El viernes 28 de octubre, el Concejo Municipal de Guatemala emitió el acuerdo 13-2016 en el cual restringía la circulación del transporte pesado en la ciudad. Dicha restricción prohibía la circulación en las vías principales de lunes a viernes de 5 a 9 y de 16:30 a 21 horas, los sábados la restricción era de 12 a 16 horas, entre otras restricciones.

Con este acuerdo pretendían reducir la carga de vehículos en la ciudad en los horarios de mayor congestionamiento, en especial de los vehículos de transporte pesado que ocupan un mayor espacio y son más lentos para circular y maniobrar en estas condiciones.

Si bien es cierto, la intención parecería buena en principio; no fue bien recibida por el sindicato de pilotos del transporte pesado, quienes protestaron bloqueando las aduanas. Argumentaron que tendrían menos tiempo para la entrega de la carga, que esta restricción implicaría manejar de noche para lograr cumplir con los horarios y esto aumentaría el riesgo del piloto y la carga ante la inseguridad en las carreteras, además del mal estado de muchas de ellas y un incremento en el costo del transporte.

Dichas protestan pasaron de pacíficas a violentas, ya que hubo reportes de ataques a transportistas que no se plegaron al paro, lo cual es condenable y las autoridades debieron de actuar en su momento. Las protestas son válidas, la delincuencia y la violencia no. Sin importar el color o grupo que representen, las autoridades están para proteger los derechos individuales de todos y actuar en consecuencia.

El problema de la restricción del transporte tiene otras aristas que deberían considerarse. Primero, el incremento en el tráfico vehicular de la ciudad, el cual pareciera no tener solución, al menos de corto plazo. La inseguridad en la ciudad y el mal servicio del transporte público en general hace que la mayoría sueñe con tener un medio de transporte privado, desde una motocicleta hasta un vehículo para dejar de utilizar los autobuses.

Es decir, la migración es de los autobuses públicos al transporte propio y no al revés. Así que mientras no cambien las cosas en cuanto a seguridad y calidad en el servicio considero muy difícil que se revierta esta tendencia. No será poniendo más dinero de nuestros impuestos en subsidiar los sistemas ineficientes que tenemos cómo se solucionará este problema.

Segundo, por lo general la circulación del transporte pesado por la ciudad es para entregar o recolectar carga en la capital, o para circular hacia otros destinos como la costa sur, occidente y la frontera con México. En el primer caso, cuando el destino o inicio del viaje es la capital, se debería considerar una central logística privada en las principales salidas de tal manera que no se tuviera que entrar a la ciudad.

Para el segundo caso, es muy probable que aquellos transportistas que sólo atraviesan la ciudad para seguir su ruta, prefirieran no cruzarla y utilizar vías alternas, misma historia para quienes circulan en vehículos livianos y de pasajeros. Por lo que poner a funcionar el Anillo Regional sería una buena opción para evitar la capital y conectar con diferentes partes del país.

El proyecto de la Vía Alterna Sur, VAS, es un intento de mejorar la vialidad con opciones privadas. Esto podría ser replicado en otras rutas, dependerá de la demanda de dichos accesos la que lo hará factible para los inversionistas.

La tregua negociada entre la Municipalidad de Guatemala y los pilotos del transporte pesado es sólo un paliativo a un problema de fondo como lo es la calidad y cantidad de infraestructura vial, la seguridad no sólo en carreteras sino en la ciudad misma. Las soluciones no vendrán sólo del gobierno que ya ha demostrado a lo largo de los años con préstamos de carreteras sobrevaloradas que tardan varios periodos presidenciales en construirse.

Por ahora, se ha ganado tiempo para pensar en el largo plazo, pensar en soluciones desde el ámbito privado y dejarle al gobierno la tarea de la seguridad y justicia que bastante tendría con eso.

@Md30
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