¿Qué avances se han registrado en las mesas técnicas que analizan las reformas al sector justicia?

Primero, una afluencia que nos ha sorprendido gratamente desde el primer día en Quetzaltenango, Huehuetenango, Zacapa, Jutiapa y Petén. En todos una afluencia extraordinaria de representantes de diferentes instituciones, organizaciones indígenas, de la sociedad civil, jueces y de magistrados de sala de apelaciones. Ha sido una grata sorpresa para todos y luego escuchar sus propuestas, obviamente como es normal y era lo que pretendíamos, existen argumentos en contra, críticas a la propuesta y hemos escuchado cosas interesantes. El tema del antejuicio sale en todos los diálogos, algunos muy tajantes en el sentido de de que ningún funcionario debe gozar del derecho de antejuicio, que es mi postura, por cierto, personalmente creo ninguno debemos gozar de ese derecho.

¿Ni el Presidente de la República?

Nadie, creo que ninguno debe gozar del derecho de antejuicio, pero eso sí que los jueces tengan ese mecanismo de rechazar cualquier denuncias espuria porque entonces se convierte un ataque. Por ejemplo, en el caso de la Fiscal General que está denunciando y enfrentando a poderes muy fuertes y enquistados en las estructuras del Estado, si no tuviera derecho de antejuicio, sería muy fácil entretenerla en juicios, si no tuviera ese derecho, esa garantía de un antes del juicio. Pero aquí la responsabilidad, quizás poderlo cambiar quizás que sea la Corte Suprema de Justicia la que conozca cualquier demanda contra algún funcionario y que haya responsabilidad penal para quien presente una denuncia espuria, es uno de los temas apasionantes y extraordinarios que han surgido. Hay quienes proponen que sólo quede el derecho antejuicio a los tres presidentes de los Organismos del Estado y a la Fiscal General, que es otra de las propuestas interesantes. Otros han sugerido que goce del derecho de antejuicio únicamente en casos que tenga que ver con el ejercicio del cargo público, que también es interesante, hemos visto algunos casos de funcionarios que por cuestiones privadas no tendrían que tener derecho de antejuicio, si se le está acusando de un delito de acción privada, no tengo por qué tener derecho de antejuicio, esto también causa alguna receptividad interesante dentro de los asistentes. Otros dicen que sí, argumentan que todo aquel que es electo popularmente debe gozar de derecho de antejuicio y los alcaldes dicen estar sujetos a muchas presiones a muchos enemigos etcétera etcétera.

Lo que sí es cierto es que hoy cuando vemos informes de la Contraloría y del MP de la CICIG, los que más obstaculizan la justicia y tienen más cuentas que rendir ante el pueblo, son los alcaldes, entonces no nos podemos perder.  En el tema de las Comisiones de Postulación, hay quienes dicen que cómo es posible que la Universidad de San Carlos no forme parte de las Comisiones de Postulación, otros en defensa del gremio de los abogados, pero hemos visto que las Comisiones de Postulación se han desnaturalizado, perdieron la razón de ser. Hoy eso se desvirtúa, ahora se han creado facultades de Derecho sólo para participar en las Comisiones de Postulación, entonces esa es una realidad y por esos la propuesta era que no esté la Universidad de San Carlos ni el Colegio de Abogados. Nos tocará una tarea dura a la secretaría técnica de armonizar y hacer una presentación final y luego buscar consensos.

La Secretaria Técnica presentó una iniciativa de discusión; sin embargo, se comenta que al final no será modificada, ¿qué de cierto es esta situación?

Quienes integramos la Secretaría Técnica no nos prestaríamos a algo así, antes de cualquier otra cosa está el respeto a la población y hacer una acción de este tipo sería una falta de respeto a la ciudadanía. Será imposible tomar en cuenta todas las propuestas, pero sí poder armonizar, concluir y hacer cambios. Ya verán que habrá cambios. Hay otras que con todo respeto, creemos que no son viables, pero ya verá la población que sí se tomarán en cuenta.

En el tema de la justicia indígena, en algunos lugares dicen que se debe de esperar un poco más, que no es el momento, otros se oponen rotundamente, pero diría que un 60 o 70 por ciento está a favor que los pueblos indígenas sigan administrando justicia; porque aquí se ha desvirtuado y se ha hablado sin conocimiento de causa. Ya hay convenios suscritos entre el Sistema de Justicia y algunas autoridades indígenas, como Santa Cruz del Quiché. A los 48 cantones de Totonicapán, por ejemplo, está funcionando el sistema indígena perfectamente. En los 48 cantones se conocen delitos contra el patrimonio, lo que no conoce son delitos contra la vida, si hay un asesinato actúa directamente el Ministerio Público, la justicia oficial, si es que valga el término. Cuando la gente empieza hablar sin conocimiento de causa se genera mucha confusión y nuestra responsabilidad es dar a conocer de qué se trata. Por ejemplo, sería interesantísimo que ustedes como medio de comunicación conozcan los convenios para que vean cuál es. El convenio lo firmó la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General de aquel entonces y hoy se está llevando a cabo y dicho sea de paso, Totonicapán es uno de los departamentos sino el número uno que menos índice de violencia presenta en todo el territorio guatemalteco.

En Santa Cruz del Quiché igual hay un convenio con ellos y la justicia camina, se reúne una vez al mes. No hay violaciones a Derechos Humanos como consecuencia de los castigos que tanto se ha hablado, en fin es un tema que lejos de asustarnos, debe dirigirnos a que nuestras energías, discusiones y propuestas vayan enfocadas, primero a saber de qué estamos hablando, porque uno no puede criticar algo, si ni siquiera conoce el contenido o cuáles son las intenciones.

Es un tema muy importante complejo; es el tema más complejo porque no es la misma forma de administrar justicia en 48 cantones que de muchas otras comunidades indígenas y ahí sí puede haber un poquito más de complicación, pero es igual es una discusión hermosa y muy profunda.

¿Cuántas mesas técnicas faltan?

Este viernes en Antigua Guatemala, y terminamos, luego en Guatemala, una gran mesa a partir del 9 de junio y estaremos a tiempo completo. La planificación es que para agosto se presente la iniciativa en el Congreso de la República, es decir que este mes y julio es para discusión, escuchar propuestas y además aprovecho para comentar, a quienes visitamos en algunas localidades a las que fuimos y quienes no pudieron llegar, pueden seguir haciendo sus propuestas mediante la vía electrónica, personalmente o por medio del Juzgado de Paz, fiscalías del MP y en las auxiliaturas del Procurador de Derechos Humanos.

No recuerdo de otro ejercicio tan abierto o tan democrático en donde se quieren escuchar propuestas y finalizar con una iniciativa, que no va a ser perfecta, porque lo perfecto no es de la mano del hombre, pero sí que fortalezca el Sistema Justicia, que al final de cuenta es lo que deseamos.

Quiero ver un Ministerio Público como todos los guatemaltecos, más fuerte, con más presencia, porque ahora sólo tiene el 10% de presencia en todo el país. También Jueces de Paz, un orden judicial mucho más fortalecido, mayor certeza de castigo y como lo he dicho en las mesas, el mejor mecanismo de defensa para el respeto de los Derechos Humanos es un sistema de justicia fuerte.

¿Para ese sistema fuerte es necesaria una reforma constitucional?

Van de la mano, pero son indispensables las reformas a la Constitución, porque si queremos tocar el tema de, por ejemplo, la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el tiempo de que van a ejercer sus funciones, está en la Constitución y no hay otro mecanismo más que reformarla.

Si estamos proponiendo reformas para el tema del Fiscal General y es obligado que reformemos la Constitución, no hay otra manera. Alguien decía que no era necesario, pero tiene que ser mediante una reforma constitucional, ahí se establecen los principios básicos y por supuesto las consecuentes reformas a las leyes ordinarias, ley de la Carrera Judicial, ley del Ministerio Público, lo que venga derivado de esos principios.

Se corre el riesgo siempre cuando se plantean este tipo de iniciativas de ley que los diputados del Congreso de la República modifiquen y cambien el espíritu. ¿Cómo se blinda este proceso de reforma constitucional para que no sea manipulable?

Ese riesgo siempre existe, porque al final está en manos del Congreso de la República poder agregar o quitar. Aquí a lo que apelamos es al apoyo de la ciudadanía, es un hecho histórico que los tres Organismos del Estado, acompañados por esta Secretaría Técnica, presenten la iniciativa de ley con el apoyo de la sociedad civil.

Entonces recaerá mucho más en la responsabilidad de los diputados que asuman con la responsabilidad que les corresponde. No podemos irrespetar la independencia de poderes, y la potestad soberana que tienen los diputados de hacer algunos cambios al documento final que presentemos, esperemos que no.

Parte de nuestra calendarización esta visitar a los diferentes bloques legislativos para explicarles, para escucharlos y por supuesto, también tendrán sus aportes, sobre todo diputados distritales que conocen también la realidad.

Por supuesto sus sugerencias y aportes son bienvenidos, de hecho parte de esta propuesta inicial, recoge mucho de la mesa de Seguridad y Justicia presidida el diputado Oliverio García Rodas, quien ha escuchado a muchos actores de la sociedad civil. Es la mesa que ha sido más constante y demostrado claridad y seriedad sobre las reformas al sector justicia. Muchos diputados, por lo menos los que integran esta mesa, conocen perfectamente y han sido copartícipes de las propuestas.

¿Cuántos artículos son los que se piensan reformar?

No tengo el dato, pero no son muchos, como 17 creo o menos.