Existe una fuerte tendencia a sentir que se tiene una deuda que pagar a los pueblos indígenas por haberlos “conquistado”, y sobre todo, porque esa conquista no les ha traído las mejoras que quienes manejan las políticas sociales y de derechos humanos a nivel mundial han decidido que debieran haber recibido ya. Esta mentalidad, políticamente correcta, ha llevado a las autoridades en su fuerte tendencia socialista, a buscar paliativos para “quedar bien” con los líderes indígenas y tratar de no “herir” sus sentimientos imponiendo leyes y medidas que emanan de “la derecha”. Esta es la base sobre la cual nos quieren han impuesto el tema de la justicia indígena.
Hablemos del Hemisferio porqué Guatemala no es la excepción. En México existe. En Chihuahua, la población Tarahumara tiene el dominio de Norogachi, su ciudad. Según reportajes varios disponibles en Internet, cuando los tarahumaras quieren realizar un trámite gubernamental, sobre todo en la Presidencia Municipal, en la Coordinadora de la Tarahumara que pertenece al Gobierno del Estado o en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que pertenece a la federación, hay programas específicos para ellos, haciendo de Guachochi el centro político y zona económica que representa el núcleo geográfico en la Alta Sierra Tarahumara, por este motivo, aquí se asientan las oficinas que se encargan de la atención de indígenas en la región. Inclusive, desde enero de 2015, en Guachochi inició operaciones un Centro de Readaptación Social (CERESO) que depende de la Fiscalía General del Estado, conocido como el número 8, catalogado como un reclusorio de baja peligrosidad, el cual es el primer y único Cereso en México que está planeado para que la población carcelaria sean únicamente indígenas. Marginalmente, también es un punto estratégico para el crimen organizado.
En noviembre del 2016, una Juez citó por segunda vez a Rafael Correa, Presidente de Ecuador, a prestar declaración en la audiencia pública ante la Corte Constitucional (CC) para sustentar la acción de interpretación constitucional respecto de la aplicación y los alcances que debe tener la justicia indígena con respecto a la justicia ordinaria. Correa busca aclarar en qué infracciones debe aplicarse la justicia indígena y en cuáles no. Considera que los delitos graves no pueden ser juzgados por las comunidades y nacionalidades indígenas bajo sus costumbres porque puede derivar en flagrantes violaciones de los derechos humanos, y por ende, que los castigos físicos también deben ser regulados, sólo que sostiene que es para evitar que lesiones en los sancionados tengan una duración de más de tres días. O sea, los pueden torturar un par de días, pero no más de tres. En cuanto al alcance territorial de la justicia indígena, cree que la Corte deberá observar los límites geográficos de las extensiones a efectos de establecer las fronteras de la competencia de sus autoridades indígenas.
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad avaló la justicia indígena (véase varias notas de prensa). El 6 de marzo el Consejo de Alcaldes Comunitarios de Comitancillo, San Marcos, decidieron que veinticinco azotes y pedir perdón era suficiente castigo para un menor que violó a una niña. En su momento, Pablo Hurtado de Asies explicó que la idea era restablecer el equilibrio de la comunidad que “se rompe” cuando alguien comete un crimen o un delito. La CC determinó que azotar al niño no viola sus derechos humanos, debido a la cosmovisión indígena. Si esto fuera hecho por vecinos ladinos de una colonia, se irían todos presos y el delincuente saldría en caballo blanco. El Artículo 203 de la Constitución avala a las autoridades indígenas, pero los limita a ser aceptados siempre y cuando no violen los derechos humanos y los derechos que la Constitución misma establece. La CC contradice la Constitución porque dice que no se debe condicionar ni limitar la acción de los líderes indígenas ancestrales.
En Semuc Champey, Alta Verapaz, le cortaron una oreja a un señor Arnoldo Tec Caal y lo atacaron a machetazos, fue secuestrado y torturado, por defender ese Monumento Nacional. La Procuraduría de Derechos Humanos declaró injustificable el ataque bajo leyes indígenas, y lo señala como un acto criminal. Esperemos metan presos a los criminales que atentaron contra este señor. Cabe mencionar que de esta, será un reto proteger tanto Semuc Champey como cualquier otra área protegida porque dudo que alguien se anime a que le corten una oreja y lo agarren a machetazos los sacrosantos líderes indígenas ancestrales.
Me pregunto que dice la justicia indígena sobre el incesto, sobre el matrimonio de niñas con pedófilos, sobre el hecho de que los maridos vapulean a sus mujeres y éstas se dejan porque “es mi marido” etc. Una justicia que no me parece muy justa, más bien, se quedó en ancestral. Esperemos que el Ministerio de Gobernación se ponga las pilas y proteja ese tesoro natural que no es sólo de los indígenas, es de todos los guatemaltecos.
Mientras tanto, el Congreso continúa tratando de aprobar las reformas a la Constitución casi sin discusión. Si no fuera por pocos como el Diputado Fernando Linares, o el Diputado Juan José Porras, ya hubieran sido aprobadas con tirabuzón. El Diputado Porras inclusive ha propuesto que exista voluntariedad en el tema del pluralismo jurídico, y que por ende, la persona decida si se somete a un u otra forma de justicia.
Creo que somos muchos los guatemaltecos que no creemos en justicias específicas, exclusivistas o marginalistas (depende del cristal con que se mire), de justicias discrecionales y que nos dividan y causen mayores diferencias sociales. Existe aún mucha tela que cortar en este y otros temas relativos a las fatales reformas, y en este tema específico de la justicia indígena ancestral. Se debiera analizar más a fondo, ver que se ha hecho en otros países y si ha dado buenos resultados o no. Irónicamente, no quieren que se les imponga nada, pero nos quieren imponer esta. Si pasa como está, veremos linchamientos y torturas de gente no indígena que Dios libre tengan un accidente o cometan cualquier falta mientras transitando por una comunidad indígena. Y las mujeres, nos pueden violar y luego pedir disculpas.
Los líderes indígenas quieren progreso, pero no quieren progresar. Quieren modernidad, pero no quieren perder sus costumbres y sobre todo, el dominio comunitario eminentemente machista y de los ancianos. Y eso amparado por la CICIG y los oenegeros que les han metido esas brillantes ideas en la cabeza, ¿cómo progresará Guatemala, y especialmente la Guatemala rural, con semejante grillete psicológico y legal en el tobillo?
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Existe una fuerte tendencia a sentir que se tiene una deuda que pagar a los pueblos indígenas por haberlos “conquistado”, y sobre todo, porque esa conquista no les ha traído las mejoras que quienes manejan las políticas sociales y de derechos humanos a nivel mundial han decidido que debieran haber recibido ya. Esta mentalidad, políticamente correcta, ha llevado a las autoridades en su fuerte tendencia socialista, a buscar paliativos para “quedar bien” con los líderes indígenas y tratar de no “herir” sus sentimientos imponiendo leyes y medidas que emanan de “la derecha”. Esta es la base sobre la cual nos quieren han impuesto el tema de la justicia indígena.
Hablemos del Hemisferio porqué Guatemala no es la excepción. En México existe. En Chihuahua, la población Tarahumara tiene el dominio de Norogachi, su ciudad. Según reportajes varios disponibles en Internet, cuando los tarahumaras quieren realizar un trámite gubernamental, sobre todo en la Presidencia Municipal, en la Coordinadora de la Tarahumara que pertenece al Gobierno del Estado o en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que pertenece a la federación, hay programas específicos para ellos, haciendo de Guachochi el centro político y zona económica que representa el núcleo geográfico en la Alta Sierra Tarahumara, por este motivo, aquí se asientan las oficinas que se encargan de la atención de indígenas en la región. Inclusive, desde enero de 2015, en Guachochi inició operaciones un Centro de Readaptación Social (CERESO) que depende de la Fiscalía General del Estado, conocido como el número 8, catalogado como un reclusorio de baja peligrosidad, el cual es el primer y único Cereso en México que está planeado para que la población carcelaria sean únicamente indígenas. Marginalmente, también es un punto estratégico para el crimen organizado.
En noviembre del 2016, una Juez citó por segunda vez a Rafael Correa, Presidente de Ecuador, a prestar declaración en la audiencia pública ante la Corte Constitucional (CC) para sustentar la acción de interpretación constitucional respecto de la aplicación y los alcances que debe tener la justicia indígena con respecto a la justicia ordinaria. Correa busca aclarar en qué infracciones debe aplicarse la justicia indígena y en cuáles no. Considera que los delitos graves no pueden ser juzgados por las comunidades y nacionalidades indígenas bajo sus costumbres porque puede derivar en flagrantes violaciones de los derechos humanos, y por ende, que los castigos físicos también deben ser regulados, sólo que sostiene que es para evitar que lesiones en los sancionados tengan una duración de más de tres días. O sea, los pueden torturar un par de días, pero no más de tres. En cuanto al alcance territorial de la justicia indígena, cree que la Corte deberá observar los límites geográficos de las extensiones a efectos de establecer las fronteras de la competencia de sus autoridades indígenas.
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad avaló la justicia indígena (véase varias notas de prensa). El 6 de marzo el Consejo de Alcaldes Comunitarios de Comitancillo, San Marcos, decidieron que veinticinco azotes y pedir perdón era suficiente castigo para un menor que violó a una niña. En su momento, Pablo Hurtado de Asies explicó que la idea era restablecer el equilibrio de la comunidad que “se rompe” cuando alguien comete un crimen o un delito. La CC determinó que azotar al niño no viola sus derechos humanos, debido a la cosmovisión indígena. Si esto fuera hecho por vecinos ladinos de una colonia, se irían todos presos y el delincuente saldría en caballo blanco. El Artículo 203 de la Constitución avala a las autoridades indígenas, pero los limita a ser aceptados siempre y cuando no violen los derechos humanos y los derechos que la Constitución misma establece. La CC contradice la Constitución porque dice que no se debe condicionar ni limitar la acción de los líderes indígenas ancestrales.
En Semuc Champey, Alta Verapaz, le cortaron una oreja a un señor Arnoldo Tec Caal y lo atacaron a machetazos, fue secuestrado y torturado, por defender ese Monumento Nacional. La Procuraduría de Derechos Humanos declaró injustificable el ataque bajo leyes indígenas, y lo señala como un acto criminal. Esperemos metan presos a los criminales que atentaron contra este señor. Cabe mencionar que de esta, será un reto proteger tanto Semuc Champey como cualquier otra área protegida porque dudo que alguien se anime a que le corten una oreja y lo agarren a machetazos los sacrosantos líderes indígenas ancestrales.
Me pregunto que dice la justicia indígena sobre el incesto, sobre el matrimonio de niñas con pedófilos, sobre el hecho de que los maridos vapulean a sus mujeres y éstas se dejan porque “es mi marido” etc. Una justicia que no me parece muy justa, más bien, se quedó en ancestral. Esperemos que el Ministerio de Gobernación se ponga las pilas y proteja ese tesoro natural que no es sólo de los indígenas, es de todos los guatemaltecos.
Mientras tanto, el Congreso continúa tratando de aprobar las reformas a la Constitución casi sin discusión. Si no fuera por pocos como el Diputado Fernando Linares, o el Diputado Juan José Porras, ya hubieran sido aprobadas con tirabuzón. El Diputado Porras inclusive ha propuesto que exista voluntariedad en el tema del pluralismo jurídico, y que por ende, la persona decida si se somete a un u otra forma de justicia.
Creo que somos muchos los guatemaltecos que no creemos en justicias específicas, exclusivistas o marginalistas (depende del cristal con que se mire), de justicias discrecionales y que nos dividan y causen mayores diferencias sociales. Existe aún mucha tela que cortar en este y otros temas relativos a las fatales reformas, y en este tema específico de la justicia indígena ancestral. Se debiera analizar más a fondo, ver que se ha hecho en otros países y si ha dado buenos resultados o no. Irónicamente, no quieren que se les imponga nada, pero nos quieren imponer esta. Si pasa como está, veremos linchamientos y torturas de gente no indígena que Dios libre tengan un accidente o cometan cualquier falta mientras transitando por una comunidad indígena. Y las mujeres, nos pueden violar y luego pedir disculpas.
Los líderes indígenas quieren progreso, pero no quieren progresar. Quieren modernidad, pero no quieren perder sus costumbres y sobre todo, el dominio comunitario eminentemente machista y de los ancianos. Y eso amparado por la CICIG y los oenegeros que les han metido esas brillantes ideas en la cabeza, ¿cómo progresará Guatemala, y especialmente la Guatemala rural, con semejante grillete psicológico y legal en el tobillo?
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo