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Así califica el sector Agro el primer año del Presidente Morales

Allan Martinez
02 de enero, 2017

La Cámara del Agro realizó una encuesta entre todos sus socios donde el Organismo Ejecutivo es el peor calificado. Un 47% de los agremiados la calificó como pésima, el 31.1% como mala, el 17.7% como regular y como buena apenas el 4.4%.

La encuesta también contempla la percepción que se tiene sobre el Organismo Judicial en la que es calificado como regular. Según el 37% de los empresarios agrícolas. Un 28.8% lo califica de malo, un 20.4% de pésimo y un 13.3% como bueno.

En cuanto al Organismo Legislativo un 22% de los socios encuestados califican de regular al Organismo Legislativo, 4.4% como buena; sin embargo, la mayoría calificaron la gestión entre pésima 42.2% y mala 28.9%. 

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La encuesta fue realizada por la Cámara del Agro a sus socios en los que se midieron las percepciones sobre la gestión y desempeño de Gobierno durante 2016 con el propósito de evaluar los avances relacionados a la “Agenda Prioritaria de Clima de Negocios y Productividad Agropecuaria 2016-2020”, que fuera presentada por CAMAGRO a los diferentes partidos políticos y funcionarios de Gobierno y Presidente de los Organismos de
Estado.

¿Porqué salieron tan bajos?

Para el presidente de CAMAGRO, Nils Leporowski, el resultado sobre la percepción del primer año de Gobierno es “preocupante pues refleja que los principales temas que afectan al sector y que inciden en la competitividad de las empresas no han sido atendidos”.

Leporowski considera que esta es una oportunidad para que el Presidente y su Gabinete de Ministros, atiendan las demandas de este sector que es uno de los principales motores de la economía y los empleos a nivel nacional y que ajuste y priorice acciones concretas en 2017 orientadas a mejorar el clima de negocios, la eficiencia de las instituciones y la promoción del empleo, puntualizó.

En cuanto al Organismo Judicial el asesor legal de CAMAGRO, Stuardo Ralón asegura que está de acuerdo con la percepción que se tiene del poder judicial esto en virtud de que son varias resoluciones que fueron cuestionadas y que suspendieron inversiones en el área rural. Agrega Ralón que “se puede decir que existe una expectativa de mejora de las acciones judiciales apegadas a derecho para garantizar el respeto a la propiedad privada y la certeza jurídica en general”.

La directora ejecutiva de CAMAGRO, Carla Caballeros indicó que en el caso del Congreso los diputados tiene función principal de fiscalizar, que es obligación constitucional. “Es la función que menos se cumple”, indicó. “El legislativo tiene más de 8 años de no cumplir con la obligación de aprobar la ejecución presupuestaria de manera anual, es decir que no se hacen responsables como la Ley lo ordena, de la manera en que los diferentes Ministerios e instituciones gastan los recursos de los guatemaltecos”.

Además señaló que otro claro ejemplo sobre la falta de fiscalización de la ejecución de la obra pública, en especial la falta de fiscalización sobre la calidad y ejecución del gasto en la construcción de carreteras, y el caso de la carretera CA-2 Occidente, que más allá del escándalo de corrupción que se ventila internacionalmente y que incluye a funcionarios del Gobierno guatemalteco, no lleva ni la quinta parte de su ejecución física pero sí cerca del setenta por ciento de la ejecución financiera. “Otro caso es la carretera de la Ruta Nacional 7E en el área del Polochic que siguen sin concluirse, sin fiscalización y que fue un préstamo aprobado por el Congreso; solo para mencionar algunos ejemplos”, puntualizó. 

Agenda mínima no ha sido atendida

Según Leporowski, la propuesta del sector aún no ha sido atendida, explicó que se trata de una “Agenda Mínima para la Competitividad y Productividad Agropecuaria 2016-2020”, que contiene 9 acciones concretas a gestionar dentro del Organismo Legislativo y 15 a cargo del Presidente y su Gabinete, con especial énfasis en la gestión del MAGA, MICIVI, MINECO, MINTRAB y MARN.

“Es una agenda de ejecución en el corto plazo, refiriéndose al periodo de Gobierno, pero de impacto en el largo plazo y que facilitará no solo elevar la productividad agrícola, sino también contribuir al crecimiento económico. Recordando también que el tipo de cambio, la inseguridad y la conflictividad por amenazas a la propiedad, fueron los tres principales factores que afectaron el desempeño de las empresas en 2016, agregó.

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Así califica el sector Agro el primer año del Presidente Morales

Allan Martinez
02 de enero, 2017

La Cámara del Agro realizó una encuesta entre todos sus socios donde el Organismo Ejecutivo es el peor calificado. Un 47% de los agremiados la calificó como pésima, el 31.1% como mala, el 17.7% como regular y como buena apenas el 4.4%.

La encuesta también contempla la percepción que se tiene sobre el Organismo Judicial en la que es calificado como regular. Según el 37% de los empresarios agrícolas. Un 28.8% lo califica de malo, un 20.4% de pésimo y un 13.3% como bueno.

En cuanto al Organismo Legislativo un 22% de los socios encuestados califican de regular al Organismo Legislativo, 4.4% como buena; sin embargo, la mayoría calificaron la gestión entre pésima 42.2% y mala 28.9%. 

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La encuesta fue realizada por la Cámara del Agro a sus socios en los que se midieron las percepciones sobre la gestión y desempeño de Gobierno durante 2016 con el propósito de evaluar los avances relacionados a la “Agenda Prioritaria de Clima de Negocios y Productividad Agropecuaria 2016-2020”, que fuera presentada por CAMAGRO a los diferentes partidos políticos y funcionarios de Gobierno y Presidente de los Organismos de
Estado.

¿Porqué salieron tan bajos?

Para el presidente de CAMAGRO, Nils Leporowski, el resultado sobre la percepción del primer año de Gobierno es “preocupante pues refleja que los principales temas que afectan al sector y que inciden en la competitividad de las empresas no han sido atendidos”.

Leporowski considera que esta es una oportunidad para que el Presidente y su Gabinete de Ministros, atiendan las demandas de este sector que es uno de los principales motores de la economía y los empleos a nivel nacional y que ajuste y priorice acciones concretas en 2017 orientadas a mejorar el clima de negocios, la eficiencia de las instituciones y la promoción del empleo, puntualizó.

En cuanto al Organismo Judicial el asesor legal de CAMAGRO, Stuardo Ralón asegura que está de acuerdo con la percepción que se tiene del poder judicial esto en virtud de que son varias resoluciones que fueron cuestionadas y que suspendieron inversiones en el área rural. Agrega Ralón que “se puede decir que existe una expectativa de mejora de las acciones judiciales apegadas a derecho para garantizar el respeto a la propiedad privada y la certeza jurídica en general”.

La directora ejecutiva de CAMAGRO, Carla Caballeros indicó que en el caso del Congreso los diputados tiene función principal de fiscalizar, que es obligación constitucional. “Es la función que menos se cumple”, indicó. “El legislativo tiene más de 8 años de no cumplir con la obligación de aprobar la ejecución presupuestaria de manera anual, es decir que no se hacen responsables como la Ley lo ordena, de la manera en que los diferentes Ministerios e instituciones gastan los recursos de los guatemaltecos”.

Además señaló que otro claro ejemplo sobre la falta de fiscalización de la ejecución de la obra pública, en especial la falta de fiscalización sobre la calidad y ejecución del gasto en la construcción de carreteras, y el caso de la carretera CA-2 Occidente, que más allá del escándalo de corrupción que se ventila internacionalmente y que incluye a funcionarios del Gobierno guatemalteco, no lleva ni la quinta parte de su ejecución física pero sí cerca del setenta por ciento de la ejecución financiera. “Otro caso es la carretera de la Ruta Nacional 7E en el área del Polochic que siguen sin concluirse, sin fiscalización y que fue un préstamo aprobado por el Congreso; solo para mencionar algunos ejemplos”, puntualizó. 

Agenda mínima no ha sido atendida

Según Leporowski, la propuesta del sector aún no ha sido atendida, explicó que se trata de una “Agenda Mínima para la Competitividad y Productividad Agropecuaria 2016-2020”, que contiene 9 acciones concretas a gestionar dentro del Organismo Legislativo y 15 a cargo del Presidente y su Gabinete, con especial énfasis en la gestión del MAGA, MICIVI, MINECO, MINTRAB y MARN.

“Es una agenda de ejecución en el corto plazo, refiriéndose al periodo de Gobierno, pero de impacto en el largo plazo y que facilitará no solo elevar la productividad agrícola, sino también contribuir al crecimiento económico. Recordando también que el tipo de cambio, la inseguridad y la conflictividad por amenazas a la propiedad, fueron los tres principales factores que afectaron el desempeño de las empresas en 2016, agregó.