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Blanca Stalling Dávila, la más cuestionada de la CSJ

Eder Juarez
11 de enero, 2017
Esta nota fue publicada originalmente el 17 de septiembre de 2016
Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de 60 años de edad, es una abogada y notaria con 19 años de experencia que llegó obtuvo 89 putos en la comisión de postulación para integrar la Corte

Se graduó de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC, 1995). Tiene una maestría en Políticas Púbicas de la Universidad Rafael Landívar (2011) y un doctorado en Derecho Constitucional, pendiente de examen de defensa de tesis, de la Universidad Mariano Gálvez (UMG).

De 1996 a mediados de 1997 fungió como asesora en la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la gestión del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, cargo que dejó para ingresar por primera vez en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Inició en el Instituto como defensora pública de planta, del 16 de junio de 1997 al 15 de junio de 1998. Luego ascendió a subdirectora Administrativa Financiera y, para octubre de 1999, era Subdirectora general del IDPPP, cargo que tuvo hasta el 16 de agosto de 2002. Al mismo tiempo se desempeñó como Secretaria del Consejo de la institución, de septiembre 1998 hasta agosto de 2002.

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Luego, a partir de agosto de 2002, Stalling Dávila tuvo un paso de 17 meses por el Ministerio Público (MP), fungiendo como Secretaria Específica, Fiscal Especial y luego asesorando al despacho del Fiscal General, Juan Luis Florido, a cargo de la coordinación interinstitucional, según el informe “Los 13 ungidos por el Congreso”.

De vuelta a la defensa pública

Del MP saltó a la dirección general del IDPP, siendo electa por el Congreso de la República el 5 de agosto de 2004 como titular de la institución.

Al final de su primera gestión, a pesar de los señalamientos de clientelismo, nepotismo y malos manejos hechos por diferentes organizaciones sociales, fue reelecta con el apoyo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la  Gran Alianza Nacional (Gana), el Frente Republicano de Guatemalñteco (FRG) y el partido Libertad Democrática Renovada (Lider).

En su segundo nombramiento, en el camino quedaron José Gustavo Girón Pallés y Carlos Ramiro Coronado Castellanos, quienes tenían mejores puntuaciones en los exámenes de la comisión. Stalling recibió objeciones hasta de sus propios empleados, tenía 29 puntos de 100 posibles y fue la única de los tres candidatos que no fue votada por unanimidad en la comisión postuladora.

Sus dos gestiones al frente del IDPP estuvieron siempre bajo la queja eterna de la falta de recursos financieros y humanos para funcionar adecuadamente, más después de las reformas al Código Procesal Penal (CPP) en 2010 y 2011.

[quote_center]Según sus estadísticas, los defensores públicos representaban al 80 % de sindicados y eran “la cenicienta” del sistema judicial.[/quote_center]

Aunque a finales de julio Stalling Dávila seguía defendiendo su mandato al frente del Instituto de Defensa Pública Penal, terminaba en diciembre de 2015, su nombre ya sonaba como una de las candidatas fuertes del Partido Patriota (PP) a ocupar una magistratura de la Corte Suprema de Justicia.

No era la primera vez que sonaba en el ambiente de las postuladoras, ya en marzo pasado se hablaba de que aspiraría a remplazar a Claudia Paz y Paz como Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP).

[quote_center]Stalling fue una dura crítica de la gestión de Paz y Paz, a quien acusaba de no haberse centrado en lo delitos comunes, los que llamaba “delitos de a pie”.[/quote_center]

Para muchos, Stalling jugó un papel importante reclutando votantes para las elecciones en las que intervienen abogados. Por ejemplo, aumentó los beneficios de la indemnización universal para empleados contratados bajo los renglones 011 y 022 hasta con 10 salarios mensuales para aquellos con una antigüedad de un año o más, aprobada en marzo de 2009, ganando adeptos de acuerdo con el citado informe.

Supuestos patrocinadores

La vinculan de tener cercanía con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, desde hace más de una década, y con Vladimir Aguilar, magistrado electo, a quien habría dado su apoyo y el de los abogados del IDPP cuando éste buscaba una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, en marzo de 2011.

En ultimó año ha sido cuestionada por la participación de varios miembros de su familia en actos de corrupción, lo que a consideración de las organizaciones de la sociedad civil no la hacen una profesional idónea para ser parte de la CSJ.

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Eder Juarez
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Esta nota fue publicada originalmente el 17 de septiembre de 2016
Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de 60 años de edad, es una abogada y notaria con 19 años de experencia que llegó obtuvo 89 putos en la comisión de postulación para integrar la Corte

Se graduó de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC, 1995). Tiene una maestría en Políticas Púbicas de la Universidad Rafael Landívar (2011) y un doctorado en Derecho Constitucional, pendiente de examen de defensa de tesis, de la Universidad Mariano Gálvez (UMG).

De 1996 a mediados de 1997 fungió como asesora en la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la gestión del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, cargo que dejó para ingresar por primera vez en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Inició en el Instituto como defensora pública de planta, del 16 de junio de 1997 al 15 de junio de 1998. Luego ascendió a subdirectora Administrativa Financiera y, para octubre de 1999, era Subdirectora general del IDPPP, cargo que tuvo hasta el 16 de agosto de 2002. Al mismo tiempo se desempeñó como Secretaria del Consejo de la institución, de septiembre 1998 hasta agosto de 2002.

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Luego, a partir de agosto de 2002, Stalling Dávila tuvo un paso de 17 meses por el Ministerio Público (MP), fungiendo como Secretaria Específica, Fiscal Especial y luego asesorando al despacho del Fiscal General, Juan Luis Florido, a cargo de la coordinación interinstitucional, según el informe “Los 13 ungidos por el Congreso”.

De vuelta a la defensa pública

Del MP saltó a la dirección general del IDPP, siendo electa por el Congreso de la República el 5 de agosto de 2004 como titular de la institución.

Al final de su primera gestión, a pesar de los señalamientos de clientelismo, nepotismo y malos manejos hechos por diferentes organizaciones sociales, fue reelecta con el apoyo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la  Gran Alianza Nacional (Gana), el Frente Republicano de Guatemalñteco (FRG) y el partido Libertad Democrática Renovada (Lider).

En su segundo nombramiento, en el camino quedaron José Gustavo Girón Pallés y Carlos Ramiro Coronado Castellanos, quienes tenían mejores puntuaciones en los exámenes de la comisión. Stalling recibió objeciones hasta de sus propios empleados, tenía 29 puntos de 100 posibles y fue la única de los tres candidatos que no fue votada por unanimidad en la comisión postuladora.

Sus dos gestiones al frente del IDPP estuvieron siempre bajo la queja eterna de la falta de recursos financieros y humanos para funcionar adecuadamente, más después de las reformas al Código Procesal Penal (CPP) en 2010 y 2011.

[quote_center]Según sus estadísticas, los defensores públicos representaban al 80 % de sindicados y eran “la cenicienta” del sistema judicial.[/quote_center]

Aunque a finales de julio Stalling Dávila seguía defendiendo su mandato al frente del Instituto de Defensa Pública Penal, terminaba en diciembre de 2015, su nombre ya sonaba como una de las candidatas fuertes del Partido Patriota (PP) a ocupar una magistratura de la Corte Suprema de Justicia.

No era la primera vez que sonaba en el ambiente de las postuladoras, ya en marzo pasado se hablaba de que aspiraría a remplazar a Claudia Paz y Paz como Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP).

[quote_center]Stalling fue una dura crítica de la gestión de Paz y Paz, a quien acusaba de no haberse centrado en lo delitos comunes, los que llamaba “delitos de a pie”.[/quote_center]

Para muchos, Stalling jugó un papel importante reclutando votantes para las elecciones en las que intervienen abogados. Por ejemplo, aumentó los beneficios de la indemnización universal para empleados contratados bajo los renglones 011 y 022 hasta con 10 salarios mensuales para aquellos con una antigüedad de un año o más, aprobada en marzo de 2009, ganando adeptos de acuerdo con el citado informe.

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La vinculan de tener cercanía con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, desde hace más de una década, y con Vladimir Aguilar, magistrado electo, a quien habría dado su apoyo y el de los abogados del IDPP cuando éste buscaba una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, en marzo de 2011.

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