Hablar de reformas a la Constitución es un tema estratégico, con repercusiones a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, han surgido varias iniciativas, algunas específicas como la consulta popular propuesta por Zury Ríos y el movimiento Hoy por Guatemala para reactivar la Pena de Muerte; y algunas otras completas que abarcan al Estado y su institucionalidad, que transforman el modelo gubernamental actual y sus estructuras, como la del Dr. Manuel Ayau y ProReforma.
Pero también hay otras propuestas muy sospechosas, ambiguas, con intereses y agendas ocultas; planes espurios que lejos de tener como objetivo reformar, buscan DEFORMAR la Constitución. Me refiero al denominado “Diálogo Nacional por la Justicia”. Demasiado peligroso no tanto por el maquillaje y la pompa, sino por quienes están detrás de este nuevo intento por acceder al poder, por la vía del engaño, la manipulación y la presión extranjera.
En Guatemala se está desarrollando este show, un supuesto consenso de reformas constitucionales. Lo dirige tras bambalinas la embajada gringa, en eso debemos ser claros, aunque con relativo bajo perfil por momentos; mientras que públicamente lo encabezan la CICIG, la desprestigiada PDH y una retahíla de parásitos de la autodenominada “sociedad civil” -sin respaldo electoral, ni legitimidad en absoluto, cabe decir- como Mario Polanco, Helen Mack, Carmen Aida Ibarra, Nery Rodenas, pero para adaptarla a un modelo “progre”, marxistoide, que consolida el conflicto y división permanente. El lucro para estos vividores estaría garantizado si logran esta reforma, mientras que la institucionalidad republicana y el incipiente estado de legalidad de Guatemala estarían destruídos para siempre.
Estamos ante una nueva arremetida del llamado “movimiento Semilla”, con sueños trasnochados de imponer el socialismo en Guatemala, pero esta vez haciendo uso de su máximo poder diplomático y económico: el gobierno socialista de Obama y la CICIG.
¿Se imaginan lo que pasaría si permitimos que Brunori, De León Duque, Julliand y Velasquez se fabriquen una Constitución “a la carta”, que proteja sus intereses? ¿Acaso ya se olvidó que este “movimiento semilla” intentó suspender elecciones, aprovechando la coyuntura de la renuncia del binomio del PP? Soñaban con un gobierno transitorio nombrado a dedo y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Me opuse entonces y me opongo hoy.
Uno de los cambios de fondo, por ejemplo, es que pretenden establecer dos justicias, una con privilegios para indígenas y otra distinta para no indígenas. Esa iniciativa de una “justicia indígena” paralela, la considero racista en primer lugar, ya que establece un “apartheid” de hecho; y en segundo, violenta un artículo pétreo, el principio de igualdad: “todos somos iguales ante la Ley sin distingo de raza, sexo o religión”. Por lo tanto, no sólo es inconstitucional y nula ipso jure, sino que tan sólo proponer este cambio podría tipificarse como una serie de delitos que van desde discriminación y racismo, hasta violación a la Constitución.
Si bien la Constitución necesita actualizarse -principalmente en temas de Justicia-, esta propuesta de los vividores que se autonombran “sociedad civil”, la PDH, la CICIG y la embajada gringa debilita aún más el sistema, lo prostituye.
Guatemala no necesita más diagnósticos, ni “comisiones” o “mesas de diálogo” con nulos resultados y millonarios gastos. Si vamos a reformar la Constitución, ya hay una propuesta clara, con fundamentos teóricos sólidos, específica, respaldada con 70,000 firmas de ciudadanos, que consolida el sistema republicano y el Estado Constitucional de Derecho: yo apoyo #ProReforma.
Hablar de reformas a la Constitución es un tema estratégico, con repercusiones a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, han surgido varias iniciativas, algunas específicas como la consulta popular propuesta por Zury Ríos y el movimiento Hoy por Guatemala para reactivar la Pena de Muerte; y algunas otras completas que abarcan al Estado y su institucionalidad, que transforman el modelo gubernamental actual y sus estructuras, como la del Dr. Manuel Ayau y ProReforma.
Pero también hay otras propuestas muy sospechosas, ambiguas, con intereses y agendas ocultas; planes espurios que lejos de tener como objetivo reformar, buscan DEFORMAR la Constitución. Me refiero al denominado “Diálogo Nacional por la Justicia”. Demasiado peligroso no tanto por el maquillaje y la pompa, sino por quienes están detrás de este nuevo intento por acceder al poder, por la vía del engaño, la manipulación y la presión extranjera.
En Guatemala se está desarrollando este show, un supuesto consenso de reformas constitucionales. Lo dirige tras bambalinas la embajada gringa, en eso debemos ser claros, aunque con relativo bajo perfil por momentos; mientras que públicamente lo encabezan la CICIG, la desprestigiada PDH y una retahíla de parásitos de la autodenominada “sociedad civil” -sin respaldo electoral, ni legitimidad en absoluto, cabe decir- como Mario Polanco, Helen Mack, Carmen Aida Ibarra, Nery Rodenas, pero para adaptarla a un modelo “progre”, marxistoide, que consolida el conflicto y división permanente. El lucro para estos vividores estaría garantizado si logran esta reforma, mientras que la institucionalidad republicana y el incipiente estado de legalidad de Guatemala estarían destruídos para siempre.
Estamos ante una nueva arremetida del llamado “movimiento Semilla”, con sueños trasnochados de imponer el socialismo en Guatemala, pero esta vez haciendo uso de su máximo poder diplomático y económico: el gobierno socialista de Obama y la CICIG.
¿Se imaginan lo que pasaría si permitimos que Brunori, De León Duque, Julliand y Velasquez se fabriquen una Constitución “a la carta”, que proteja sus intereses? ¿Acaso ya se olvidó que este “movimiento semilla” intentó suspender elecciones, aprovechando la coyuntura de la renuncia del binomio del PP? Soñaban con un gobierno transitorio nombrado a dedo y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Me opuse entonces y me opongo hoy.
Uno de los cambios de fondo, por ejemplo, es que pretenden establecer dos justicias, una con privilegios para indígenas y otra distinta para no indígenas. Esa iniciativa de una “justicia indígena” paralela, la considero racista en primer lugar, ya que establece un “apartheid” de hecho; y en segundo, violenta un artículo pétreo, el principio de igualdad: “todos somos iguales ante la Ley sin distingo de raza, sexo o religión”. Por lo tanto, no sólo es inconstitucional y nula ipso jure, sino que tan sólo proponer este cambio podría tipificarse como una serie de delitos que van desde discriminación y racismo, hasta violación a la Constitución.
Si bien la Constitución necesita actualizarse -principalmente en temas de Justicia-, esta propuesta de los vividores que se autonombran “sociedad civil”, la PDH, la CICIG y la embajada gringa debilita aún más el sistema, lo prostituye.
Guatemala no necesita más diagnósticos, ni “comisiones” o “mesas de diálogo” con nulos resultados y millonarios gastos. Si vamos a reformar la Constitución, ya hay una propuesta clara, con fundamentos teóricos sólidos, específica, respaldada con 70,000 firmas de ciudadanos, que consolida el sistema republicano y el Estado Constitucional de Derecho: yo apoyo #ProReforma.