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Caso Registro de la Propiedad: otros dos son enviados a prisión

Eder Juarez
16 de enero, 2017

Alma Verónica Barrios Moreno, extrabajadora del Registro General de la Propiedad (RENAP), fue ligada a proceso penal por el delito de peculado por sustracción y Randy Gómez Pérez, a los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica por el caso conocido Botín en el Registro de la Propiedad.

El Ministerio Publico por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI) en la audiencia de primera declaración realizada en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, manifestó que Barrios Moreno contrató el servicio de una empresa de alimentos los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, y avaló el pago de Q899 mil 975 para servir 40 desayunos, 40 refacciones y 40 almuerzos, sin embargo, el pedido nunca se despachó.

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Según las investigaciones en diciembre del mismo año, la sindicada también autorizó la compra directa de 230 pavos, 235 piernas y 583 canastas navideñas valoradas cada una en Q.365 supuestamente para los empleados de la Institución, pero no fueron entregados.

En el caso de Gómez Pérez la Fiscalía lo señala de la contratación de tres Instituciones del Estado a las cuales nunca se presentó a laborar, pero recibió la suma de Q250 mil 200. Durante las investigaciones de la Fiscalía se determinó que los ilícitos que fueron cometidos en el año 2013, tenía contrato de trabajo en el Registro General de la Propiedad, Dirección General de Migración y el Fondo Nacional para la Paz, donde recibió un salario mensual de Q12 mil en cada Institución.

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El Ministerio Publico por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI) en la audiencia de primera declaración realizada en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, manifestó que Barrios Moreno contrató el servicio de una empresa de alimentos los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, y avaló el pago de Q899 mil 975 para servir 40 desayunos, 40 refacciones y 40 almuerzos, sin embargo, el pedido nunca se despachó.

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En el caso de Gómez Pérez la Fiscalía lo señala de la contratación de tres Instituciones del Estado a las cuales nunca se presentó a laborar, pero recibió la suma de Q250 mil 200. Durante las investigaciones de la Fiscalía se determinó que los ilícitos que fueron cometidos en el año 2013, tenía contrato de trabajo en el Registro General de la Propiedad, Dirección General de Migración y el Fondo Nacional para la Paz, donde recibió un salario mensual de Q12 mil en cada Institución.

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