Esta semana tuvimos dos hechos lamentables. Uno fue el ataque a una hidroeléctrica en Huehuetenango, con saldo de un fallecido. El otro, el supuesto asesinato de una habitante de San Rafael las Flores, quien dicen era “defensora de la tierra”.

Primero, lamento mucho ambas muertes, y  cualquiera otra que se dé en condiciones de violencia, protesta, asaltos, extorsiones.

¿Se pudieron evitar? Seguramente que sí, en especial la de Huehuetenango. Se dio en medio de una trifulca ocasionada por revoltosos que se infiltraron en una marcha pacífica, en contra de la hidroeléctrica que se está construyendo allí. La otra, aún no hay información al momento de escribir este artículo.

Una clásica acción socialista es tener un muerto. Así de horrible. Lo “generan” de alguna forma, pues les sirve para victimizarse y acusar a la empresa que desarrolla el proyecto de inversión, de haber cometido el asesinato. ¿Para qué? Para conseguir dinero que usarán para pagar abogados y para continuar “defendiendo” la tierra, los derechos indígenas, el ambiente, a los LGTB, a las mujeres, las tierras ancestrales, los lugares sagrados, y un largo etcétera.

El nombre del juego es dinero. Siempre. Y el dinero da poder…de compra: de voluntades, favores, primeras planas a nivel internacional. Y alimenta las luchas de otros en países lejanos y cercanos.

Esas muertes también ayudan a justificar organizaciones cuasi guerrilleras como naciones unidas (en minúsculas, a propósito) y muchas otras. Allí les encantan los resarcimientos, sangrando al sector privado que es quien paga sus jugosos salarios, por medio de los impuestos que reciben los gobiernos.

Un muerto más alimenta la necesidad de continuar con la lucha. Hasta que haya otra trifulca, otra afrenta a los proyectos de inversión y desarrollo y sí, otro muerto.

Nuestros gobernantes, actuales y pasados, protegen a algunos (o muchos) de estos grupos. Consiguen el apoyo de éstos para que los vitoreen cuando los necesiten. Pero no se dan cuenta que lo harán hasta conseguir lo que quieren: dinero, poder y más dinero. En palabras de María Fernanda Cabal: nuestros gobernantes aceitan la guillotina con la que les cortarán la cabeza después.

Las cortes han cedido a los deseos de estos grupos, y han suspendido licencias a proyectos que ya estaban funcionando. Violan el mismo convenio 169, que no dice en ninguna parte, que esto se puede hacer. Por ideología, quieren destruir a las empresas. Sí, las dejan en problemas por los compromisos bancarios que seguramente tienen. Pero los ilustres magistrados dejan en la calle a cientos de empleados que habían visto, finalmente, luz al final de su túnel de pobreza y su desarrollo. Gracias magistrados.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo