Entregar dinero a Organizaciones No Gubernamentales ha sido un dolor de cabeza para algunos y supuestamente un negocio para otros en el Congreso de la República.

Esta vez, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a cargo de la Comisión de Finanzas, alzó la voz para decir que investigaría a cada una de estas entidades para conocer cuáles son los resultados de su gestión o para determinar si existían vínculos con legisladores.

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Pero todo quedó en intención. Ahora los congresistas optaron por dejar esa responsabilidad de revisión a cada una de las dependencias que reparten dinero a las ONGs en sus presupuestos, siendo Educación y Salud la carteras con mayores montos para estos fines.

[/quote_center]Leyes para transparentar estos movimientos presupuestarios existen, como el Decreto 13-2013, pero parece que no se cumplen a cabalidad.

“Con esta normativa se cortaría de tajo la corrupción en las Organizaciones No Gubernamentales señaladas de pertenecer a políticos, diputados y contratistas que se prestaban para el manejo de fondos del Estado”, recuerda Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

Barrientos se desempeñó como Viceministro de Transparencia y Evaluación Fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas y participó en la redacción del citado decreto.

Recuerda que cuando entró en vigencia la ley, cientos de personas llegaron al Congreso para solicitar ayuda a sus familiares ya que ante el retiro de fondos, muchos servicios de salud fueron cancelados, lo que causó regresar a las prácticas anteriores.

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En el presupuesto 2017, las ONGs de los ministerios de Educación y Salud recibirían Q1 mil 680 millones.

[/quote_center]Foco de corrupción

El presupuesto de 2017 totaliza Q79 mil 830 millones; sin embargo, entidades como Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), sugiere que el planteamiento del Gobierno es “un tanto optimista”, y por lo tanto tiene cifras “sobrestimadas en ingresos y en déficit fiscal que se pueden corregir”. 

Al ser las ONG un rubro criticado, el Congreso, específicamente la Comisión de Finanzas, decidió examinar estas organizaciones, pero según los diputados, para evitar críticas de la ciudadanía, se resolvió encargar a los ministerios de Educación y Salud, depurar el padrón que incluye 67 organizaciones. 

El extremo fue confirmado por el congresista Carlos Barreda, quien comentó que la segunda semana de noviembre podrían reunirse con los representantes de ambas instituciones para decidir qué ONGs serán incluidas en el presupuesto.

La portavoz del Ministerio de Salud, Marlit Valenzuela, informó que en estos momentos se realiza el proceso de selección por parte de la ministra Lucrecia Hernández Mack.

Para Barrientos, “es necesario fortalecer la legislación de las ONGs ya que, aunque no duda que la Comisión de Finanzas, liderada por la UNE, tenga las mejores intenciones en resolver la hemorragia que le causa al Estado este tema, asociado con la corrupción, es necesario que sean fiscalizadas permanentemente tanto por la Contraloría General de Cuentas, como por ambos ministerios”.

Se intentó conocer la versión del Ministerio de Educación, pero no se logró respuesta de cómo avanza el proceso de revisión.

Toques finales

El diputado Carlos Barreda expresó que se harán recortes y se sigue evaluando todos los Ministerios, así como la imposición de candados y reducción de presupuestos en aquellas instituciones con baja ejecución, así como la ampliación de techos en el sector justicia.

Ya que el renglón de monto asignado a las Organizaciones No Gubernamentales aún no ha sido definido, ATAL recomienda revisar algunas asignaciones presupuestarias que no agregan valor al desarrollo.

Existen varios programas sociales, como los de transferencias condicionadas que no han sido evaluados en relación a su impacto en la mejora de los indicadores de pobreza.

Para el secretario ejecutivo de ATAL, Mario Alberto García Lara, los mecanismos de transparencia de este presupuesto, es lo más destacado; no obstante, la no aprobación generaría inconvenientes a la gestión gubernamental, por ello se insiste en revisar los rubros de gasto superfluos e independientes.