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De la Inmoralidad del Salario Mínimo

José Carlos Ortega
07 de enero, 2017

Cada año, como regalo de Santa Clós, con esa misma vana ilusión esperada por millones de chicos, a finales de cada año, el gobierno de Guatemala “regala” un incremento en el salario mínimo a los trabajadores en relación de dependencia, y que están en la formalidad. Desde hace ya varios años el salario mínimo se ha incrementado todos los años. En los últimos 21 años, solo dos veces, en 1997 y 2005, no se incrementaron los salarios mínimos por decreto. Es un hecho verificable, que de 2006 para el año 2017 el salario mínimo se ha duplicado, y desde el año 1996, hace 20 años, se ha quintuplicado.
La discusión en medios informativos se centra básicamente en el valor de una “canasta básica” y del tamaño de una familia promedio guatemalteca para poder suplir esas necesidades sobre la base del salario mínimo “otorgado” a los trabajadores. Lo interesante de la discusión en este sentido es la conformación de esa “canasta básica”, si es equivalente a otras regionales, que en este mundo globalizado son nuestros competidores directos en la producción de bienes y servicios, y si ésta corresponda a lo efectivamente consumido por los habitantes de cada región de nuestro país, a los precios que allí se indican. Por supuesto, el otro factor, que no se puede soslayar de la discusión, es el tamaño de la familia guatemalteca promedio, comparado regionalmente, también, y sabiendo muy bien, que no es culpa y responsabilidad de nadie más que los padres de familia del tamaño de cada familia.
Tuve en mis manos la noticia del incremento salarial en El Salvador, y me pareció muy interesante que la discusión es ese periódico se centraba sobre la productividad de las actividades agrícolas y no agrícolas, comparando la cantidad de jornales para poder producir los productos, y así poderlos costear y comparar, por supuesto, contra los precios internacionales de venta. Estamos muy lejos de aquellos tiempos en que los precios de las mercancías podían definirse por la contabilidad de los costos para producir y sobre ellos definir una “ganancia prudencial o moral”.
La competencia hizo que la ganancia fuera definida por la eficiencia y la productividad con la que producimos un determinado bien o servicio, por la cantidad de competencia en ese sector, y por el valor que las personas le asignan, de forma libre y espontánea, a un bien o servicio en un momento determinado, muchas veces, influenciados por la innovación y la creatividad de algunos de los mismos. Por ello, el mercado le asigna grandes valores a precios como el de un artista o un atleta deportivo, por su escasez en encontrar esa genialidad, comparada a profesiones muy dignas, como la de un maestro o un médico.
La discusión en El Salvador, donde se reflejaba una enorme preocupación de los sectores empresariales, como es lógico, me pareció aún más interesante por una aunada preocupación por parte del sector obrero-sindical, ante dos asuntos: la posibilidad de pérdidas masivas de empleo, ya el análisis comparaba que varios productos agrícolas serían improductivos de producir con esos valores de salarios, y la posibilidad de volver informales a miles de trabajadores, ante la posibilidad de los empleadores de sacarlos de planilla, para no pagar el salario mínimo, y pagarlo de manera informal, además de ventajas como la pérdida de seguridad social.
Aún los escolásticos (curas o monjes católicos) en la época medieval, concluyeron que no todas las normas, o leyes impuestas por los gobiernos locales, obligaban moralmente a los diferentes actores de la sociedad a ser cumplidas. Es decir, algunas de las leyes “impuestas” si eran desobedecidas no implicaban una condena moral, no eran pecado, aunque fuesen ilegales.
La lógica del sistema productivo y de mercado nos ha indicado durante infinidad de ocasiones que a medida que se incrementa la demanda de trabajadores, la oferta decrece, y por lo tanto, ¡oh maravilla!, los precios de los salarios se incrementan. En los últimos 20 años, en nuestro país, en el “boom” de la maquila textil, era más difícil encontrar barata la mano de obra, porque muchas de las personas se empleaban en este sector. A medida que este sector ha sido atacado por diversas formas de incremento de los costos, entre ellas el salario mínimo, y que muchas de estas empresas ya no están en nuestro país, la mano de obra se abarató, y aún se puede encontrar mano de obra más calificada para sectores donde no es tan necesaria. De dicha cuenta, hay albañiles que estudiaron perito contador, o maestras empleadas como servicio doméstico o meseras.
Pero, la inmoralidad del decreto de salarios mínimos, que aparte de ser uno de esos regalos de Navidad que nadie agradece, como los de la tía abuela que te da un par de calcetines de colores extravagantes, y que para el presidente de la República es quedar mal con todos, porque sube por decreto (me recuerda a aquellos alumnos que ganaron el año por decreto, una de aquellas veces que estaban en huelga, y luego nadie los quería emplear o recibir en las universidades), pero nunca lo suficiente según los sectores que pelean por el incremento, y que afecta los costos de producción, y que de veras, no gana ningún voto, ni porcentaje de popularidad, viene por un factor que nos aleja de la verdad y la confianza. En muchos lugares, los empleadores no podrán abandonar algunos de los proyectos productivos que poseen, como en la agricultura, generando el desempleo anunciado, sino que “pactarán” con los empleados, a razón de la amenaza de quedarse sin empleo, de documentar los salarios como pagados legalmente, aunque la paga efectiva este por debajo de los legal. Allí se destruye el tejido social y moral, porque el patrono miente, y el trabajador se siente abusado, y por razones de hambre, debe aceptar algo ilegal.
Por supuesto que los salarios son bajos y debieran subir. Por supuesto que pagar por debajo del salario mínimo es ilegal. Pero también es inmoral que el gobierno se meta a fijar un precio, como si fuera fijar los precios de los productos que están en el mercado. Pero es más inmoral obligar a una gran parte de la población a salirse de la legalidad, con la excusa de una medida antieconómica y populista. Si los gobiernos de veras quieren hacer algo bueno por sus habitantes, deben concentrarse en lograr las medidas que permitan la creación de más y mejores empleos en el país.
@josekrlos

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo

De la Inmoralidad del Salario Mínimo

José Carlos Ortega
07 de enero, 2017

Cada año, como regalo de Santa Clós, con esa misma vana ilusión esperada por millones de chicos, a finales de cada año, el gobierno de Guatemala “regala” un incremento en el salario mínimo a los trabajadores en relación de dependencia, y que están en la formalidad. Desde hace ya varios años el salario mínimo se ha incrementado todos los años. En los últimos 21 años, solo dos veces, en 1997 y 2005, no se incrementaron los salarios mínimos por decreto. Es un hecho verificable, que de 2006 para el año 2017 el salario mínimo se ha duplicado, y desde el año 1996, hace 20 años, se ha quintuplicado.
La discusión en medios informativos se centra básicamente en el valor de una “canasta básica” y del tamaño de una familia promedio guatemalteca para poder suplir esas necesidades sobre la base del salario mínimo “otorgado” a los trabajadores. Lo interesante de la discusión en este sentido es la conformación de esa “canasta básica”, si es equivalente a otras regionales, que en este mundo globalizado son nuestros competidores directos en la producción de bienes y servicios, y si ésta corresponda a lo efectivamente consumido por los habitantes de cada región de nuestro país, a los precios que allí se indican. Por supuesto, el otro factor, que no se puede soslayar de la discusión, es el tamaño de la familia guatemalteca promedio, comparado regionalmente, también, y sabiendo muy bien, que no es culpa y responsabilidad de nadie más que los padres de familia del tamaño de cada familia.
Tuve en mis manos la noticia del incremento salarial en El Salvador, y me pareció muy interesante que la discusión es ese periódico se centraba sobre la productividad de las actividades agrícolas y no agrícolas, comparando la cantidad de jornales para poder producir los productos, y así poderlos costear y comparar, por supuesto, contra los precios internacionales de venta. Estamos muy lejos de aquellos tiempos en que los precios de las mercancías podían definirse por la contabilidad de los costos para producir y sobre ellos definir una “ganancia prudencial o moral”.
La competencia hizo que la ganancia fuera definida por la eficiencia y la productividad con la que producimos un determinado bien o servicio, por la cantidad de competencia en ese sector, y por el valor que las personas le asignan, de forma libre y espontánea, a un bien o servicio en un momento determinado, muchas veces, influenciados por la innovación y la creatividad de algunos de los mismos. Por ello, el mercado le asigna grandes valores a precios como el de un artista o un atleta deportivo, por su escasez en encontrar esa genialidad, comparada a profesiones muy dignas, como la de un maestro o un médico.
La discusión en El Salvador, donde se reflejaba una enorme preocupación de los sectores empresariales, como es lógico, me pareció aún más interesante por una aunada preocupación por parte del sector obrero-sindical, ante dos asuntos: la posibilidad de pérdidas masivas de empleo, ya el análisis comparaba que varios productos agrícolas serían improductivos de producir con esos valores de salarios, y la posibilidad de volver informales a miles de trabajadores, ante la posibilidad de los empleadores de sacarlos de planilla, para no pagar el salario mínimo, y pagarlo de manera informal, además de ventajas como la pérdida de seguridad social.
Aún los escolásticos (curas o monjes católicos) en la época medieval, concluyeron que no todas las normas, o leyes impuestas por los gobiernos locales, obligaban moralmente a los diferentes actores de la sociedad a ser cumplidas. Es decir, algunas de las leyes “impuestas” si eran desobedecidas no implicaban una condena moral, no eran pecado, aunque fuesen ilegales.
La lógica del sistema productivo y de mercado nos ha indicado durante infinidad de ocasiones que a medida que se incrementa la demanda de trabajadores, la oferta decrece, y por lo tanto, ¡oh maravilla!, los precios de los salarios se incrementan. En los últimos 20 años, en nuestro país, en el “boom” de la maquila textil, era más difícil encontrar barata la mano de obra, porque muchas de las personas se empleaban en este sector. A medida que este sector ha sido atacado por diversas formas de incremento de los costos, entre ellas el salario mínimo, y que muchas de estas empresas ya no están en nuestro país, la mano de obra se abarató, y aún se puede encontrar mano de obra más calificada para sectores donde no es tan necesaria. De dicha cuenta, hay albañiles que estudiaron perito contador, o maestras empleadas como servicio doméstico o meseras.
Pero, la inmoralidad del decreto de salarios mínimos, que aparte de ser uno de esos regalos de Navidad que nadie agradece, como los de la tía abuela que te da un par de calcetines de colores extravagantes, y que para el presidente de la República es quedar mal con todos, porque sube por decreto (me recuerda a aquellos alumnos que ganaron el año por decreto, una de aquellas veces que estaban en huelga, y luego nadie los quería emplear o recibir en las universidades), pero nunca lo suficiente según los sectores que pelean por el incremento, y que afecta los costos de producción, y que de veras, no gana ningún voto, ni porcentaje de popularidad, viene por un factor que nos aleja de la verdad y la confianza. En muchos lugares, los empleadores no podrán abandonar algunos de los proyectos productivos que poseen, como en la agricultura, generando el desempleo anunciado, sino que “pactarán” con los empleados, a razón de la amenaza de quedarse sin empleo, de documentar los salarios como pagados legalmente, aunque la paga efectiva este por debajo de los legal. Allí se destruye el tejido social y moral, porque el patrono miente, y el trabajador se siente abusado, y por razones de hambre, debe aceptar algo ilegal.
Por supuesto que los salarios son bajos y debieran subir. Por supuesto que pagar por debajo del salario mínimo es ilegal. Pero también es inmoral que el gobierno se meta a fijar un precio, como si fuera fijar los precios de los productos que están en el mercado. Pero es más inmoral obligar a una gran parte de la población a salirse de la legalidad, con la excusa de una medida antieconómica y populista. Si los gobiernos de veras quieren hacer algo bueno por sus habitantes, deben concentrarse en lograr las medidas que permitan la creación de más y mejores empleos en el país.
@josekrlos

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo