Por Andrés Castillo

Antes de responder a la pregunta, hay que poner en contexto la importancia de la aplicación pronta y cumplida de la Justicia. Esta da certeza jurídica a todos los guatemaltecos, lo que a su vez causa un clima de estabilidad donde se generan empleos y recursos fiscales para el Estado. La certeza jurídica es fundamental para que el régimen legal ofrezca seguridad a todos los ciudadanos.
Hay certeza jurídica bajo un Estado de Derecho que garantice el acceso a la justicia mediante jueces y magistrados que actúen con autonomía e independencia. Existe un proyecto de reformas a la Constitución, preparado –hay que escribirlo con claridad- por un grupo de personas que no recogieron a cabalidad la opinión de todos los sectores participantes en el diálogo y existen quejas fundadas al respecto.
En dicho proyecto de reformas, pareciera que hay aspectos positivos, como suprimir las Comisiones de Postulación y desvincular a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones de sus electores. Sin embargo, estamos claros que las Comisiones de Postulación no han funcionado debido a la falta de aplicación de la ley y no por la forma en que está regulado en la Constitución.
Dentro del proyecto de reformas hay aspectos que preocupan y es donde debemos de preguntarnos si vale la pena abrir la posibilidad y el riesgo de reformar la Constitución. Una reforma constitucional no debe servir para dividir más al país, no debe servir para que determinado sector imponga temas que no tienen relevancia real para el Sistema de Justicia, sino que obedecen a planteamientos ideológicos. Imagínese usted reconocer una jurisdicción indígena, que no está escrita y que está en la mente de una autoridad ancestral que la aplica a su leal saber y entender. Cuando esa autoridad ancestral muere o se enferma pasa la aplicación del Derecho Indígena a otra autoridad ancestral, quien la aplicara también a su leal saber y entender. No podemos estar bajo un sistema de justicia que no se conoce, que no se puede estudiar y que solo lo conocen las mentes de las autoridades ancestrales.
¿Usted cree que quitarle la potestad exclusiva de juzgar a los tribunales de justicia establecidos y otorgársela a autoridades ancestrales va encaminado a tener más certeza jurídica?
Lo que menos necesitamos es que nos sigan dividiendo y buscando derechos o normas específicas para cada quien. Todos somos guatemaltecos y todos debemos de estar bajo un mismo Sistema de Justicia. Es cierto que el Sistema de Justicia tiene graves problemas, pero que esos problemas únicamente se resuelvan a través de una reforma de la Constitución, no lo creo. Muchos de los problemas en la aplicación de la justicia no proceden de la Constitución, sino a un mal funcionamiento de las instituciones y de las personas que las integran.
Hoy dicho proyecto de reformas está en el Congreso y esperemos que los señores diputados tengan la facultad de análisis, propuesta y discusión bajo la responsabilidad histórica que el tema demanda y amerita. Después de la discusión en el Congreso las reformas a la Constitución deberán ser sometidas a una consulta popular donde usted tendrá que salir a votar por un sí o un no a dichas reformas que, conservadoramente, costará unos 300 millones de quetzales.
Esperemos que el Congreso actúen en beneficio de Guatemala y no de presiones infundadas y analicen bien si es necesario reformar o no la Constitución.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo