La última semana se ha elevado la voz en diversos medios con respecto a la necesidad de un debate del contenido de las reformas a la Constitución. Editoriales de prensa, programas de radio y televisión, así como etiquetas en redes sociales, han sido los espacios a través de los cuales se ha manifestado la demanda de un debate político en el Congreso.

Por su parte, los que apoyan la reforma—quienes están en su derecho de hacerlo—han querido restar importancia a las voces que solicitamos un debate político. En primer lugar, argumentan que ya hubo espacios de discusión ciudadana donde participaron organizaciones de la sociedad civil. Segundo, señalan que el Congreso, con la baja calidad técnica de los diputados, no es el espacio adecuado para un debate del contenido de la reforma. Por lo tanto, prosigue el argumento, se debe aprobar la propuesta tal cual fue enviada.

Desde mi perspectiva, estos argumentos son débiles por dos razones. En primer lugar, si bien los actores que participaron en el diálogo ciudadano son parte de la sociedad civil organizada, estos no son representativos de toda la sociedad. Segundo, en un sistema democrático, se asume que son los partidos políticos los obligados a representar a los votantes, poniendo por encima una visión de país y no de grupos sectoriales.

Decir que el Congreso no debe discutir ni modificar una propuesta de reforma constitucional es desechar los principios básicos del sistema democrático. Ciertamente, los diputados tienen una enorme responsabilidad de introducir modificaciones con la intención de mejorar la propuesta, no hacerla inviable, y en ese sentido, los ciudadanos deben exigir una actitud seria hacia el proceso.

Hasta el momento, el llamado a un debate no ha tenido el eco necesario. Si bien, se interrumpió momentáneamente el proceso exprés de aprobación de la iniciativa, el Congreso aún no da muestras de estar teniendo una discusión profunda sobre el tema.

Por su parte, en la sociedad, el debate tampoco ha sido de alta calidad. Los prejuicios y señalamientos han florecido antes que las ideas. Por ejemplo, a los que cuestionamos algunos temas como la jurisdicción indígena se nos tacha de racistas y aliados de la impunidad, la corrupción y el status quo. En lo personal, mis reservas con respecto a la jurisdicción indígena derivan de la falta de claridad sobre los ámbitos de aplicación de la misma. Los proponentes de la reforma parecieran tenerlo todo claro, pero quizás podrían hacer un ejercicio de educar al resto de los ciudadanos sobre cómo funcionaría dicho modelo una vez establecido en la Constitución.

Al observar la situación en el Congreso y la sociedad, vale la pena preguntarse ¿Es posible un verdadero debate de ideas en Guatemala? La evidencia hasta el momento muestra que tener una discusión seria es una tarea difícil. Sin embargo, los formadores de opinión, políticos y ciudadanos, estamos obligados a aportar nuestras perspectivas sin caer en los señalamientos mutuos y desconfianzas. De lo contrario, independientemente de si se aprueban o no las reformas, la experiencia será una más que agregue a la ya común división del país. Considero que los guatemaltecos no podemos darnos el lujo de continuar con esa dinámica.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo