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Pena de muerte, un mal necesario

Betty Marroquin
05 de diciembre, 2016

Los políticamente correctos defienden el derecho a la vida de quienes han negado el derecho a la vida a sus víctimas, muchas veces inocentes. Los defensores de derechos humanos defienden a quienes privan de dignidad física e individual, ya no digamos asesinan, a personas que luego de ser víctimas de violación salen de la experiencia con su psiquis dañada. ¿Cómo es posible que defiendan a quienes violan a un menor? Ah, pero la pedofilia está de moda, y pobres los señores pedofilos, hay que sentir pena por ellos.

La Constitución Política de Guatemala contempla el recurso de la pena de muerte, aunque con tremendos paliativos y más de que de sobra otorga los mecanismos a los sentenciados para tratar de rebatir la pena. Cómo escribí meses atrás, estadísticamente se ha demostrado que no disminuye el índice de criminalidad, pero francamente, como ciudadana que paga sus impuestos, preferiría que los míos fueran usados para infraestructura, vivienda, salud, o educación y no para alimentar, proteger o cuidar a quienes de humano no tienen nada mas que el aspecto biológico. Pena de muerte debiera pues ser aplicada a mareros, narcotraficantes, secuestradores, sicarios, violadores y pedófilos.

En que cabeza cabe que desde la prisión sigan haciendo daño. Estos criminales, especialmente los psicópatas que manejan las maras, que continúan su secuela de muerte y destrucción aún desde sus cuarteles dentro de las mismas cárceles. ¿Cómo es esto posible? Ah, pero Dios libre que traten las autoridades de imponer orden en las prisiones con medidas drásticas porque les caen encima los señores defensores de los derechos humanos. Corre y va de nuez.

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Por ejemplo, los cabecillas de las maras. No importa si están libres o presos, ya que conducen sus fechorías y crímenes directa o a control remoto porque ejercen una dictadura férrea sobre sus subalternos, con cero tolerancia para incumplimientos o errores. El 24 de noviembre recién pasado, el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, condenó a Jorge Jair De León Hernández, cariñosamente conocido como “el diabólico” por su mara Salvatrucha, a nada menos que 168 años de prisión por ordenar y planificar el crimen de cuatro personas en el 2010, supuestamente para obligar al Ministerio de Gobernación a desistir del control estricto de los centros penales. El angelito inició su carrera criminal antes de los 18 años, y ahora, a los 33 años, es un sazonado asesino. Sus asesinatos incluyen, dentro de la cárcel, el decapitar al Sargento Obdulio Villanueva (condenado por el caso Gerardi). En el 2005 realizaron ataques coordinados contra sus rivales de otras maras en diversas cárceles. El 10 de junio del 2010 recordaremos que dejaron 4 cabezas humanas en distintos puntos de la ciudad (frente al Congreso, en la pasarela de Tikal Futura, en la colonia Lavarreda de la zona 18 y en la colonia la Paz de Villa Nueva.

Estos engendros del mal no conocen límites, tienen más derechos y protecciones que usted y que yo, que elegimos comportarnos como ciudadanos responsables y respetuosos de la Ley. La propuesta que impulsaran las Licenciadas Zury Rios y Lucrecia vda. de Palomo pareció morir en este Congreso. Espero que el nuevo Congreso la retome, con fuerza, la debatan y la aprueben. Los guatemaltecos que estamos cansados de estos psicópatas asesinos, inhumanos, queremos ver nuestros impuestos encaminados hacia otros rubros.

Las cárceles están sobrepobladas, no tenemos suficientes recursos para mantenerlas o mejorarlas, un sistema penitenciario verdaderamente en crisis. Aplicar la pena de muerte como contemplado en la Constitución, obvio luego de seguir el debido proceso y de que se apliquen los mecanismos de Ley para estar lo más seguros de que el inculpado es realmente culpable (aunque algunos salte a la vista que lo sean), puede si no ser un disuasivo del crimen, al menos enfocar los recursos hacia donde si se necesitan. Sabemos que la inversión en el sistema penitenciario es muy baja, pero mejor que la empleen en algo positivo.

Por ejemplo, porqué no estimular que los reos (que si tienen remedio) aprendan algún oficio, fabriquen algo, dediquen su tiempo a un servicio o a producir o hacer algo positivo. En muchos países los reos fabrican pan, aprenden a cocinar, aprenden oficios como carpintería, arreglan carreteras, trabajan en el campo, maquilan, y con ello, adquieren una herramienta que les ayude para cuando salgan de la cárcel. Pero me refiero a los reos reformables. Quien sabe porqué me cuesta imaginar a un marero asesino haciendo buñuelos.

Nos lamentamos de la justicia indígena, de que latigueen y cuasi torturen a los policías que se presentaron a trabajar en estado de ebriedad, o al trabajador que protegía Semuc Champey, pero al menos en esas áreas no existen los mareros porque marero visto, es marero muerto. Y con esto no quiero decir que esté en favor de la justicia indígena.

Radical, sin duda. Pero casos extremos requieren medidas extremas, a veces, y ya no digamos casos desesperados, como el nuestro. El Triángulo Norte debe coordinar esfuerzos para defenderse de esta multinacional criminal que nos agobia. Tarea de Titanes, ciertamente, pero no imposible si consideramos que en otros lugares del mundo lo han logrado.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo

Pena de muerte, un mal necesario

Betty Marroquin
05 de diciembre, 2016

Los políticamente correctos defienden el derecho a la vida de quienes han negado el derecho a la vida a sus víctimas, muchas veces inocentes. Los defensores de derechos humanos defienden a quienes privan de dignidad física e individual, ya no digamos asesinan, a personas que luego de ser víctimas de violación salen de la experiencia con su psiquis dañada. ¿Cómo es posible que defiendan a quienes violan a un menor? Ah, pero la pedofilia está de moda, y pobres los señores pedofilos, hay que sentir pena por ellos.

La Constitución Política de Guatemala contempla el recurso de la pena de muerte, aunque con tremendos paliativos y más de que de sobra otorga los mecanismos a los sentenciados para tratar de rebatir la pena. Cómo escribí meses atrás, estadísticamente se ha demostrado que no disminuye el índice de criminalidad, pero francamente, como ciudadana que paga sus impuestos, preferiría que los míos fueran usados para infraestructura, vivienda, salud, o educación y no para alimentar, proteger o cuidar a quienes de humano no tienen nada mas que el aspecto biológico. Pena de muerte debiera pues ser aplicada a mareros, narcotraficantes, secuestradores, sicarios, violadores y pedófilos.

En que cabeza cabe que desde la prisión sigan haciendo daño. Estos criminales, especialmente los psicópatas que manejan las maras, que continúan su secuela de muerte y destrucción aún desde sus cuarteles dentro de las mismas cárceles. ¿Cómo es esto posible? Ah, pero Dios libre que traten las autoridades de imponer orden en las prisiones con medidas drásticas porque les caen encima los señores defensores de los derechos humanos. Corre y va de nuez.

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Por ejemplo, los cabecillas de las maras. No importa si están libres o presos, ya que conducen sus fechorías y crímenes directa o a control remoto porque ejercen una dictadura férrea sobre sus subalternos, con cero tolerancia para incumplimientos o errores. El 24 de noviembre recién pasado, el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, condenó a Jorge Jair De León Hernández, cariñosamente conocido como “el diabólico” por su mara Salvatrucha, a nada menos que 168 años de prisión por ordenar y planificar el crimen de cuatro personas en el 2010, supuestamente para obligar al Ministerio de Gobernación a desistir del control estricto de los centros penales. El angelito inició su carrera criminal antes de los 18 años, y ahora, a los 33 años, es un sazonado asesino. Sus asesinatos incluyen, dentro de la cárcel, el decapitar al Sargento Obdulio Villanueva (condenado por el caso Gerardi). En el 2005 realizaron ataques coordinados contra sus rivales de otras maras en diversas cárceles. El 10 de junio del 2010 recordaremos que dejaron 4 cabezas humanas en distintos puntos de la ciudad (frente al Congreso, en la pasarela de Tikal Futura, en la colonia Lavarreda de la zona 18 y en la colonia la Paz de Villa Nueva.

Estos engendros del mal no conocen límites, tienen más derechos y protecciones que usted y que yo, que elegimos comportarnos como ciudadanos responsables y respetuosos de la Ley. La propuesta que impulsaran las Licenciadas Zury Rios y Lucrecia vda. de Palomo pareció morir en este Congreso. Espero que el nuevo Congreso la retome, con fuerza, la debatan y la aprueben. Los guatemaltecos que estamos cansados de estos psicópatas asesinos, inhumanos, queremos ver nuestros impuestos encaminados hacia otros rubros.

Las cárceles están sobrepobladas, no tenemos suficientes recursos para mantenerlas o mejorarlas, un sistema penitenciario verdaderamente en crisis. Aplicar la pena de muerte como contemplado en la Constitución, obvio luego de seguir el debido proceso y de que se apliquen los mecanismos de Ley para estar lo más seguros de que el inculpado es realmente culpable (aunque algunos salte a la vista que lo sean), puede si no ser un disuasivo del crimen, al menos enfocar los recursos hacia donde si se necesitan. Sabemos que la inversión en el sistema penitenciario es muy baja, pero mejor que la empleen en algo positivo.

Por ejemplo, porqué no estimular que los reos (que si tienen remedio) aprendan algún oficio, fabriquen algo, dediquen su tiempo a un servicio o a producir o hacer algo positivo. En muchos países los reos fabrican pan, aprenden a cocinar, aprenden oficios como carpintería, arreglan carreteras, trabajan en el campo, maquilan, y con ello, adquieren una herramienta que les ayude para cuando salgan de la cárcel. Pero me refiero a los reos reformables. Quien sabe porqué me cuesta imaginar a un marero asesino haciendo buñuelos.

Nos lamentamos de la justicia indígena, de que latigueen y cuasi torturen a los policías que se presentaron a trabajar en estado de ebriedad, o al trabajador que protegía Semuc Champey, pero al menos en esas áreas no existen los mareros porque marero visto, es marero muerto. Y con esto no quiero decir que esté en favor de la justicia indígena.

Radical, sin duda. Pero casos extremos requieren medidas extremas, a veces, y ya no digamos casos desesperados, como el nuestro. El Triángulo Norte debe coordinar esfuerzos para defenderse de esta multinacional criminal que nos agobia. Tarea de Titanes, ciertamente, pero no imposible si consideramos que en otros lugares del mundo lo han logrado.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo