Con apoyo de FCN, Reformas Constitucionales van a tercera lectura

En una evaluación general se trata de un pliego de propuestas de reformas que "es incompleto" e "inoportuno", según el abogado constitucionalista Gabriel Orellana.

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El Congreso de la República aprobó en segunda lectura las Reformas Constitucionales al Sector Justicia, y mediante una moción presentada por el diputado oficialista Adim Maldonado, los diputados acordaron desarrollar el tercer debate el proximo lunes 28 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana.

En esta sesión se espera que los congresistas presenten las enmiendas que consideren para luego discutir y aprobar la iniciativa en su redacción final. El siguiente paso será someterlas a una consulta popular. En apariencia, el único obtáculo era la falta de apoyo de la bancada oficial FCN-Nación, pero este bloque ya dio señal de respaldarlas.

[quote_box_center]Durante la mañana del martes los diputados oficialistas sostuvieron una reunión con la Fiscal General, el Procurador de Derechos Humanos, delegados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes les respondieron las dudas relacionadas con las reformas constitucionales.[/quote_box_center]

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Con esta cita se habilitó el camino para que el próximo lunes la propuesta pueda convertir en ley con el voto de 105 legisladores.

[quote_center]”Estoy optimista y después de la reunión espero haber aclarado las dudas con la bancada oficial”, indicó la fiscal general Thelma Aldana.[/quote_center]

Los legisladores manifestaron preocupación con el tema de antejuicio, uno de los cambios que se incorporan en las reformas en el artículo 154, que hace una definición del antejuicio contemplado expresamente la aclaración que esta garantía no es impedimento para realizar una investigación a los funcionarios que gozan del derecho.

[quote_center]Por la duda, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, afirmó que la presunción de inocencia es un principio constitucional, “que debe ser observado por los órganos jurisdiccionales. Yo reiteradamente he manifestado, cuando discutimos acerca de la figura del antejuicio, que éste no debería existir en Guatemala atendiendo al principio constitucional de igualdad que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, en consecuencia esa figura no debería existir”.[/quote_center]

La justificación del Ministerio Público para proponer este cambio es porque limita la función de investigar al ente investigador y por consiguiente la persecución penal.

[quote_box_center]Lo que se busca es que el Ministerio Público realice una investigación preliminar, no así una investigación definitiva, “es una investigación preliminar para luego plantear la solicitud de antejuicio ante el órgano jurisdiccional que corresponda”, explica la Fiscal General.[/quote_box_center]

La funcionaria añade que ello no va contra la presunción de inocencia, al contrario, se mantiene un privilegio y garantía para los funcionarios que lo tienen de acuerdo con la Constitución Política de la República.

Aldana asegura que “sí hay premura por fortalecer la institucionalidad del país, sí hay prisa por tener un Organismo Judicial independiente, y un Ministerio Público autónomo”.

Mientras tanto, el abogado Constitucionalista, Gabriel Orellana, señala que en una evaluación general se trata de un pliego de propuestas de reformas que a su juicio “es incompleto” e “inoportuno por los costos que involucra y el desgaste político que significa para el Gobierno impulsar una Reforma Constitucional de factura tan deficiente”.

El jurista indica que en “una perspectiva de los derechos ciudadanos, es inexplicable que tratándose de reformar la justicia, en este instante se haya olvidado establecer una norma que limite el tiempo máximo en que una persona puede estar provisionalmente detenida”.

[quote_center]”En Guatemala eso se omite y la practica ha sido que hay personas que permanecen hasta cinco o más años en situación de incertidumbre y lo más triste es que esta situación de incertidumbre procesal, quien más la impulsa, es el Ministerio Público”.[/quote_center]

Además, manifiesta que la Fiscal General ha mostrado su opinión de combatir la impunidad promoviendo las reformas; sin embargo, considera que la impunidad también afecta a los ciudadanos, porque esta forma de trabajar está llevando a una situación de desplazamiento en prejuicio de las personas.

Escuche las declaracione: