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Botín Registro de la Propiedad: MP impugna decisión de jueza

Eder Juarez
23 de enero, 2017

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, una impugnación a la resolución emitida por la jueza Silvia de León, al decretar falta de merito por el delito de lavado de dinero contra Samuel Evarardo Morales, hermano del presidente Jimmy Morales y de Mario Orellana, padre de la exnovia del hijo del presidente.

De León decidió ligarlos a proceso penal solo por el delito de fraude, pero el MP considera que sí existió el delito de lavado.

Según las investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del 5 de noviembre al 9 de diciembre del 2013, el Registro de la Propiedad contrató tres eventos; dos por dotación de alimentos y uno por la compra de canastas navideñas lo que significó un gasto de Q269, 933.00.  Sin embargo las actividades no se llevaron a cabo y lo obsequios se obtuvieron mediante un proceso con irregularidades, según la pesquisa.

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El MP indica que en las tres actividades participaron autoridades de mandos medios del Registro General de la Propiedad. Según el ente investigador los hechos eran conocidos y tenían el consentimiento de las autoridades superiores, que sabían que dichas actividades no se realizarían y que en la compra de las canastas navideñas no se siguieron los pasos que dicta la ley.

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De León decidió ligarlos a proceso penal solo por el delito de fraude, pero el MP considera que sí existió el delito de lavado.

Según las investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del 5 de noviembre al 9 de diciembre del 2013, el Registro de la Propiedad contrató tres eventos; dos por dotación de alimentos y uno por la compra de canastas navideñas lo que significó un gasto de Q269, 933.00.  Sin embargo las actividades no se llevaron a cabo y lo obsequios se obtuvieron mediante un proceso con irregularidades, según la pesquisa.

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El MP indica que en las tres actividades participaron autoridades de mandos medios del Registro General de la Propiedad. Según el ente investigador los hechos eran conocidos y tenían el consentimiento de las autoridades superiores, que sabían que dichas actividades no se realizarían y que en la compra de las canastas navideñas no se siguieron los pasos que dicta la ley.

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