Exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), consideran que la propuesta de Reforma Constitucional al Sector Justicia, lejos de fortalecer al sistema, lo debilita y causa división en la sociedad guatemalteca.

Luis Fernández, exmagistrado de la CSJ, expresa que él no acudió a las reuniones de discusión porque consideró que el mecanismo no era el adecuado y ahora se confirma.

[quote_center]Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la CC, sí participó, pero asegura que la iniciativa enviada al Congreso no refleja lo conversado en las mesas técnicas y violenta la Constitución en temas puntuales como la creación del Consejo Nacional de Justicia y la Jurisdicción Indígena.[/quote_center]

En igual línea se pronunciaron José Quesada Fernández, Hugo Maúl Figueroa y Mario Fuentes Destarac, abogados de amplia experiencia y recorrido en el sistema de justicia nacional, quienes participaron en un conversatorio organizado por la Escuela de Gobierno.

[quote_center]Otras voces también adversan las pretendidas reformas. Instancias como la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), coincide en puntos de vista con los exmagistrados y hace un llamado a los congresistas para no apresurar la aprobación de la iniciativa, sino escuchar a los diferentes sectores porque hay fallas de forma y de fondo.[/quote_center]

Estos son los puntos que cuestiona Atal y sus propuetas:

Integración del Consejo Nacional de Justicia

Tal como está propuesto tendría igual o mayor jerarquía institucional que la propia Corte Suprema de Justicia, aspecto que se considera negativo porque atenta contra la unidad y eficiencia institucional

Sugerencia:

Aparte de revisar cómo se integrará el Consejo, el presidente de la CSJ debe participar en la Dirección de la Carrera Judicial y en la Dirección Administrativa como consejero externo electo por la referida Corte, y debe presidir el citado Consejo.

Riesgo:

De no hacer este cambio, se corre el riesgo de crear un suprapoder u otra cabeza en el Organismo Judicial.

Independencia e imparcialidad del Ministerio Público

Se propone eliminar la actual obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, aspecto que debe corregirse, pues sería un retroceso enfocar el accionar de esta entidad a la función de acusación.

También se considera que el proceso de postulación, planteado en la reforma para elegir al jefe del MP (el Presidente elegirá entre cuatro personas: dos propuestas por la CSJ y dos por el Congreso), debe modificarse, ya que no garantiza la imparcialidad y puede dañar la independencia del funcionario electo.

Sugerencia:

Modificar el mecanismo de postulación que incluye a la CSJ, pues el ente que acusa debe ser independiente de los jueces. Permitir que un consejo interno del MP pueda nominar a candidatos.

Que el Presidente siga siendo quien nombra al Fiscal General y que el Congreso confirme el nombramiento.

Nuevos principios de la administración de justicia

Tres merecen especial atención: equidad, asistencia legal gratuita y la oralidad.

Observaciones:

Sustituir el principio de equidad por el de igualdad.

Debe considerarse que asegurar la asistencia legal gratuita en todas las ramas del Derecho, podría ser institucionalmente impracticable y financieramente insostenible.

Es incorrecto pensar que existe algún consenso respecto de que la oralidad sea la mejor opción en todos los casos y todas las materias judiciales.

[quote_center]Atal concluye: “Si las reformas son aprobadas como fueron presentadas y se integran a la Constitución, no se dotaría al sistema de justicia de la imparcialidad y la independencia que evidentemente necesita”.[/quote_center]

En el siguiente enlace puede descargar el documento donde Atal propone las enmiendas a la propuesta de Reforma Constitucional.

POSTURA DE ATAL ANTE LA INICIATIVA 5179 REFORMA CONSTITUCIONAL AL SISTEMA DE JUSTICIA