Una de las grandes enseñanzas que obtuve de la reciente visita de la Congresista María Fernanda Cabal, es el título de este artículo. Están sucediendo muchas cosas que encajan perfectamente en esta frase. Describo algunas aquí.

El proyecto de reformas al sector justicia se ha vuelto una lucha política de grandes dimensiones. También una lucha ideológica. La izquierda la aprueba porque es de izquierda, sin chistar, sin analizar. La derecha la desaprueba porque es imposición de fuerzas externas, además de ser abiertamente de izquierda. Nosotros los libertarios la desaprobamos porque no queremos aceitar la guillotina, pues exigimos un Estado de Derecho.

¿Qué sucederá cuando les quiten un terreno, “changarrito”, vacas u otro, por estar en un área indígena, ahora autónoma por causa de estas reformas? La jurisdicción indígena prevalecerá y no podrán hacer nada al respecto. ¿Qué sucederá cuando tengamos un todo poderoso Consejo Nacional de Justicia? Los mismos diputados estarán arrepentidos de aprobar, por órdenes en inglés, en colombiano y quien sabe qué otros idiomas, cuando tengan que elegir magistrados por mandato de esta entidad “suprema”. Se quejarán de intromisión, como hicieron algunos ahora cuando el Presidente los reunió para “motivarlos” a aprobar cosas que no necesariamente quieren. ¿Y cuándo algún “progre” quiera ser magistrado y no pueda porque no pertenece al sistema de justicia antes de la entrada en vigencia de esto? Va a querer apoyar sus iniciativas desde adentro y no podrá. Se están vedando a sí mismos y luego se quejan que no hay oportunidades. ¿Qué hará Thelma Aldana y sus sucesores cuando quieran velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, si estas reformas se lo prohíben? Dejará de ser “la súper mujer” porque los mismos “progres” que apoyan esto, y todos los demás, exigiremos que lo haga y no podrá. Se les habrá olvidado que ellos mismos lo promovieron. ¿Y cuando atropellen accidentalmente a alguien, en alguna suscripción indígena, le darán azotes o irá a la cárcel? ¿Quién decide?

Éstas son solo algunas de las consecuencias prácticas de aprobar esto. Hay muchas más, igualmente horribles, violatorias a la libertad y al Estado de Derecho.

Otra aceitada de guillotina: la petición del Presidente de aprobar la concesión a TCQ. Hasta los reunió, otra vez, para “motivarlos” a hacerlo. Esta iniciativa de ley que quiere aprobar es violatoria a muchas leyes en el país. Algunas de las ilegalidades: toda concesión de esta naturaleza debe hacerse por licitación pública. Se nombró a un interventor judicial por parte de PGN, y no hay una ley que ampare este procedimiento. No se ha declarado extinción de dominio de TCQ; si lo hacen, deben indemnizar, o Maersk demandará legalmente al Estado para obtenerlo. No se ha involucrado a la Portuaria Quetzal, cuando los terrenos están adscritos y registrados a nombre de ésta. Cuando “Jimmy” o algunos de sus ministros quieran promover inversiones en el país, tendrán que pasar por el mismo viacrucis de ahora porque ya habrá un precedente. Podrían incluir en esta ilegalidad, eliminar ANADIE; ya no servirá para nada. Luego nos quejamos porque no hay infraestructura nueva, estamos atrasados en desarrollo, no hay empleo, etc. Esta guillotina es bien filuda.

El rompimiento de la separación de poderes es peligrosísimo. Nos oponemos a temas específicos, sin ver que en el fondo está este “poder absoluto” que corromperá absolutamente, a su sabor y antojo. Y beneficiará hoy a la izquierda, mañana a la derecha, pero nunca al país.

Hay muchísima división y polarización en nuestra sociedad chapina. Lo vemos en Twitter y Facebook, en fallidas convocatorias a manifestar, en reclamos por lo que para unos fue injusto y para otros no. Pero nadie hace nada por temor a perder la visa o a terminar presos por errores o procesos menores porque no se aplican medidas sustitutivas (cuando la ley lo permite, a criterio del juez). Le corrupción sigue, el narcotráfico, las maras, la ineficiencia burocrática, etc. Pero los jueces fallan de acuerdo a instrucciones e ideología. Los “progres” y muchos otros, alaban la injerencia extranjera, sin darse cuenta que, al estar sujetos a lo que piensan otros, perdemos totalmente nuestra capacidad de velar por nuestros propios intereses. Pedir ayuda es muy diferente a dejar que hagan lo que quieran.

La película completa se llama Guatemala. No se llama CICIG, o Congreso, o el Presidente de turno, o “la Embajada”. El año pasado fuimos todos a manifestar a las plazas, sin violar derechos de nadie, con esa visión: Guatemala. Los funcionarios actuales, iniciando por el Congreso, se olvidan que su guillotina está bien aceitada y que mañana saldremos para botarlos a ellos.

El camino es la construcción de un Estado de Derecho, con una República que garantiza una justicia imparcial, instituciones fuertes que nos permitan a todos trabajar y vivir en paz, con educación, salud, infraestructura, etc. Es urgente dejar de ver el problema puntual del día, y enfocarnos en lo más importante: el bienestar y progreso de todos los guatemaltecos.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo