Los primeros pasos para dar vida a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Fortalecimiento Municipal, empezaron con una reunión entre representantes de Conred, el Gobierno de Guatemala, diputados que analizan la iniciativa, Segeplan, Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Pronacom y cooperación Suiza, entre otras dependencias.
“Lo que se busca con esta ley es planificar de manera adecuada la urbanización de la ciudad capital y los departamentos, ya que lo que se ve hoy en la ciudad capital, con asentamientos o áreas de alto riesgo, se repetirá 20 veces más en el interior del país en Quetzaltenango, Cobán, Coatepeque y Puerto Barrios”, dijo Enrique Godoy, Comisionado de Desarrollo Urbano.
“Ello también implica fortalecer el Gobierno abierto y los mecanismos para que podamos fiscalizar como sociedad a las alcaldías”, enfatizó Godoy.
“Primero tenemos que ordenar el Congreso, la ANAM, y el Organismo Ejecutivo, después ponemos de acuerdo para ver cuáles son los retos a enfrentar de aquí en adelante en materia institucional. No podemos hablar de proyectos sino ordenamos la manera en que vamos a trabajar”, enfatizó el Comisionado.
El expresidente de la Cámara de Construcción, Pelayo Llanero, indicó que revisaron la ley y han discutido, como sector, cómo se puede hacer mejoras en las enmiendas. Expresó que dada la conflictividad en el país, la ley es viable si específica lo que se va hacer en los diferentes municipios, pero siempre respetando la propiedad privada.
Munis mejores gestoras
“Estamos de acuerdo en mejorar las condiciones de los gobiernos municipales acompañados de un gobierno abierto que se presta a esa fiscalización y transparencia al fortalecer capacidades para brindar mejores servicios públicos, autosostenibles, pero también acompañados de recursos para la descentralización y eso nos permitirá invertir en infraestructura pública, necesaria en el desarrollo rural de este país”, enfatizó el presidente de la ANAM Edwin Escobar.
“Los últimos gobiernos fueron incapaces de atender las necesidades de la población en materia de salud, educación, seguridad y desarrollo, y esa exigencia ciudadana recae ahora en los alcaldes y gobiernos locales, por lo tanto, debemos darles recursos, pero también fortalecer las facultades de gestión y un gobierno de forma transparente”, añadió Escobar.
“Lo que se busca es generar condiciones de vida para las ciudades pequeñas e intermedias, más cercanas a esos lugares donde las personas están migrando, y ello genera condiciones para que los guatemaltecos no tengan que irse a Estados Unidos. Somos una población que empezamos a envejecer, y si logramos retener buena parte de esa población, y le damos educación y salud, tendrá un potencial enorme para el país”, comentó Godoy.
“Una buena práctica a nivel rural y nacional en una región mancomunada, hace que el poder de muchos integrados en un fin común, logre mejores soluciones. Hay municipalidades pequeñas y pobres que no tienen la capacidad técnica o financiera de resolver este tipo de planificación, pero cuando se unen con otros recursos más grandes, hacen realidad sus objetivos”, expresó Escobar.
El sector privado también observa con mucho interés el marco de dicha ley y la revisa, sobre todo el tema de la autonomía municipal y el poder de los Consejos Municipales.
“Otro tema que estamos evaluando es la expropiación de tierras, lo cual nos preocupa. Queremos que quede bien claro el interés nacional y no para validar un poder. Estamos a favor de una ley de ese tipo y que su uso sea total transparencia”, explicó.
Que no se repita otro Cambray II
Para el secretario de la CONRED, Alejandro Maldonado, hay cuatro elementos que no se pueden hacer a un lado.
“La pobreza tiene una relación directa con la vulnerabilidad y riesgo del país. No puede haber desarrollo si no se trabaja el tema de la pobreza y si no hacemos una gestión para reducir los desastres en el país. Vemos con ejemplos muy duros de lo que se dan en el país. Además, debe atenderse la gestión integral para el riesgo de desastres y el cambio climático que afecta al país. Debemos reducir los desastres para disminuir la pobreza y alcanzar los objetivos de Desarrollo”, dijo.
Según el Comisionado, se trata de cambiar la política de vivienda desde el Ministerio de Vivienda, desarrollar proyectos que construyan comunidades, barrios y no se edifiquen casas en caminos solitarios que no generan empleo, educación ni salud. “Por medio de políticas públicas orientamos un territorio ordenado, se genere suelo urbano y se haga vivienda social y popular accesible”.
Los primeros pasos para dar vida a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Fortalecimiento Municipal, empezaron con una reunión entre representantes de Conred, el Gobierno de Guatemala, diputados que analizan la iniciativa, Segeplan, Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Pronacom y cooperación Suiza, entre otras dependencias.
“Lo que se busca con esta ley es planificar de manera adecuada la urbanización de la ciudad capital y los departamentos, ya que lo que se ve hoy en la ciudad capital, con asentamientos o áreas de alto riesgo, se repetirá 20 veces más en el interior del país en Quetzaltenango, Cobán, Coatepeque y Puerto Barrios”, dijo Enrique Godoy, Comisionado de Desarrollo Urbano.
“Ello también implica fortalecer el Gobierno abierto y los mecanismos para que podamos fiscalizar como sociedad a las alcaldías”, enfatizó Godoy.
“Primero tenemos que ordenar el Congreso, la ANAM, y el Organismo Ejecutivo, después ponemos de acuerdo para ver cuáles son los retos a enfrentar de aquí en adelante en materia institucional. No podemos hablar de proyectos sino ordenamos la manera en que vamos a trabajar”, enfatizó el Comisionado.
El expresidente de la Cámara de Construcción, Pelayo Llanero, indicó que revisaron la ley y han discutido, como sector, cómo se puede hacer mejoras en las enmiendas. Expresó que dada la conflictividad en el país, la ley es viable si específica lo que se va hacer en los diferentes municipios, pero siempre respetando la propiedad privada.
Munis mejores gestoras
“Estamos de acuerdo en mejorar las condiciones de los gobiernos municipales acompañados de un gobierno abierto que se presta a esa fiscalización y transparencia al fortalecer capacidades para brindar mejores servicios públicos, autosostenibles, pero también acompañados de recursos para la descentralización y eso nos permitirá invertir en infraestructura pública, necesaria en el desarrollo rural de este país”, enfatizó el presidente de la ANAM Edwin Escobar.
“Los últimos gobiernos fueron incapaces de atender las necesidades de la población en materia de salud, educación, seguridad y desarrollo, y esa exigencia ciudadana recae ahora en los alcaldes y gobiernos locales, por lo tanto, debemos darles recursos, pero también fortalecer las facultades de gestión y un gobierno de forma transparente”, añadió Escobar.
“Lo que se busca es generar condiciones de vida para las ciudades pequeñas e intermedias, más cercanas a esos lugares donde las personas están migrando, y ello genera condiciones para que los guatemaltecos no tengan que irse a Estados Unidos. Somos una población que empezamos a envejecer, y si logramos retener buena parte de esa población, y le damos educación y salud, tendrá un potencial enorme para el país”, comentó Godoy.
“Una buena práctica a nivel rural y nacional en una región mancomunada, hace que el poder de muchos integrados en un fin común, logre mejores soluciones. Hay municipalidades pequeñas y pobres que no tienen la capacidad técnica o financiera de resolver este tipo de planificación, pero cuando se unen con otros recursos más grandes, hacen realidad sus objetivos”, expresó Escobar.
El sector privado también observa con mucho interés el marco de dicha ley y la revisa, sobre todo el tema de la autonomía municipal y el poder de los Consejos Municipales.
“Otro tema que estamos evaluando es la expropiación de tierras, lo cual nos preocupa. Queremos que quede bien claro el interés nacional y no para validar un poder. Estamos a favor de una ley de ese tipo y que su uso sea total transparencia”, explicó.
Que no se repita otro Cambray II
Para el secretario de la CONRED, Alejandro Maldonado, hay cuatro elementos que no se pueden hacer a un lado.
“La pobreza tiene una relación directa con la vulnerabilidad y riesgo del país. No puede haber desarrollo si no se trabaja el tema de la pobreza y si no hacemos una gestión para reducir los desastres en el país. Vemos con ejemplos muy duros de lo que se dan en el país. Además, debe atenderse la gestión integral para el riesgo de desastres y el cambio climático que afecta al país. Debemos reducir los desastres para disminuir la pobreza y alcanzar los objetivos de Desarrollo”, dijo.
Según el Comisionado, se trata de cambiar la política de vivienda desde el Ministerio de Vivienda, desarrollar proyectos que construyan comunidades, barrios y no se edifiquen casas en caminos solitarios que no generan empleo, educación ni salud. “Por medio de políticas públicas orientamos un territorio ordenado, se genere suelo urbano y se haga vivienda social y popular accesible”.