De todas las discusiones que se están produciendo en materia de reforma constitucional, pareciera que la discusión del pluralismo jurídico es la que está generando un mayor nivel de atención. A ratos incluso pareciera, a ojos de un espectador desconfiado,  que este tema está allí para concentrar la discusión y el debate sobre él y no sobre otros aspectos que también merecen y requieren profundo análisis. Pero dicho lo anterior, sí se imponen algunas consideraciones.

 Comienzo por decir que no encuentro razón por la cual se insiste en regular, con redacciones muy discutibles, un tema que hoy se reconoce que funciona; que funciona bien y que nadie ha cuestionado. De allí que buscar una redacción que llama a confusión, a múltiples interpretaciones o que ha inducido a una polarización justificada o no,  pareciera ser  más bien temerario. De hecho algunos ponentes  con los que he podido conversar tienen versiones bastante diferentes de lo que entienden por el reconocimiento de sistemas jurídicos de las comunidades indígenas. Ya ello debería ponernos una voz de alerta. También hay que decir que muchos de los que han planteado este tema lo han hecho como un acto meramente reflejo, pues poco parecieran conocer la realidad de los funcionamientos específicos en cada comunidad; es decir, es un tema que suena bien, pero que quizá no conocen con más detalle que algunos de los que se oponen al mismo.

La discusión no es nueva. Durante meses se han escuchado  voces en ambos sentidos. Lo curioso es que a favor de la inclusión se han registrado voces ladinas, nacionales o no (que por cierto son en su mayoría los ponentes de la propuesta) así como indígenas, pero en contra de incluir este tema constitucionalmente  los medios de comunicación únicamente han registrado al momento voces no indígenas. Habrá tanta uniformidad detrás de los liderazgos comunitarios indígenas? No pareciera ser el caso. He conversado con líderes indígenas preocupados porque este tema sea un intento de “ladinizar” las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Otros me han hecho ver que perciben detrás una agenda más propia de abogados comunitarios que ven en el tema una oportunidad de negocio y liderazgo político, en abierta contradicción al sentido de las autoridades tradicionales. Peor aún, no pueden imaginar siquiera cuando empiece a fluir el dinero, los programas, las regulaciones y los relatores derivados de su reconocimiento constitucional.    

A la discusión no ha ayudado para nada dos actitudes que he encontrado. La primera, justificar la inclusión de este tema como un asunto de “reinvidicación histórica”. Esto solo prueba que detrás de él, hay un trasfondo de modelo ideológico-político que poco o nada tiene que ver con acceso a la justicia. No digo que no esté bien que alguien lo quiera ver así; simplemente digo que es más honesto que se aclare entonces el propósito y no vistamos la propuesta de un origen que no corresponde. Por otro lado he oído voces que descalifican la menor disensión o duda sobre el tema, calificando estas posiciones como racistas, vendedoras de miedo o ignorantes.   Ponerse en este plano de descalificación quizá puede sonar más racista o ignorante que su dubitativo interlocutor. El diálogo, el debate y la disensión siempre son sanos, ocurran éstos en mesas de la sociedad o en el parlamento.

Hoy hay voces que piden en este y otros temas de la reforma constitucional, más discusión. Por ello, para que tengamos una verdadera justicia, para que fortalezcamos nuestra democracia, para que hagamos funcionar a las instituciones políticas, frente a los llamados de pasar esta reforma a la velocidad de la luz y en paquete completo, opongamos el llamado a una “cuestión de orden”. No vaya a ser que nos vayamos a equivocar o que pidamos a la ciudadanía luego que se pronuncie sobre una propuesta de la que diga que hizo falta conocerla, discutirla y entenderla.  

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