El Congreso de la República aprobó este miércoles las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 32-2016), lo cual fue visto bien visto por el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Los cambios básicos de la nueva legislación son los siguientes:
-Se separa de las funciones administrativas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que los magistrados se centren en labores jurisdiccionales.
-Se modifica la integración del Consejo de la Carrera Judicial, dándole mayor independencia a este órgano que en la actualidad es el responsable de las funciones administrativas, pero con un alto grado de discrecionalidad.
“Los magistrados deben estar dedicados a sus funciones jurisdiccionales, y el hecho de sustraer a un magistrado para que de manera permanente se ocupe de la administración de la Carrera Judicial significa disminuir la capacidad de la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento de su función fundamental que es la administración de justicia. (…) La Corte tiene que ser la guía de toda la administración de la justicia en todos los niveles del Organismo Judicial”, dijo en días recientes Iván Velásquez, jefe de la CICIG, entidad que promovió estos cambios, junto con el MP.
“Esta nueva ley sale de la discusión de dos propuestas que se analizaron en las mesas de trabajo del sector justicia, en las cuales participaron representantes de diversos sectores de la sociedad civil”, destacó Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales e integrante del Movimiento Reformador, según una nota de prensa del Legislativo.
“La Ley coadyuvará a la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. Además garantizará que los procedimientos para efectuar la selección, ascensos, traslados y evaluación del desempeño de jueces y magistrados se realicen con base en criterios objetivos, transparentes, de méritos y de especialidad, y establecerá garantías para el debido proceso en el régimen disciplinario”, añade la información del Parlamento.
El Congreso de la República aprobó este miércoles las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 32-2016), lo cual fue visto bien visto por el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Los cambios básicos de la nueva legislación son los siguientes:
-Se separa de las funciones administrativas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que los magistrados se centren en labores jurisdiccionales.
-Se modifica la integración del Consejo de la Carrera Judicial, dándole mayor independencia a este órgano que en la actualidad es el responsable de las funciones administrativas, pero con un alto grado de discrecionalidad.
“Los magistrados deben estar dedicados a sus funciones jurisdiccionales, y el hecho de sustraer a un magistrado para que de manera permanente se ocupe de la administración de la Carrera Judicial significa disminuir la capacidad de la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento de su función fundamental que es la administración de justicia. (…) La Corte tiene que ser la guía de toda la administración de la justicia en todos los niveles del Organismo Judicial”, dijo en días recientes Iván Velásquez, jefe de la CICIG, entidad que promovió estos cambios, junto con el MP.
“Esta nueva ley sale de la discusión de dos propuestas que se analizaron en las mesas de trabajo del sector justicia, en las cuales participaron representantes de diversos sectores de la sociedad civil”, destacó Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales e integrante del Movimiento Reformador, según una nota de prensa del Legislativo.
“La Ley coadyuvará a la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. Además garantizará que los procedimientos para efectuar la selección, ascensos, traslados y evaluación del desempeño de jueces y magistrados se realicen con base en criterios objetivos, transparentes, de méritos y de especialidad, y establecerá garantías para el debido proceso en el régimen disciplinario”, añade la información del Parlamento.