincuencia común y se tipifican como actos terroristas al ser una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Aún no se tiene evidencia que estos casos estén relacionados, quienes hayan sido los responsables intelectuales o con qué fines los hayan realizado (algunos incluso hablan de cortinas de humo…)
Independientemente de su tipificación, estos lamentables sucesos, así como la exposición de la fundación Hoy por Guatemala en el Congreso a mediados de febrero, han reactivado el debate sobre la re-aplicación de la pena de muerte. En Guatemala, siendo uno de los países que posee una de las mayores tasas de homicidio en el mundo (33.84 muertes por cada 100 mil habitantes en 2015, según el INACIF), el tema de la pena de muerte siempre estará a flor de piel y tocará vulnerabilidades de muchos ya que es considerada, al menos por un amplio sector de la población, como el justo castigo hacia criminales que han cercenado la tranquilidad y la paz de millones de guatemaltecos.
Por lo anterior, entiendo a quienes abogan por la pena capital y que esta medida cuente con amplio apoyo en nuestro país: constituye el último castigo ya que supone la aplicación máxima de justicia hacia quienes han arrebatado la vida de forma deliberada y malignamente a otro miembro de la sociedad. Este argumento es especialmente utilizado por aquellas personas quienes desafortunadamente han sufrido la pérdida de un ser querido o amigo cercano bajo estas condiciones.
Desde una perspectiva liberal, el individuo posee el derecho inalienable a la vida, la libertad y la propiedad. Al vivir en sociedad, cada individuo otorga al gobierno la función de proteger estos derechos (los únicos válidos dentro de esta visión) por medio de garantizar seguridad y justicia. ¿Lo anterior faculta al gobierno la aplicación de la pena de muerte para cumplir con su función de garantizar la seguridad y justicia? A mi parecer, si bien la pregunta parece responderse sola, primero necesitamos realizar cambios profundos a nuestro sistema para siquiera planteárnosla.
Personalmente siempre he abogado por la constante vigilancia y sospecha al gobierno en todos sus actos por tres razones principales: que está compuesto por seres humanos (ni más ni menos falibles que usted y yo), el poder que puede llegar a acaparar (y sus peligrosas consecuencias para la libertad individual) y su tendencia natural a corromper a quienes lo conforman. Este criterio, si lo empleamos en todas las esferas, ¿por qué no emplearlo en la aplicación de la justicia? Para poder evitar la discrecionalidad, la potencial condena de algún inocente, y el uso de esta medida para efectos políticos, necesitamos aplicar medidas en pos del fortalecimiento del sistema de justicia y penitenciario, por medio de una mayor asignación de recursos. Lo anterior, debe estar aunado al desarrollo de la institucionalidad de dichos organismos para lograr un mayor estado de derecho. Esto debe generar mejores condiciones donde la certeza sea el castigo y no la impunidad.
Aplicar la pena de muerte bajo las actuales condiciones no constituye un disuasivo para el criminal ya que lo ve como algo lejano y altamente improbable. Más allá del Pacto de San José y las lagunas legales actuales concernientes a la pena de muerte en Guatemala, la aplicación de esta medida, sin los controles legales y procesales necesarios, puede prestarse a abusos por parte del gobierno. Entiendo y comparto el dolor de una sociedad harta de asesinatos, terrorismo y otros muchos actos criminales, pero que este dolor no sea el motor de nuestras acciones ya que puede generar consecuencias mucho peores más adelante. Fortalezcamos nuestro sistema de justicia/penitenciario y el estado de derecho, reduciendo la impunidad y aumentado la certeza de castigo para que estos se conviertan en el mayor disuasivo para los criminales.
Jorge V. Ávila Prera
@jorgeavilaprera