Me pregunto que motiva realmente a los señores transportistas a convocar a otro paro del transporte pesado para el 17 de enero. Cuando realizaron el paro del 2016, las pérdidas para Guatemala fueron multimillonarias. Perdieron ellos, perdieron los empresarios del transporte, perdieron los exportadores, perdieron los importadores, perdieron los puertos, perdió todo mundo. Hubo hechos de violencia, hubo problemas a granel, gente con emergencias que no lograba transitar las carreteras, problemas de abastecimiento, pérdida de producto perecedero, etc. ¿Ganaron algo, verdaderamente? Tengo mis dudas. Negociando y dialogando se logra más que protestando, o haciendo algo que asemeja un berrinche sólo que de masas.
Está iniciando el 2017 y se entiende que existe gran descontento por la lentitud de los procesos de la Superintendencia de Administración Tributaria, o de carga y descarga en los puertos, problemas en las carreteras, alza del combustible, etc. Las carreteras no se pueden reparar con cáscaras de huevo, y el Ministerio de Comunicaciones no tiene varita mágica. Heredaron un ministerio dilapidado, ¿cómo quieren que resuelva todo en un año en ese estado? La SAT ha aumentado personal en las aduanas, creo que toca darles el beneficio de la duda y dejar que logren regular y mejorar los procesos. Los puertos a su vez también están poniendo de su parte y según lo que he investigado si bien existen dificultades técnicas y mecánicas, durante las fiestas las cuadrillas de trabajo no cesaron de operar. Efectivamente se ha producido una acumulación de contenedores en algunos puertos que están luchando por sacar adelante el producto, pero otra huelga, otro paro del transporte únicamente empeoraría eso a su máxima expresión, y luego, se quejarían aún más. Dos más dos son cuatro, señores, nos guste o no.
La lógica indica que a nadie le agradan los atrasos. Los puertos no ganan nada acumulando contenedores, y con ello quejas y críticas, y hacen todo lo posible para sacar su trabajo a paso redoblado. Obviamente no es tan fácil cuando hasta comprar repuestos para el equipo es un trámite engorroso ideado por alguien que quizás tiene una mentalidad burocrática que por tradición no suele ser la más práctica ni eficaz, y motivados por la necesidad innegable de combatir la corrupción. La Ley de Compras y Contrataciones del Estado (LCCE) si bien tiene algunos aciertos, hace demasiado largo el proceso de licitaciones y adquisiciones para las empresas estatales. Para rematarla, con los antecedentes de corrupción y tranzas que hemos visto emerger en las investigaciones del MP y la CICIG, los proveedores potenciales parecen temerosos de participar en las licitaciones de por ejemplo, infraestructura, y con ello, estas quedan sin resultados, aún cuando está claro que no existe mordida.
La LCCE dice en sus Considerandos que “las contrataciones administrativas se encuentran en diferentes cuerpos legales con criterios obsoletos que no permiten el desarrollo eficiente de la administración pública, siendo necesario emitir una sola ley de fácil aplicación; Que es deber del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, en beneficio de sus habitantes y para realización del bien común”. La ley suena muy bien, pero en la práctica volvió engorroso el proceso. El tema de la compra directa se ha visto afectada con la baja del techo. En muchas ocasiones el Estado tiene emergencias que superan los 25 mil Quetzales. Medicinas, maquinaria, equipo pesado urgente, reparaciones costosas, se ven seriamente afectadas por ese techo. Formas de fiscalizar existen muchas, si se tiene voluntad y dos dedos de frente para cranearlas. Pero se necesita eso, voluntad y mucha lógica. ¿Cómo pueden poner a funcionar equipo urgente para reparar carreteras, puentes, puertos, si se toman tres meses en licitar, y en muchos casos repito, son licitaciones estériles?
Cómo siempre digo, y subrayo porque parece que a muchos no les entra, y criticar es fácil. Hablar y teclear insultos y agravios a granel es sumamente fácil y para quienes están llenos de veneno, hasta divertido. Quisiera ver a los masters de la crítica sentados en las Juntas Directivas, en las Gerencias, en las Direcciones, en los Ministerios tratando de resolver crisis tras crisis sin las herramientas necesarias. Me encantaría ver sus caras de frustración y que se los coman vivos en las redes sociales.
Pero Guatemala no necesita más de esa mentalidad, de esa mala sangre y de esa negatividad. Seamos proactivos. Toca presionar al Congreso para que mejore ese aspecto de la LCCE, y permita a las entidades estatales realizar compras directas por mayores montos con un sistema de fiscalización eficiente y lógico. Una vez que eso funcione eficazmente, podemos alegar todo lo que queramos si no se repara, si no se avanza y si no se resuelve.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Me pregunto que motiva realmente a los señores transportistas a convocar a otro paro del transporte pesado para el 17 de enero. Cuando realizaron el paro del 2016, las pérdidas para Guatemala fueron multimillonarias. Perdieron ellos, perdieron los empresarios del transporte, perdieron los exportadores, perdieron los importadores, perdieron los puertos, perdió todo mundo. Hubo hechos de violencia, hubo problemas a granel, gente con emergencias que no lograba transitar las carreteras, problemas de abastecimiento, pérdida de producto perecedero, etc. ¿Ganaron algo, verdaderamente? Tengo mis dudas. Negociando y dialogando se logra más que protestando, o haciendo algo que asemeja un berrinche sólo que de masas.
Está iniciando el 2017 y se entiende que existe gran descontento por la lentitud de los procesos de la Superintendencia de Administración Tributaria, o de carga y descarga en los puertos, problemas en las carreteras, alza del combustible, etc. Las carreteras no se pueden reparar con cáscaras de huevo, y el Ministerio de Comunicaciones no tiene varita mágica. Heredaron un ministerio dilapidado, ¿cómo quieren que resuelva todo en un año en ese estado? La SAT ha aumentado personal en las aduanas, creo que toca darles el beneficio de la duda y dejar que logren regular y mejorar los procesos. Los puertos a su vez también están poniendo de su parte y según lo que he investigado si bien existen dificultades técnicas y mecánicas, durante las fiestas las cuadrillas de trabajo no cesaron de operar. Efectivamente se ha producido una acumulación de contenedores en algunos puertos que están luchando por sacar adelante el producto, pero otra huelga, otro paro del transporte únicamente empeoraría eso a su máxima expresión, y luego, se quejarían aún más. Dos más dos son cuatro, señores, nos guste o no.
La lógica indica que a nadie le agradan los atrasos. Los puertos no ganan nada acumulando contenedores, y con ello quejas y críticas, y hacen todo lo posible para sacar su trabajo a paso redoblado. Obviamente no es tan fácil cuando hasta comprar repuestos para el equipo es un trámite engorroso ideado por alguien que quizás tiene una mentalidad burocrática que por tradición no suele ser la más práctica ni eficaz, y motivados por la necesidad innegable de combatir la corrupción. La Ley de Compras y Contrataciones del Estado (LCCE) si bien tiene algunos aciertos, hace demasiado largo el proceso de licitaciones y adquisiciones para las empresas estatales. Para rematarla, con los antecedentes de corrupción y tranzas que hemos visto emerger en las investigaciones del MP y la CICIG, los proveedores potenciales parecen temerosos de participar en las licitaciones de por ejemplo, infraestructura, y con ello, estas quedan sin resultados, aún cuando está claro que no existe mordida.
La LCCE dice en sus Considerandos que “las contrataciones administrativas se encuentran en diferentes cuerpos legales con criterios obsoletos que no permiten el desarrollo eficiente de la administración pública, siendo necesario emitir una sola ley de fácil aplicación; Que es deber del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, en beneficio de sus habitantes y para realización del bien común”. La ley suena muy bien, pero en la práctica volvió engorroso el proceso. El tema de la compra directa se ha visto afectada con la baja del techo. En muchas ocasiones el Estado tiene emergencias que superan los 25 mil Quetzales. Medicinas, maquinaria, equipo pesado urgente, reparaciones costosas, se ven seriamente afectadas por ese techo. Formas de fiscalizar existen muchas, si se tiene voluntad y dos dedos de frente para cranearlas. Pero se necesita eso, voluntad y mucha lógica. ¿Cómo pueden poner a funcionar equipo urgente para reparar carreteras, puentes, puertos, si se toman tres meses en licitar, y en muchos casos repito, son licitaciones estériles?
Cómo siempre digo, y subrayo porque parece que a muchos no les entra, y criticar es fácil. Hablar y teclear insultos y agravios a granel es sumamente fácil y para quienes están llenos de veneno, hasta divertido. Quisiera ver a los masters de la crítica sentados en las Juntas Directivas, en las Gerencias, en las Direcciones, en los Ministerios tratando de resolver crisis tras crisis sin las herramientas necesarias. Me encantaría ver sus caras de frustración y que se los coman vivos en las redes sociales.
Pero Guatemala no necesita más de esa mentalidad, de esa mala sangre y de esa negatividad. Seamos proactivos. Toca presionar al Congreso para que mejore ese aspecto de la LCCE, y permita a las entidades estatales realizar compras directas por mayores montos con un sistema de fiscalización eficiente y lógico. Una vez que eso funcione eficazmente, podemos alegar todo lo que queramos si no se repara, si no se avanza y si no se resuelve.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo