La frase introductoria de este artículo es una confesión pública realizada en Twitter por el asesor legal de CALAS, Rafael Maldonado, quien reconoció haber malversado fondos de la cooperación alemana para comprarse dos casas en uno de los residenciales más exclusivos de Escuintla, Alamedas del Conacaste. He tratado de investigar el origen de los fondos de CALAS, pero lamentablemente no rinden cuentas ni de las cantidades, ni de la ejecución de esas “donaciones”. Al analizar su página web salta a la vista que está desactualizada y solamente registra “proyectos” al 2,011, pero sí mencionan a algunos patrocinadores como OXFAM, la embajada de Suiza, IBIS y la Unión Europea; la excusa que usan para captar recursos financieros suena muy bien –en la farsa, estos vividores son expertos-: “capacitaciones en derechos humanos de los pueblos indígenas en materia ambiental”, pero la realidad es muy distinta. Es fácil dar una charla de una hora de adoctrinamiento, para así justificar y cobrar casi 100,000 euros, por mencionar un ejemplo, así es como se enriquecen, mendigando dinero en el extranjero con patrañas que no pueden comprobarse físicamente, mientras que, en contraste, gracias a la cooperación israelí se pueden ver los sistemas de riego por goteo para mejorar la productividad agrícola. Lo que sí es evidente es que CALAS se especializa en provocar conflictos permanentes contra empresas, pero callan ante los verdaderos problemas ambientales como la deforestación de los bosques para convertirlos en leña, la contaminación del 95% de los ríos y lagos con aguas negras, los incendios provocados por rozas sin control o la usurpación de “pacíficos comunitarios” en áreas protegidas como la laguna de Lachuá en donde llegaron a instalarse con motosierras y camiones para robarse las maderas preciosas. Esto último no les genera dinero, no les interesa, los discursitos indigenista, socialistoide y ecohistérico sí, y mucho.
Recuerdo un caso, cuando la mina San Rafael estaba en fase de construcción y ni siquiera estaba cerca el inicio de operaciones, CALAS ya gritaba a los 4 vientos con el corifeo de cajas de resonancia de la Prensa servil nacional e internacional, que se estaba contaminando el río que se encuentra en las cercanías con productos químicos. Gracias a ello captó la atención de sus financistas y se expandió en las comunidades esa mentira. Digo mentira porque lo es, lo que se encontró en las muestras tomadas fueron heces fecales, transportadas por las aguas negras que los mismos pobladores lanzan sin control a las fuentes de agua. En cualquier país del mundo esta acusación falsa implicaría un proceso penal contra el mentiroso Yuri Melini y sus secuaces, incluso serían obligados no sólo a pagar las costas procesales del juicio, sino también daños y perjuicios por generar conflictos tergiversando información o alterando análisis científicos para obtener dinero. Pero volviendo a la realidad guatemalteca, como bien sabemos los ciudadanos víctimas de los ataques de estas organizaciones, CALAS puede “capacitar” a “líderes comunitarios” que casualmente luego son acusados de asesinar a soldados por la espalda con AK-47, a estos “pacíficos manifestantes” les es permitido secuestrar a una veintena de policías para robarles las armas, no hay problema si emboscan un convoy militar para robarse una tonelada de explosivos, es irrelevante si secuestran a una turista canadiense y la amarran desnuda por horas a un árbol o si asesinan a guardias y trabajadores de minas e hidroeléctricas para ingresar a propiedad privada y cometer actos de terrorismo puro. Todo esto queda impune, no importando si las acciones criminales se llevan a cabo en Santa Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez o Xalapán, la protección del MP es general y a nivel nacional. Cuando se les captura por esos hechos inmediatamente se esconden bajo las enaguas de Alberto Brunori quien viaja a nuestro país a presionar a las autoridades para que esos procesos sean engavetados o cerrados –como el caso de Yolanda Oquelí que llegó junto con este burócrata extranjero hasta la Casa Presidencial durante el régimen de facto de Sandra Torres, a exigir impunidad-.
Además, es necesario mencionar que Maldonado está ya sujeto a proceso penal por los delitos de detención ilegal, allanamiento, coacción, discriminación, amenazas, usurpación agravada, apología del delito, instigación a delinquir, conspiración y asociación ilícita. La denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo ya está en trámite y también están sindicados Ramón Cadena de la CIJ y el alemán Miguel Morth.
Para concluir con esta primera parte, expongo la siguiente evidencia que demuestra el falso argumento de “defender a la madre tierra”: tan sólo Cementos Progreso ha sembrado en un año muchos más árboles, ha pagado más impuestos, generado más empleos bien remunerados y ha implementado más proyectos de desarrollo en las comunidades, que CALAS en toda su parasitaria existencia. Si realmente a Melini le importara el deterioro ambiental ¿por qué no usa parte de los millones de euros, dólares y quetzales que ha recibido, en construir una planta de tratamiento de aguas negras en Amatitlán?
En la segunda parte me enfocaré en el tema financiero, si reciben o no fondos de nuestros impuestos, cuánto han captado de la cooperación extranjera y en ejercer presión ciudadana hacia la IVE, SAT y MP para que investiguen los indicios de enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. Los guatemaltecos no toleramos más corrupción y estas ONG´s deben ser fiscalizadas, sin privilegios.
La frase introductoria de este artículo es una confesión pública realizada en Twitter por el asesor legal de CALAS, Rafael Maldonado, quien reconoció haber malversado fondos de la cooperación alemana para comprarse dos casas en uno de los residenciales más exclusivos de Escuintla, Alamedas del Conacaste. He tratado de investigar el origen de los fondos de CALAS, pero lamentablemente no rinden cuentas ni de las cantidades, ni de la ejecución de esas “donaciones”. Al analizar su página web salta a la vista que está desactualizada y solamente registra “proyectos” al 2,011, pero sí mencionan a algunos patrocinadores como OXFAM, la embajada de Suiza, IBIS y la Unión Europea; la excusa que usan para captar recursos financieros suena muy bien –en la farsa, estos vividores son expertos-: “capacitaciones en derechos humanos de los pueblos indígenas en materia ambiental”, pero la realidad es muy distinta. Es fácil dar una charla de una hora de adoctrinamiento, para así justificar y cobrar casi 100,000 euros, por mencionar un ejemplo, así es como se enriquecen, mendigando dinero en el extranjero con patrañas que no pueden comprobarse físicamente, mientras que, en contraste, gracias a la cooperación israelí se pueden ver los sistemas de riego por goteo para mejorar la productividad agrícola. Lo que sí es evidente es que CALAS se especializa en provocar conflictos permanentes contra empresas, pero callan ante los verdaderos problemas ambientales como la deforestación de los bosques para convertirlos en leña, la contaminación del 95% de los ríos y lagos con aguas negras, los incendios provocados por rozas sin control o la usurpación de “pacíficos comunitarios” en áreas protegidas como la laguna de Lachuá en donde llegaron a instalarse con motosierras y camiones para robarse las maderas preciosas. Esto último no les genera dinero, no les interesa, los discursitos indigenista, socialistoide y ecohistérico sí, y mucho.
Recuerdo un caso, cuando la mina San Rafael estaba en fase de construcción y ni siquiera estaba cerca el inicio de operaciones, CALAS ya gritaba a los 4 vientos con el corifeo de cajas de resonancia de la Prensa servil nacional e internacional, que se estaba contaminando el río que se encuentra en las cercanías con productos químicos. Gracias a ello captó la atención de sus financistas y se expandió en las comunidades esa mentira. Digo mentira porque lo es, lo que se encontró en las muestras tomadas fueron heces fecales, transportadas por las aguas negras que los mismos pobladores lanzan sin control a las fuentes de agua. En cualquier país del mundo esta acusación falsa implicaría un proceso penal contra el mentiroso Yuri Melini y sus secuaces, incluso serían obligados no sólo a pagar las costas procesales del juicio, sino también daños y perjuicios por generar conflictos tergiversando información o alterando análisis científicos para obtener dinero. Pero volviendo a la realidad guatemalteca, como bien sabemos los ciudadanos víctimas de los ataques de estas organizaciones, CALAS puede “capacitar” a “líderes comunitarios” que casualmente luego son acusados de asesinar a soldados por la espalda con AK-47, a estos “pacíficos manifestantes” les es permitido secuestrar a una veintena de policías para robarles las armas, no hay problema si emboscan un convoy militar para robarse una tonelada de explosivos, es irrelevante si secuestran a una turista canadiense y la amarran desnuda por horas a un árbol o si asesinan a guardias y trabajadores de minas e hidroeléctricas para ingresar a propiedad privada y cometer actos de terrorismo puro. Todo esto queda impune, no importando si las acciones criminales se llevan a cabo en Santa Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez o Xalapán, la protección del MP es general y a nivel nacional. Cuando se les captura por esos hechos inmediatamente se esconden bajo las enaguas de Alberto Brunori quien viaja a nuestro país a presionar a las autoridades para que esos procesos sean engavetados o cerrados –como el caso de Yolanda Oquelí que llegó junto con este burócrata extranjero hasta la Casa Presidencial durante el régimen de facto de Sandra Torres, a exigir impunidad-.
Además, es necesario mencionar que Maldonado está ya sujeto a proceso penal por los delitos de detención ilegal, allanamiento, coacción, discriminación, amenazas, usurpación agravada, apología del delito, instigación a delinquir, conspiración y asociación ilícita. La denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo ya está en trámite y también están sindicados Ramón Cadena de la CIJ y el alemán Miguel Morth.
Para concluir con esta primera parte, expongo la siguiente evidencia que demuestra el falso argumento de “defender a la madre tierra”: tan sólo Cementos Progreso ha sembrado en un año muchos más árboles, ha pagado más impuestos, generado más empleos bien remunerados y ha implementado más proyectos de desarrollo en las comunidades, que CALAS en toda su parasitaria existencia. Si realmente a Melini le importara el deterioro ambiental ¿por qué no usa parte de los millones de euros, dólares y quetzales que ha recibido, en construir una planta de tratamiento de aguas negras en Amatitlán?
En la segunda parte me enfocaré en el tema financiero, si reciben o no fondos de nuestros impuestos, cuánto han captado de la cooperación extranjera y en ejercer presión ciudadana hacia la IVE, SAT y MP para que investiguen los indicios de enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero. Los guatemaltecos no toleramos más corrupción y estas ONG´s deben ser fiscalizadas, sin privilegios.