En un informe sobre los índices de concentración urbana de oportunidades y servicios en el mundo publicado hace dos décadas, Guatemala era uno de los paises más macrocefálicos. En Latino América solamente rivalizando con Uruguay.

Medían población y oferta de servicios, oportunidades de empleo y la infraestructura de comunicaciones.  Un solo aeropuerto internacional. Se mencionaba que la red vial estaba diseñada para obligar a pasar por la capital al querer ir de un extremo a otro del país.

Un estudio similar hoy, reportaría  resultados similares. Se podría decir que sólo la comunicación telefónica se desconcentró.

Ya en la década de los 1960’s se estableció que la Ciudad de Guatemala tenía medio millón de habitantes en la misma extensión territorial en que Roma tenía 4 millones.

El problema de la cabezota es vieja e involucra mediciones cualitativas y cuantitativas.

Así las cosas, no debe sorprendernos que las decisiones que se toman en el Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala tengan efectos nacionales colaterales. Mayores, muchas veces, de lo que debieran.

La decisión de modificar los horarios de circulación del transporte pesado, atendiendo demandas de los usuarios de tráfico liviano que sobrecargan las calles del Municipio de Guatemala, en las horas en que éste recibe (y devuelve 8 horas más tarde) diariamente a los trabajadores que residen en municipios tan lejanos como El Tejar, Chimaltenango, se está peleando con el bloqueo, físico, mediático y manipulador en puertos y fronteras, afectando más a todo el país, que al propio municipio capitalino.

Algo está mal. Muy mal.

La vía legal para impedir la entrada en vigencia de los nuevos horarios, existe. Pero el sector privado organizado de transporte de carga apela al recurso de la fuerza, con daños colectivos de proporciones crecientemente insospechadas antes que al recurso legal.

Obtener la libre circulación de los productos de exportación, muchos de ellos perecederos, que proveen de ingresos a decenas de familias, pequeños productores independientes del el altiplano y a los colaboradores de las industrias de todo el país, es obligación del Gobierno Central.

Si esta obligación la cubre por la vía del diálogo, que bien! Si este método de solución no da frutos concretos pronto, será como haberla cumplido.

Repúblicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo